Los inspectores de trabajo también amenazan con hacer huelga

MADRID“No se acabará con la temporalidad solo porque haya una reforma laboral”. Así de contundente se muestra Ana Ercorera, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y la Seguridad Social, a la hora de hablar de la situación que vive este colectivo de trabajadores. Ercorera asegura que la pandemia ha agravado una situación que desde hace años arrastra el colectivo: “Ni se aportan nuevos medios [materiales] al personal, ni hay suficientes efectivos para hacer todo el trabajo”, denuncia. 

España es uno de los países que menos inspectores de trabajo tiene por empleado: un funcionario por cada 15.000 trabajadores. En concreto, hay 858 inspectores y 994 subinspectores que se encargan de controlar todas las posibles irregularidades que puedan cometer empresas y administraciones públicas en materia laboral. Por otro lado, hay 924 trabajadores administrativos. Si la proporción se hace por centros de trabajo, a un inspector le tocan 1.459 empresas, y a un subinspector, 1.500 centros. La Organización Internacional del Trabajo recomienda que, como mínimo, los países tendrían que tener un inspector por cada 10.000 trabajadores y, de hecho, la media europea incluso se sitúa en un funcionario por cada 7.300 empleados, según datos de los sindicatos.

Además, a diferencia de algunos países del entorno, en el caso español se añade otra particularidad: solo existe la figura de inspector de trabajo o subinspector, que es quien se encarga de todas las competencias, mientras que en otros lugares hay inspectores de trabajo, de la seguridad social y de prevención. Las tareas del día a día de estos funcionarios van desde el control presencial a una empresa para ver las condiciones de trabajo –que cumplan las medidas de prevención y seguridad o detectar si hay sobrecarga de trabajo o fraude en la contratación– hasta investigar accidentes laborales, comprobar que se cumplen los planes en materia laboral o elaborar informes y supervisar expedientes como los ERTE.

"Tú no puedes transmitir [a la población] que acabarás con el fraude si no refuerzas a aquellos que lo tienen que perseguir", insiste Ercorera. El mensaje va dirigido al gobierno español y a la batería de normativas que está aprobando para blindar las condiciones laborales: el plan de igualdad salarial, el de actuación contra los golpes de calor en el trabajo, o el protocolo de choque para evitar la siniestralidad laboral, aprobado hace apenas una semana con más controles en sectores como el agrícola y el industrial. Todo ello, en un contexto en el que fruto de la pandemia "se han llegado a aprobar unas 200 normas extraordinarias en materia laboral" que han tenido que estudiar, añade esta inspectora, que destaca las diferentes prórrogas de los ERTE. Todo ello se convierte en una retahíla de normativas "muy exigentes y que cambian mucho" y requieren tiempo de estudio, apunta Ercorera.

La situación ha llegado a un punto en el que los sindicatos de la autoridad laboral han avisado al gobierno español de que "o cumple con los acuerdos firmados para reforzar al colectivo antes de finales del mes de marzo del año que viene, o convocarán una huelga". Sería la primera en toda la historia del organismo que englobaría a inspectores, subinspectores y personal administrativo. En concreto, los sindicatos pactaron con el ministerio de Trabajo un refuerzo de como mínimo 600 efectivos, a pesar de que apuntan que lo ideal sería tener 1.250 empleados más. Ese pacto, sin embargo, depende del visto bueno del ministerio de Hacienda y Función Pública, que los trabajadores aseguran que "lo está bloqueando".

Relevo generacional

"Más de uno se lo piensa a la hora de ser inspector de trabajo. Se convocan plazas y no se cubren. Antes teníamos 20 opositores por plaza, ahora solo 4,5", explica la inspectora. Aun así, también define estas oposiciones como "poco atractivas" por culpa de las condiciones laborales: a la dificultad del temario se añaden sueldos bajos o guardias entre semana que "ni se pagan ni se compensan", explica.

"Nos consta que la reposición de plazas a veces no llega a la oferta", dice Mikel. Él es un joven del País Vasco que después de aprobar los exámenes para ser inspector de trabajo está haciendo las prácticas en Madrid para poder trabajar. En una conversación telefónica con el ARA explica que no conoció esta figura profesional hasta el último curso de derecho. "Me interesaban los temas económicos y sociales, sobre todo el derecho laboral y tributario. Al principio quería ser inspector de Hacienda, pero después nos vinieron a hablar de los de trabajo y me entusiasmó más la idea por su función social", expone.

Coincide con Ana sobre las actualizaciones constantes en materia laboral. "El ámbito laboral y de la seguridad social suele sufrir reformas más frecuentes y esto afecta al estudio", explica Mikel, que añade que la gente suele tardar entre unos tres o cuatro años en sacarse las oposiciones. El perfil de personas con las que se ha topado haciendo las oposiciones son dos: jóvenes que han acabado la carrera o personas mayores que "quieren cambiar de profesión y optan por tener más estabilidad".

Cuando se abren nuevas plazas, los inspectores en activo tendrán preferencia a la hora de escoger el destino en caso de que se quieran mover. Después, les tocará a los futuros profesionales como él. A pesar de que no lo tiene del todo claro, tantea Catalunya. "Siempre quedan plazas libres", comenta.