Menos impuestos para atraer a inversores: el gobierno español aprueba la ley 'start-up'

MADRID"Pondrá a España a la vanguardia en todo lo que es el impulso y la proyección de estas empresas y la atracción de talento". Así defendía este jueves la ministra de Economía, Nadia Calviño, la futura ley start-up, que llega, por fin, al consejo de ministros de este viernes. Una norma que el ecosistema emprendedor reclamaba desde hacía mucho tiempo. Después de la aprobación en el consejo de ministros, empezará el trámite parlamentario en el Congreso de Diputados y, posteriormente, en el Senado.

En términos generales, el proyecto de ley de apoyo a las start-ups, las empresas emergentes de base tecnológica con crecimiento rápido, establece reducciones fiscales, instrumentos de apoyo a la inversión y mecanismos para la atracción de talento. A pesar de que los cambios con el primer borrador del anteproyecto aprobado en verano son mínimos, después del proceso de audiencia pública, con las aportaciones del sector, la futura ley queda así:

Definición de empresa 'start-up'

La ley recogerá los elementos que definirán una empresa start-up. En un principio, el sector había criticado que la propuesta era demasiado limitada. Por un lado, se mantiene que serán aquellas empresas de nueva creación o con menos de cinco años de vida (en el caso de sectores como la energía, la industria y la biotecnología se amplía a siete años) con sede social en España. Y, como cambio, se amplía la ley a personas que hayan creado una o dos start-up antes, y no solo aquellas que lo hacen por primera vez.

Las compañías podrán obtener un "sello certificado" a través de una ventanilla única para optar a todos los incentivos fiscales y administrativos. Además, incluye que a lo largo del 2022 se cree una "oficina de emprendimiento" como única puerta de entrada para que empresas y trabajadores accedan a información y ayudas.

La ley mantendrá una definición para los "nómadas digitales" que será ampliable a algunos trabajadores autónomos y emprendedores "de alto nivel educativo o con experiencia laboral". Estos "nómadas digitales" serán aquellas personas que puedan trabajar en remoto y cambiar de residencia habitualmente. El proyecto de ley establecerá un régimen tributario específico para que puedan someterse al impuesto sobre la renta de no residentes y les otorgará un visado especial. En concreto, permitirá entrar y residir en España durante un máximo de un año mientras se trabaja como autónomo o para una empresa en cualquier lugar del mundo.

Beneficios fiscales

Tal como recogía el primer anteproyecto, se prevé una reducción del 25% al 15% del impuesto sobre sociedades para este tipo de empresas. La rebaja también se aplicaría a la renta de personas no residentes en España. Esta reducción, sin embargo, choca con la tendencia global que aconseja aumentar la tributación, sobre todo de las compañías.

Las ventajas fiscales que hasta ahora tenían los inversores también se extenderán a las aportaciones que hagan los propios emprendedores. Se mantiene un aumento de la cantidad deducible fiscalmente si se invierte en sociedades de nueva creación (de los 60.000 a los 100.000 euros el año), así como el tipo de deducción, que pasa del 30% al 50% (en un principio era solo hasta el 40%).

En cuanto a los stock options, pagos a los trabajadores en acciones de la propia empresa, se amplía de los 12.000 a los 50.000 euros (en un principio era hasta los 45.000 euros) el mínimo exento anual. Además, los trabajadores no tendrán que pagar impuestos al recibir estas acciones, sino cuando las vendan.

Simplificación administrativa

Para los inversores extranjeros no residentes no será necesario obtener el número de identificación para extranjeros (NIE), sino que con la obtención del número de identificación fiscal bastará. Las start-ups también disfrutarán de una exención de los aranceles notariales a la hora de llevar a cabo algunas acciones. Además, agilizará los trámites electrónicos en caso de que se quiera acabar con la actividad.

Con todo, los beneficios de la ley se acabarán en caso de que la empresa cierre, sea adquirida por una empresa no emergente o los beneficios superen los 5 millones de euros anuales.

Fuentes del ministerio de Economía explican que los cambios normativos serán "beneficiosos" para el conjunto de empresas start-ups que hay en España y que cifran en unas 10.000 sociedades. "El objetivo es que los inversores encuentren el mejor clima para invertir y favorecer, a la vez, el crecimiento de estas empresas", defienden las mismas fuentes.