La huella de las macrogranjas también llega a Catalunya

BarcelonaEn Catalunya, también. Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico The Guardian respecto al modelo de producción de carne español han encendido el debate sobre la ganadería intensiva y sus consecuencias económicas, ambientales y sociales. La primera discusión alrededor de las afirmaciones de Garzón fue sobre la definición de macrogranja, puesto que no se trata de un término oficial. Según la Directiva Europea de Emisiones Industriales, son macrogranjas aquellas explotaciones que tienen más de 40.000 aves de corral o 2.000 cerdos de crianza.

También están catalogadas como tales en la misma directiva las que superan la emisión de 10 toneladas de amoníaco al año o 100 toneladas de metano al año. En España, en estos casos están obligadas a declarar sus emisiones al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR). Una consulta a este registro apunta que en Catalunya hay más de 900 explotaciones que superan estos límites de contaminación. La entidad ecologista Greenpeace, con datos de 2019, reducía este censo de macrogranjas catalanas a 805. Según la ONG, Catalunya es responsable del 31% de emisiones de amoníaco de España. De hecho, y con datos del PRTR, Lleida es la primera provincia española en municipios que tienen al menos una macrogranja, con 127, y la segunda en porcentaje, con un 55%, solo por detrás de Huesca (55,5%).

Luis Ferrerim, responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace España, afirma que no es importante el número a partir del que una explotación se considera macrogranja, sino lo que representan: “Las macrogranjas son el máximo exponente de la ganadería industrial, son fábricas de carne, leche y huevos que quieren producir mucho, rápido y barato”. En este modelo productivo, los animales viven todo el año en establos, hecho que se diferencia del modelo de ganadería extensiva, en el que los animales pacen por el campo, y de la semiintensiva, en la que el ganado se alimenta entre un 15% y un 50% mediante el pastoreo, y el resto, por estabulación. 

Tradición de ganadería intensiva

En Catalunya, según los datos del departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, tanto las explotaciones de gallinas y pollos como de cerdos son casi el 100% intensivas. De los 70 millones de gallinas y pollos criados en Catalunya, 36 millones de ejemplares están concentrados en solo 92 explotaciones avícolas. Además, en el territorio catalán se producen más de 8 millones de cerdos, un 25% del censo del Estado, justo por debajo de Aragón, que es líder con un 26%. En el caso del sector vacuno, un 78% de la explotación es intensiva. Aun así, en las ovejas el porcentaje baja hasta el 53%, y en las cabras, hasta el 42,7%. 

Las autoridades europeas, españolas y catalanas tienen una legislación para limitar el número de reses por granja. Los crecimientos del porcino están regulados en el ámbito estatal y en aquellas zonas sensibles a la contaminación el número de reses quedó limitado durante cuatro años desde el mes de julio. En el caso del sector vacuno, el departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural ha propuesto limitar a un máximo de 600 vacas para las nuevas explotaciones, según el decreto de ordenación ganadera publicado en octubre. Elisenda Guillaumes, directora general de Agricultura y Ganadería, afirma que buscan “la compatibilización de la sostenibilidad económica, ambiental y social de las explotaciones agrarias de nuestro país”. 

Esta legislación actualiza la ya vigente en el marco europeo, que por ejemplo fija unos metros cuadrados mínimos de los que tienen que disponer los animales. “Nosotros como administración velamos para que se cumpla la normativa y abrimos expedientes sancionadores si no es así”, afirma Guillaumes. En este sentido, Rossend Saltiveri, responsable nacional del sector porcino de Unió de Pagesos, apunta que “los ganaderos son los primeros interesados en la salud y el bienestar de sus animales, porque un ganado más sano se traduce en más rendimiento”. También hay que tener en cuenta que más del 60% del PIB agrario depende de la ganadería. 

Para la entidad Greenpeace, la legislación actual no es suficiente, puesto que la industria agroalimentaria produce una gran cantidad de gases de efecto invernadero, como el amoníaco o el metano. De hecho, España está un 39% por encima del tope de emisiones de amoníaco establecidas por la Comisión Europea. También se produce una contaminación de las aguas a través de los nitratos. En Catalunya, 7 de cada 10 acuíferos están contaminados y por eso se han establecido moratorias en 68 municipios para limitar el crecimiento de las granjas. 

Ferrerim cree que estas moratorias tendrían que ser regionales, porque si no la actividad ganadera seguirá creciendo en los municipios donde no hay moratorias. Es más, plantea una solución más drástica: la reducción de las reses. “Siguiendo el modelo holandés, tenemos que hacer una transición justa, no podemos dejar de un día para el otro a los agricultores en la calle, y por eso hacen falta unos presupuestos”, concluye.