El gobierno español mueve ficha: nuevas ayudas a inquilinos jóvenes y un reglamento contra el alquiler temporal

BarcelonaAl día siguiente de la manifestación masiva por la vivienda que congregódecenas de miles de personas en Madrid, el gobierno español ha movido ficha en materia de alquileres, el principal motivo de protesta de ayer por su precio cada vez mayor. Pero lo ha hecho poniendo en marcha dos iniciativas ya anunciadas anteriormente: una convocatoria de ayudas para jóvenes para pagar el alquiler y un reglamento para evitar fraudes en alojamientos turísticos y de temporada.

Lo han explicado este lunes desde lugares distintos el presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que también han expresado su comprensión ante la manifestación de ayer. En una conferencia en el marco de la jornada World in Progress de Prisa en Barcelona, ​​Sánchez ha dicho que si no se reacciona a tiempo la sociedad española acabará dividida en dos clases: "No quiero una España en la que haya propietarios ricos e inquilinos pobres" .

Sobre la primera medida, el gobierno español prevé aprobar mañana en el consejo de ministros la nueva convocatoria del bono de alquiler joven, dotada este año con 200 millones de euros, al igual que en las convocatorias de 2022 –cuando se agotaron en menos de 8 horas- y en 2023. Esta ayuda fija una prestación de un máximo de 250 euros al mes durante dos años para que los jóvenes de entre 18 y 35 años puedan pagar el alquiler. Esta nueva convocatoria quedó ratificada de forma unánime a principios de mes durante la Conferencia Sectorial de Vivienda, que contó con la presencia de los representantes de los gobiernos autonómicos. "A estos jóvenes hemos dirigido ayudas como estos 200 millones de euros, que esta semana llevaremos al consejo de ministros para que puedan ser ejecutados por las comunidades autónomas, a las que he pedido mayor celeridad y mejor gestión", ha dicho la ministra en una entrevista de TVE.

El otro anuncio del gobierno español ha sido la puesta en marcha de un nuevo reglamento para "evitar fraudes" en alojamientos turísticos y de temporada. Rodríguez ha explicado que su ministerio está preparando un real decreto que desarrolla un reglamento para evitar el fraude en los contratos de alquiler temporal, que estará listo antes de finalizar el año. Se trata de una iniciativa que la propia ministra ya avanzó este verano. "Seremos pioneros en el desarrollo de un reglamento europeo que ya nos mandaba regular este tipo de alojamientos que escapan del mercado de vivienda habitual, como son los alquileres turísticos, que también formarán parte de esta regulación", ha subrayado .

Medidas "insuficientes"

Sin embargo, la medida no satisface a su socio de gobierno, ya que el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ve "insuficiente" la reacción de la ministra Rodríguez, ni tampoco los Sindicatos de Alquiladoras de Madrid, entre los convocantes de la manifestación de ayer. Las voces críticas han advertido que el problema de acceso a la vivienda va más allá de los jóvenes y también que los propietarios acaban captando estas ayudas al inquilino subiendo el precio de los alquileres. De hecho, esa hipotética captación sólo sería posible en los territorios del Estado que no apliquen la limitación del precio del alquiler. Por el momento, la contención de rentas afecta a 271 municipios catalanes, y pronto también al pueblo vasco de Errenteria, ya que son los únicos de toda España que han sido declarados zona tensionada.

Por este motivo, Sánchez también ha pedido a todas las administraciones con competencias en vivienda que pongan de su parte, y ha exigido que se aplique la ley estatal de vivienda, porque ya "ha demostrado que funciona". El presidente socialista ha puesto el ejemplo de Barcelona y Cataluña, donde los precios han descendido un 5% desde que se aplicó el tope estatal. La ministra de Vivienda lleva días reclamando a las demás comunidades que apliquen la ley estatal, ante la negativa de algunas a hacerlo. La ministra primero ha amenazado con retirar fondos estatales, y después con premiar a los territorios que implementen la ley. En este sentido, Urtasun ve imprescindible "obligar" a todas las administraciones a aplicar el sistema de control de precios.