El Supremo rechaza suspender los préstamos del Estado de 3.000 M€ a Indra y Escribano

MadridEl Tribunal Supremo ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara para que se suspendieran dos préstamos para programas especiales de modernización de armamento (PEM) de 3.000 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Indra Sistemas y Escribano Mechanical & Engineering (EM&M), según ha informado este lunes el alto tribunal.

En un auto, la sala de lo contencioso-administrativo rechaza la pretensión de Santa Bárbara sobre los préstamos mientras se resuelve el fondo del recurso que la empresa de armamento filial de General Dynamics tiene planteado. Entre otros argumentos, la sala basa el rechazo a la medida cautelar en el hecho de que los perjuicios alegados por Santa Bárbara "no pasan de ser una mera alegación sin prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del real decreto y los préstamos que se impugnan le puedan ocasionar perjuicios inminentes, y menos aún que estos sean de difícil reparación".

Los magistrados explican que no ha quedado acreditado que la continuidad de la empresa recurrente (Santa Bárbara), su posición actual en el mercado o los puestos de trabajo actuales puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a las empresas competidoras. Asimismo, destacan que Santa Bárbara, en abril de 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation y se convirtió en una filial de la multinacional norteamericana, que es una de las empresas líderes mundiales en fabricación y diseño en el sector de la defensa. "Difícilmente su continuidad como empresa o los puestos de trabajo actuales pueden considerarse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados", añade el escrito.

Además, Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes –Programa Actualización Vehículos Pizarro (PIZARRO-ACT)– por importe de 176 millones de euros concedidos por el real decreto 914/2025, de 14 de octubre. Por el contrario, el Supremo recuerda que existe "un relevante interés público" en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa, ya que constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea reducir la dependencia del abastecimiento exterior de suministros estratégicos y la puesta en marcha de industrias estratégicas que permitan una capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

Planificación militar

La suspensión cautelar de más de 3.000 millones de euros de financiación pública, correspondientes a los PEM, "no produciría un simple aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles". También comprometería directamente e inmediatamente la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico, añade la sala.

Ante este relevante interés público en la ejecución de los préstamos, "no se aprecian perjuicios irreparables para la empresa recurrente, ya que si bien la financiación de las compañías competidoras le genera la pérdida de la expectativa de ser el destinatario de esta financiación, este interés privado ni puede prevalecer sobre el interés público descrito ni superponerse al interés privado de las empresas beneficiarias, que resulta igualmente".