El ministerio de Consumo abre expediente a un portal inmobiliario por prácticas desleales

BarcelonaEl Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a un portal inmobiliario que opera en todo el Estado, sin desvelar cuál es, por "posibles prácticas comerciales desleales contra los consumidores y usuarios". Según una nota de este miércoles, la dirección general de Consumo inició esta investigación tras recibir una denuncia de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.

Las prácticas comerciales desleales con los consumidores constituyen una infracción administrativa conforme al artículo 47.1 del texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, que puede ser sancionada como infracción grave, con multas de hasta 100.000 euros o de entre 4 y 6 veces el beneficio ilícito obtenido. Es la primera vez que Consumo abre un expediente de este tipo por una infracción en la que apunta directamente a la plataforma, ya que otras veces se hizo por la información que los propietarios de las casas tenían en sus anuncios, recuerda la nota.

Nuevo decreto

Además, Consumo vigilará que los grandes portales inmobiliarios cumplan el primer real decreto ley de vivienda aprobado este martes en el consejo de ministros. El ministerio enviará en las próximas horas una circular a las grandes plataformas inmobiliarias para informarles de las nuevas obligaciones en materia de publicidad de pisos de alquiler que incorpora el real decreto ley, según la nota.

Consumo indica que se mantendrá vigilante para que las plataformas digitales incorporen la nueva normativa, que permite a los inquilinos disponer de una información más extensa al interesarse por una vivienda con la máxima rapidez posible. El artículo 20 de este real decreto ley establece que la oferta o la publicidad que publiquen deberá incluir, al menos, el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda y, si procede, la renta del último contrato de arrendamiento de vivienda habitual vigente en los cinco años anteriores.

Esto será obligatorio para los anuncios de vivienda en cualquier ciudad del país, independientemente de que el inmueble se ubique en una zona declarada como tensionada. Así, los inquilinos potenciales podrán conocer cuál es el precio de referencia para las administraciones de la vivienda que quieren alquilar, o la renta del último contrato.

Con esta información se podrá comparar el precio pedido por el propietario con el precio que se considera adecuado, y si se están realizando subidas respecto a los últimos inquilinos. También se deberá publicar el límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitación legal, como por ejemplo las zonas tensionadas, así como la condición de gran tenedor del arrendador.