La herencia envenenada de Montoro en Hacienda
El Estado estima que las sentencias contrarias por medidas del exresponsable tributario suponen un coste de más de 11.000 millones
BarcelonaCristóbal Montoro, el ministro de Hacienda más longevo de la historia –ocupó el cargo con José María Aznar de presidente del 2000 al 2004 y con Mariano Rajoy del 2011 al 2018), está imputado junto a 27 personas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, su supuesta relación con altos cargos con el despacho que él mismo fundó, Equipo Económico.
Pero, además de ahorrar a grandes empresas millones de euros a través de su influencia en la legislación tributaria, dejó un legado de normas impositivas invalidadas con posterioridad en todo o en parte por los tribunales, que suponen y supondrán un mordisco gigantesco a los ingresos públicos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha calculado que el coste por sentencias judiciales adversas de las que se ha tenido que hacer cargo el Estado entre 2014 y 2023 es de unos 1.000 millones de euros anuales.
Los particulares tienen la opción de aceptar las herencias a beneficio de inventario, es decir, sin quedar obligados a pagar las deudas y demás cargas del legado, sino hasta dónde lleguen los bienes de ésta. Pero esto no puede hacerlo la hacienda pública, que debe hacerse cargo de las pifias y errores aunque provengan de anteriores gobiernos. Las estimaciones del ministerio de Hacienda elevan a más de 11.000 millones de euros el coste de estos reveses judiciales. Y los tribunales están dando la razón a las empresas afectadas acogiéndose, por ejemplo, a una sentencia del Tribunal Constitucional de enero del pasado año que declaraba inconstitucionales preceptos establecidos en un real decreto ley del 2016 que reformaba el impuesto de sociedades y que limitaba la compensación de las bases imponibles negativas o la aplicación de las deducciones por doble.
El gobierno español, que aplicó unas modificaciones el pasado diciembre para evitar mayores problemas futuros, calcula que esto le puede costar más de 2.800 millones. De hecho, numerosas sentencias de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional a favor de compañías del Ibex así lo revelan. Una de estas resoluciones significó la devolución a Telefónica de más de 1.300 millones, 790 por cantidades pagadas de más en los ejercicios de 2008 a 2011 y 526 por intereses de demora. Orange (hoy MasOrange) calcula que le deben devolver 180 millones y Mapfre, 100.
Pero no es el único caso. También hay tirones de orejas por parte de la justicia europea (TJUE), como con el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos del 2013 al 2018, que invalidó a razón de una consulta del Tribunal Supremo. Se había creado en 2012 y fue derogado en 2019 y cambiado por otro esquema dentro de la financiación autonómica. El coste, en este caso, lo estima Hacienda en unos 5.800 millones. Y fue también la justicia europea la que declaró "desproporcionadas" las sanciones previstas por incumplir la declaración de bienes en el extranjero impuesta en el 2012 a través del impreso 720, que alcanzaban el 150% del valor de los bienes. En ese caso, el impacto sería de unos 230 millones.
También el Tribunal Supremo tumbó una de las medidas de la etapa de Montoro como ministro de Hacienda. En concreto, invalidó el canon hidráulico por el uso de las aguas continentales para producir energía, que se cobró en 2015 de forma retroactiva a las eléctricas por los ejercicios de 2013 y 2014. El coste de este revés judicial asciende a 1.907 millones.
Coste de imagen
Además ha habido otros tirones de orejas que no han tenido impacto económico pero sí de imagen. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2017 que invalidaba la amnistía fiscal aplicada cinco años antes, aprovechada incluso por algunos pesos pesados de la política como el que fue todopoderoso vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato.
La resolución judicial, que rechazaba el uso de un decreto ley por una medida de este tipo, promovido por un recurso del grupo socialista, no tendría de todos modos incidencia para la mayoría de los 30.000 beneficiarios, que podían apuntarse a cambio del pago de un 10%. Afloraron unos 40.000 millones de euros, pero Hacienda solo logró ingresar 1.191 millones, el 3% del total, ya que buena parte del patrimonio declarado ya había prescrito.