Enric Aragonès: Aumentar la oferta de vivienda sin cambiar las reglas es como intentar llenar una bañera sin ponerle un tapón

BarcelonaEnric Aragonès (Reus, 1991) llega directamente de trabajar —en un empleo que no tiene nada que ver con el activismo— al espacio de la sede central de la Universidad de Barcelona desde donde el Sindicato de Inquilinas organiza la huelga general del 11 de noviembre. Entre fotografía y fotografía, agradece que hagamos una entrevista en profundidad para discutir sobre la convocatoria a las puertas de las elecciones, en un mundo veloz en el que la actualidad acostumbra a ir a golpe de declaraciones.

¿Por qué han convocado una huelga por el derecho a la vivienda dirigida a empresarios que, en la mayoría de casos, no tienen nada que ver con el mercado residencial?

— El precio de la vivienda ha subido muy por encima de los salarios, pero también el de la alimentación y la energía. El coste de la vida es desmesurado, y tiene su origen en el acaparamiento y la especulación. La patronal sí que tiene muchos lazos con el rentismo y los fondos de inversión.

Las empresas también salen perjudicadas de la crisis de la vivienda. Por ejemplo, según Pimec, la mitad ha renunciado a ampliar la plantilla por culpa de las dificultades residenciales.

— Es curioso que algunos sectores no se exclamen hasta que no ven que esta fractura social les perjudica a ellos. Los mismos que alertan de los problemas que supone la crisis de la vivienda para la economía, después se opondrán a cualquier medida que recorte el beneficio del sector inmobiliario. No se puede pretender abordar la situación sin entender que es un conflicto: hay intereses contrapuestos. Hacer avanzar el derecho a la vivienda implica menos negocio.

¿La huelga por la vivienda es una huelga contra la propiedad privada?

— No, al contrario. Los propietarios de una vivienda forman parte de la mayoría a la que apelamos: queremos que estén en la huelga porque ven cómo se ha encarecido la cesta de la compra y cómo sus hijos no se pueden emancipar. La mayoría de propietarios tienen un inmueble y lo usan para vivir en él. Se parecen mucho más a un inquilino que no a los rentistas que acumulan pisos y compran edificios enteros para echar a la gente.

Por lo tanto, ¿tiene sentido que el Sindicato de Inquilinas ponga el acento en políticas para gestionar el parque que ya existe, como por ejemplo los topes, en lugar de focalizarse en exigir más oferta?

— Uno de los puntos de esta huelga es impulsar un gran parque público de viviendas. Ahora bien, aumentar la oferta sin cambiar las reglas del juego es como intentar llenar una bañera sin haber puesto un tapón antes. En determinados lugares puede ser necesario construir y rehabilitar, pero debemos asegurar que los pisos que se construyen sirvan para que haya alquiler asequible. En Barcelona se están construyendo pisos a precios prohibitivos y nada garantiza que se destinen al alquiler para la gente.

Partiendo de esta premisa, ¿los constructores y los promotores son el enemigo del Sindicato de Inquilinas?

— Depende de las prácticas que lleven a cabo. La pregunta no es si se debe construir o no, es a qué se destinan los pisos, tanto los que ya existen como los que se construyen. La asociación de promotores es la que, cuando entró en vigor la norma del 30% en Barcelona, dijo que en los edificios se tenían que poner dos puertas: una para los vecinos que vivieran en pisos a precio de mercado y otra en viviendas protegidas, para que no tuvieran que encontrarse.

La reserva del 30% ha permitido incorporar 156 pisos de protección oficial en Barcelona en cinco años, aunque la estimación inicial era que fueran 330 anuales...

— A la hora de ver qué resultados han tenido las políticas, debemos saber si hemos tenido gobiernos que las hayan aplicado. El 30% es un ejemplo flagrante de esto. Conocemos casos en los que es evidente que se debería haber aplicado y el Ayuntamiento no ha hecho nada para que fuera así. También lo vemos en la regulación de precios: han tenido que pasar dos años para que se hayan empezado a abrir algunos expedientes sancionadores.

Reivindicad que las casas son para vivir en ellas y no para especular. ¿Esto no atenta contra la propiedad privada?

— La propiedad privada está sometida a la función social de la vivienda. Esto no va contra quien tiene un piso para vivir en él. Tenemos una oferta secuestrada y una demanda inflada porque están compitiendo dos públicos: por un lado, gente que quiere los pisos para vivir en ellos, y, por otro, una minoría que los quiere para especular. Por tanto, prohibir la compra especulativa beneficia a la gente que quiere un piso para vivir en él.

Los gobiernos catalán y español no han cargado contra la huelga. ¿Es una crítica contra ellos?

— Descaradamente, sí. Yo cuestionaría mucho que la vean con buenos ojos. Ellos no se mueven hasta que la movilización les pasa por encima. No hacen nada hasta que no se ven obligados. Pedro Sánchez intentará surfear la situación haciendo como si, de alguna manera, esta huelga no fuera contra él. Pero es, entre otros, también contra el PSOE por cómo ha arrastrado los pies hasta ahora. No debemos perder de vista que al final esto pasa porque el PSOE tiene unos vínculos evidentes con el rentismo y con el sector inmobiliario.

En el gobierno español no solo está el PSOE.

— Evidentemente. El gobierno entero es el que ha arrastrado los pies con el tema. No olvidemos también que fue el gobierno del PSOE y Unidas Podemos el que llevó, por ejemplo, la regulación catalana de los alquileres al Tribunal Constitucional.

La huelga llega a las puertas de las elecciones generales y, en parte, se plantea contra lo que se autodefine como "el gobierno más progresista de la historia de la democracia española". En estas condiciones, ¿cuál sería un buen resultado para el Sindicato de Inquilinas?

— Queremos que los seis puntos que llevamos en el programa de la huelga general se apliquen, gobierne quien gobierne. Y, si no se aplican, la movilización continuará. El 11-N tenemos que demostrar que somos una mayoría social, no solo los inquilinos.

¿Hay partidos políticos que hayan llamado a la puerta del Sindicato de Inquilinas de cara a las elecciones?

— No. Te lo aseguro. Creo que ya lo han entendido, que no funcionará, y estoy muy orgulloso de ello. El sindicato no va de eso. Tenemos total independencia política y económica, nos sostenemos solo a base de las cuotas de la gente afiliada para no depender de ningún partido ni administración. El Sindicato de Inquilinas está muy blindado en este sentido.

¿Les preocupa que haya pillajes?

— Todos estamos a la expectativa; no terminamos de ver de dónde ha salido este fenómeno. Se me hace difícil hacer valoraciones sobre este tema. Pero es evidente que, para llegar a este punto, algo se ha roto antes. Hay que canalizar la frustración hacia las herramientas de lucha que tenemos, y es esto lo que haremos el 11-N.