Francia sufre por la deuda pública

BarcelonaFrança vuelve a ser a ojos del mundo el enfermo de Europa. No es ninguna novedad en un país marcado históricamente por la conflictividad laboral, los escándalos políticos, las derrotas militares y crisis de todo tipo, pero a la vez no es una buena noticia que, al clima actual de protestas de estudiantes y ambiente preelectoral marcado por el auge de la extrema derecha, se añadan ahora temores por la viabilidad de las finanzas públicas del país.

En octubre de hace un año, un bono a diez años francés pagaba un interés del 2,9%. Hoy paga un 4,8%. Este encarecimiento de la deuda es la respuesta de los mercados a una situación de las finanzas públicas que parece, al menos sobre el papel, complicada de sostener a largo plazo.

Francia es el tercer país más endeudado de la zona euro. El volumen total de su deuda es del 117% del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide el tamaño de una economía), una cifra superada solo por Grecia e Italia. Y desde la creación del euro en 1999, el gobierno siempre ha tenido déficit; es decir, cada año ha gastado más de lo que ha ingresado. De todos estos ejercicios, solo en tres el déficit ha sido inferior al 3% del PIB, la cifra máxima que marcan los tratados de la Unión Europea.

El problema, sin embargo, no es solo de cifras, sino de las causas de esta deuda. El Estado francés "tiene un gasto rígido muy alto", concentrado en gran parte en "programas muy difíciles de recortar de hoy para mañana", tales como pensiones, salarios públicos o gasto sanitario, explica Joan Ribas, profesor de economía de la Universidad Pompeu Fabra. De hecho, los gastos del gobierno alcanzan el equivalente al 56% del PIB, una cifra mucho más alta que la mayoría de economías desarrolladas. Cabe añadir, en este sentido, que la fuerte "fragmentación política" dificulta la posibilidad de grandes pactos de estado para reformar ciertos programas públicos e, incluso si se llegaran a alcanzar, "el riesgo de no ejecución" de estos acuerdos continuaría siendo alto fruto de la gran variedad de formaciones con ideologías contrapuestas.

Este elevado endeudamiento, sumado a la evidente incapacidad de recortar gastos, es lo que inquieta a los inversores y explica que el 4,8% que paga hoy Francia supere lo que pagan economías a priori más pequeñas y menos productivas, como España, donde el interés de los bonos a diez años es del 4%. Tampoco ayuda en nada el esclerótico crecimiento económico de Francia desde el final de la pandemia: mientras el déficit ha superado el 5% cada año entre 2023 y 2025, el crecimiento de la economía no ha llegado al 2%. "Es como la nómina y la hipoteca, es un problema de magnitud", comenta Ribas: una familia puede deber más dinero al banco que sus vecinos, pero si a la vez sus miembros también tienen sueldos mucho más altos, es posible que pase más dificultades la familia que debe menos dinero.

Una hipotética cancelación de deuda

¿Qué soluciones tiene Francia ahora mismo? Por la izquierda, el candidato de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, propone que el Estado francés cancele el 18% del total de deuda pública del país que actualmente se encuentra en manos del Banco de Francia –que es un organismo público–, un plan que cuenta con el apoyo del exbanquero Matthieu Pigasse, uno de los principales asesores económicos del partido. Si se llevara a cabo, esta medida recortaría en unos 600.000 millones de euros la deuda total del conjunto de administraciones públicas galas, que hoy es de unos 3,59 billones de euros, según datos oficiales del Insee, el instituto estadístico francés. Esta reducción, argumentan sus partidarios, supondría un alivio para las finanzas públicas del Estado y, por tanto, comportaría una caída de los intereses que paga actualmente el gobierno francés por endeudarse, ya que el riesgo de impago sería menor por el simple hecho de deber menos dinero.

Ahora bien, esta medida no está bien vista por todos los economistas. "Cancelar la deuda en manos del Banco de Francia es una ilusión financiera", dice Ribas, que comparte parecer con el francés Olivier Blanchard –reputado execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI)– en que los beneficios serían inferiores a los problemas que causaría la medida. En concreto, Blanchard cree que las ganancias para el Estado francés serían cero, porque lo que se ahorraría en intereses el gobierno acabaría siendo igual que las ganancias que obtiene el Banco de Francia cobrando aquellos mismos intereses, y tanto gobierno como banco central forman parte del entramado institucional del Estado.

Además, el ministro de finanzas, Roland Lescure, fue también muy duro con la idea, ya que considera que dañaría la reputación financiera del país. "Cancelar la deuda equivale a decir que no pagaremos a las personas a quienes debemos dinero. Detrás de la deuda hay ahorradores, seguros de vida y bancos. Si dices «la cancelamos», destruyes la confianza", declaró este pasado agosto, cuando Mélenchon hizo su propuesta.

Otra cuestión a tener presente es que el plan de cancelar la deuda es, ya de entrada, inviable legalmente, porque el Banco de Francia forma parte del Eurosistema, la red de bancos centrales de países que comparten el euro como moneda, y que tiene en la cúspide al Banco Central Europeo (BCE), que manda sobre el resto. Los mismos tratados que establecen el euro como moneda común de la UE dejan claro que el Eurosistema no puede financiar directamente a los gobiernos comprándoles bonos y cancelándolos; un hecho, por otra parte, habitual en la mayoría de las economías del mundo desde los años 80 y 90.

El papel del BCE

Ahora bien, independientemente de la viabilidad legal y financiera de una cancelación de la deuda francesa por parte del banco central, hay un elemento que es innegable: los intereses de los bonos franceses —como los de cualquier país— evolucionan por encima de todo en función de cómo lo hacen los intereses que marca el banco central. Aunque otros factores, tanto internos como externos, pueden intervenir en el coste final que paga un gobierno, la norma general es que el banco central tiene mucho poder para decidir hacia dónde se mueven los intereses de la deuda soberana.

El caso de Francia, como el del resto de estados de la Eurozona, no es una excepción, como muestra el gráfico adjunto. El momento en que más claro se ve es durante la pandemia: con los confinamientos de 2020, Francia y el resto del mundo entraron en una recesión muy severa que impactó en dos aspectos: por una parte, la actividad económica estaba bajo mínimos y, por tanto, también la recaudación de impuestos. Por la otra, el gobierno gastaba más que nunca, con rebajas fiscales enormes para ayudar a las empresas y con programas similares a los ERTE españoles para garantizar que los trabajadores que se tenían que quedar en casa tenían unos ingresos y la economía no colapsaba del todo.

En aquellos momentos de máxima tensión para las cuentas públicas y con la peor recesión en un siglo, Francia pagaba un interés negativo por sus bonos. Es decir, cobraba por endeudarse. Esto era fruto de dos políticas del BCE: la primera, que el banco central dejó los tipos de interés básicos en negativo para facilitar el crédito a la economía y, la segunda, porque aumentó su programa de compra masiva de bonos de los estados miembros, lo cual mantenía alta la demanda y, por tanto, bajos los intereses de las nuevas emisiones de deuda por parte de gobiernos como el francés.

La diferencia entre hace seis años y el momento actual es que, ahora, el BCE se ve obligado a subir los tipos para frenar la inflación causada por la guerra en Irán y, además, hace años que ha cancelado los programas de compra de bonos, por lo que no interviene en los mercados como sí lo hizo durante los años del covid. Y como había hecho también durante los últimos años de la crisis de deuda en la zona euro.

Es por eso, pues, que, además de las reformas que pueda hacer el gobierno francés para aligerar la carga de su deuda pública, las autoridades francesas tienen que esperar que un eventual cambio de política del BCE quite presión a los bonos franceses, aunque ahora mismo no parece que el organismo monetario tenga previsto cambiar de rumbo en un futuro próximo.