Crisis de precios

PSOE y Sumar negocian 'in extremis' la prórroga parcial del escudo social

El gobierno español y EH Bildu acuerdan "prohibir" los desahucios de personas vulnerables hasta 2025

MadridA pocas horas para que el consejo de ministros se reúna para aprobar una nueva prórroga del paquete de medidas anticrisis –decae este 31 de diciembre y ha supuesto unos 45.000 millones de euros–, ambos socios del gobierno de coalición, PSOE y Sumar, están negociando a contrarreloj los últimos flecos de las medidas que se incluirán y que mañana miércoles anunciará el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Este martes por la tarde, el desacuerdo principal entre los dos socios de gobierno eran las ayudas que afectan al transporte público. Sánchez ya anunció la gratuidad de los abonos del transporte público para menores, jóvenes y parados a partir del 1 de enero de 2024, pero desde Sumar querrían que el PSOE fuera más ambicioso y que esa bonificación llegara a "más colectivos", explican fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz.

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A lo largo de este 2023, el Estado ha bonificado los abonos de Renfe y, por tanto, de servicios como Cercanías, a todas las personas. Asimismo, hasta ahora el gobierno español también ha aportado una parte de la bonificación (un 30%) de los abonos del transporte público urbano e interurbano, mientras que las administraciones autonómicas y locales han aplicado una rebaja de al menos un 20%. La otra incógnita vinculada al transporte y que se resolverá este miércoles es qué pasará con la subvención a los carburantes para algunos sectores profesionales.

Normalización de precios

El nuevo decreto de medidas llega en un escenario muy distinto al de hace un año, cuando la inflación general rozaba el 10%. En los últimos meses ha ido descendiendo hasta acercarse a los objetivos del Banco Central Europeo (2%). También los precios de los combustibles fósiles, como es el caso del gas, y los de la electricidad se han alejado de los registrados en los meses posteriores al estallido de la guerra en Ucrania. Sin embargo, son precios que siguen lejos de los registrados mucho antes de la guerra en Ucrania, lo que todavía presiona a familias y empresas, que también se ven estranguladas por la subida de los tipos de interés por parte del BCE. Por eso el gobierno español no quiere correr demasiado: si bien tiene cuello abajo que hay que adaptar las medidas, y por eso se habla de un escudo social "parcial", no las hará desaparecer de un día para otro.

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Desde Sumar también han señalado "discrepancias" en lo que se refiere a los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, unos tributos que precisamente se aprobaron para afrontar el coste de las medidas desplegadas y que, tal y como se recoge en la norma actual, estarán en vigor todo el 2024. Sin embargo, desde las filas socialistas no se pronuncian, y tampoco lo hacen desde los ministerios salpicados por estos dos gravámenes, el de Transición Ecológica y el de Hacienda.

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Hay que tener en cuenta que el gobierno español ya ha abierto la puerta a una revisión de los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, aunque no ha precisado cuándo será ni en qué dirección. Fuentes de Hacienda recuerdan que actualmente estos impuestos están en vigor –no decaen hasta diciembre del 2024– y, por tanto, pueden no recibir ninguna modificación y mantenerse tal y como están ahora. Hasta ahora, tanto la banca como las energéticas, sin embargo, se han mostrado contrarias a estos tributos.

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Sin embargo, éstas son sólo algunas de las incógnitas en torno a un gran decreto aprobado en diciembre del 2022, aunque algunas medidas llevaban meses en vigor, y prorrogado ya este verano. El gobierno español también debe decidir si mantiene el tope en la bombona de butano o las rebajas de los impuestos de la factura de la luz o el gas, entre otras cuestiones. Precisamente, el Banco de España ha calculado esta semana que si el gobierno español decidiera mantener todo en 2024 esta rebaja en lo que se refiere a los impuestos del recibo eléctrico y del gas, el coste estimado para las arcas públicas sería de unos 3.000 millones de euros. Asimismo, ayudaría a mantener la vía decreciente de la inflación, aunque su retirada se traducirá tarde o temprano en un ligero rebote, recuerdan desde el organismo supervisor.

Desahucios y rebaja del IVA de los alimentos

Sin embargo, Sánchez ya ha confirmado que durante seis meses más, hasta junio de 2024, se mantendrá la rebaja del IVA del 4 al 0% para los alimentos de primera necesidad –como el pan, la leche, los huevos o las frutas y verduras y los cereales– y del 10 al 5% para el aceite de oliva, el aceite de girasol y la pasta.

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Más allá del PSOE y Sumar, la negociación del decreto también está salpicando a otros partidos. Este martes por la mañana EH Bildu ha anunciado un acuerdo con el gobierno español para mantener la "prohibición" de los desahucios de las personas vulnerables todo el 2024, una medida que se puso en marcha con la pandemia de cóvid-19, es decir, en 2020.

La formación abertzale considera que se trata de una medida "imprescindible" en un escenario de crisis de la vivienda en todo el Estado fruto del incremento de los precios de los alquileres. De hecho, en 2024 la actualización anual de las rentas no podrá ser superior al 3%, tal y como se recoge en la ley de vivienda. EH Bildu también ha llegado a un acuerdo para prohibir los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y ampliar la tarifa regulada de gas TUR4 para las calderas comunitarias.

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El PP exige una reunión

A quien no le gusta la negociación del decreto de medidas es en el PP. Este martes los populares han denunciado que el gobierno español no les está informando de qué propuestas mantendrá y han pedido una reunión con las ministras Teresa Ribera y María Jesús Montero para negociar. En rueda de prensa, el vicesecretario de economía de los populares, Juan Bravo, y la vicesecretaria de desarrollo sostenible, Paloma Martín, han reclamado mantener el IVA reducido de la electricidad así como la extensión de la reducción de este impuesto en el caso de los alimentos en la carne y el pescado. También siguen planteando una deflactación de los tramos del IRPF, algo que el gobierno español ya rechazó hace un año.