Lafarge será juzgada por crímenes contra la humanidad por haber financiado al Estado Islámico

ParísDespués de un largo lío de recursos y decisiones judiciales durante más de cinco años, la justicia francesa ha confirmado que la cementera Lafarge, conocida como Holcim después de la fusión con la multinacional suiza en 2015, será juzgada por "complicidad en crímenes contra la humanidad" por sus actividades en Siria hasta el 2014. También por "financiamiento de grupo terrorista" y "poner en peligro la vida de terceros". Según las acusaciones contra la empresa, una de las más importantes en Francia, pagó entre 4,8 y 10 millones de euros a grupos armados sirios el 2013 y el 2014, entre los cuales el Estado Islámico, para poder mantener la actividad a la planta que tenía en la ciudad síriana de Jalabiya, al norte del país, la más importante del Próximo Oriente.

Lafarge había comprado y modernizado la fábrica con un presupuesto de 700 millones de euros y lo había puesto en marcha pocos meses antes del estallido de la guerra en Siria. El conflicto amenazaba la producción y la empresa decidió mantenerla a cualquier precio. Por eso presuntamente pagó millones para que los grupos terroristas que controlaban la zona aceptaran el tránsito de camiones y que los trabajadores pudieran entrar y salir libremente. Según el diario Le Monde, que destapó el caso, los jueces de instrucción acusan a Lafarge de haber pagado una tasa fija por la seguridad de los trabajadores y de las rutas de los camiones. También de comprar primeras materias a los grupos armados y se sospecha que vendía cemento al Estado Islámico en un momento en que estaba en vigor el embargo adoptado por la Unión Europea.

Los jueces de instrucción creen que la empresa era consciente que pagaba dinero a grupos terroristas. De hecho, los juzgues instructores no descartan que el dinero transferido al Estado Islámico fuera utilizado para financiar, por ejemplo, los atentados de París de noviembre del 2015 en que 130 personas murieron en la sala de conciertos Bataclan y en terrazas de cafés. Lafarge repatrió a los trabajadores franceses y extranjeros el 2012, pero dejó allí a los sirios. Finalmente, cerró la planta a finales del 2014, después de episodios de secuestros de trabajadores, liberados a cambio de dinero, y que un grupo de yihadistas entrara.

Uno de los peores crímenes económicos

"Es un paso más contra la impunidad de autores de los peores crímenes de actores económicos: hoy ya no es posible esconderse tras la ignorancia organizada", declaró el miércoles Joseph Breham, abogado de un centenar de extrabajadores sirios, después de la decisión de la justicia francesa de mantener la acusación de complicidad de crímenes contra la humanidad. La justicia ha decidido no retirar la acusación porque considera que la complicidad no es solo "la voluntad de participar o aprobar los crímenes", sino también el simple conocimiento del hecho de que grupos terroristas que cometen crímenes contra la humanidad se beneficien del dinero. La compañía, ahora en manos de Holcim, ha guardado silencio esta semana, pero en una de las últimas decisiones judiciales recordó que su imputación "no supone en ningún caso que Lafarge sea culpable".

Según Le Monde, juzgar a una empresa por este tipo de crímenes es una decisión "inédita" y podría afectar otras compañías que también habrían hecho negocios con el Estado Islámico. El diario también sugiere que el ministro de Asuntos Extranjeros francés de la época, Laurent Fabius, podría acabar imputado si se demuestra que estaba al corriente de los pagos de Lafarge a los grupos armados. Durante la etapa de instrucción, Fabius compareció ante los jueces como testigo.

En Catalunya, Lafarge Holcim también tiene problemas con la justicia por irregularidades administrativas relacionadas con la licencia ambiental de la planta de Montcada y Reixac. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló en octubre la última licencia y el febrero pasado instó al Govern a preparar el cierre de la fábrica. La medida está aplazada a la espera de que se resuelva el último recurso presentado por la multinacional.