La gran empresa y las administraciones retrasan más el pago a pymes y autónomos
El plazo medio de pago entre compañías se sitúa en 67 días, 7 días más del plazo legal, y el de las administraciones, en 70, más del doble de lo establecido en la normativa
BarcelonaEl pago de las grandes empresas y las administraciones no solo no mejora, sino que además empeora. El año pasado, el 85% de las compañías más grandes superó en siete días el plazo legal de pago entre empresas, hasta 67 días. Y las administraciones lo multiplicaron por más de dos, al situarse en 70 días, en lugar de los 30 establecidos en la normativa, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que agrupa a un millón de empresas y autónomos.
Según la nueva edición de el Informe sobre morosidad: estudio de plazos de pago en España 2025, tanto entre empresas como desde las administraciones, los plazos de pago superan los establecidos en la ley 15/2010, que fijaba en 60 días el pago entre empresas y en 30 el de las administraciones públicas. El empeoramiento por parte del sector público es especialmente grave, según el presidente de la plataforma —que lo es también de la patronal catalana Pimec— Antoni Cañete.
La cuestión es que es el segundo año consecutivo en que las administraciones pagan más tarde que las empresas, a pesar de que su plazo legal máximo es la mitad. De hecho, el sorpasso ya se produjo en 2024, cuando el período medio de pago del sector público fue de 67 días, frente a los 64 del sector privado, un hecho que no se producía desde 2014.
En el ámbito público, los mayores retrasos se producen en las administraciones locales. Un 55% de los encuestados lo afirman. Después son las comunidades autónomas y organismos regionales, con el 26%, y la administración central, con el 19%.
Ejemplaridad del sector público
Cañete reclama una actuación urgente y exige ejemplaridad al sector público. En este sentido, recuerda que la Comisión Europea lleva años presionando a España por los retrasos en los pagos por parte de las administraciones. Bruselas incluso abrió un procedimiento formal de infracción en 2015 y, aunque ha habido numerosas advertencias, no se han impuesto sanciones. El estudio destaca que en el ámbito privado, las grandes empresas son las que peor comportamiento mantienen, como ya afirmó el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, a finales del año pasado durante su visita a Pimec.
El informe afirma que la situación se agrava aún más en el caso de la subcontratación, con 87 días de plazo medio de pago por parte de los contratistas principales. Cañete afirma que hace tiempo que la cadena de pagos al sector público "continúa asfixiando a pymes y autónomos" y asegura que esta cadena está "mal controlada". Además, denuncia la existencia de condiciones abusivas en los contratos o acuerdos comerciales, tanto públicos como privados, con la imposición de plazos de pago superiores a los permitidos por la ley.
En todo caso, la ratio de morosidad, entendida como el porcentaje de impagos sobre el total de facturación, se situó en 2025 en el 3,3%, por debajo del 5,2% de 2024. Es un descenso en paralelo al de la morosidad bancaria. La plataforma insiste en la necesidad de aprobar un reglamento que incluya sanciones por los retrasos e impagos, que continúa en fase de debate en el Consejo Europeo.