Los casi 40.000 millones de euros que recibirá Francia en el marco del programa Next Generation EU se utilizarán para financiar una parte del propio plan de recuperación del gobierno, bautizado con el nombre de France Relance y cifrado en 100.000 millones de euros, con el que se espera reactivar la economía en dos años. Si bien la mayoría de los proyectos que se financiaban antes de la crisis sanitaria se tramitaban desde los consejos regionales, los fondos los gestionarán 30 sous-préfets (altos funcionario formados en la Escuela Nacional de Administración), bajo la autoridad de los prefectos de región, nombrados por esta misión durante dos años. Desde el ministerio de Economía se encargarán "de evaluar las necesidades, de elegir los proyectos a los que apoyar y verificar que abonan el dinero lo antes posible". Un trabajo que harán con los electos parlamentarios -por su conocimiento de los diferentes territorios-, supervisada por varios consejos de control y dirección presididos por el primer ministro y el ministro de Economía.
Madrid toma el control de las ayudas europeas
La Generalitat reclama un papel más decisivo en la gestión de los fondos antipandemia
MadridCon la actividad económica hundida por la pandemia, España mira hacia los fondos europeos como el salvavidas para remontar la economía. Al Estado le corresponden 140.000 millones de euros, de los que 72.000 son ayudas directas. El gobierno español ha movilizado todos sus ministerios para empezar a poner manos a la obra y concretar cómo se gastarán el dinero a través de dos programas, React-EU y el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia.
Que España sea capaz de absorber y aprovechar todas las ayudas es un reto enorme -a menudo un porcentaje elevado de los fondos estructurales y de cohesión no se gastan- pero el ejecutivo de Pedro Sánchez no quiere dejar en manos de las comunidades autónomas la gestión los fondos. La Moncloa será el epicentro de las decisiones, aunque todos los ministerios estarán implicados en la gestión del dinero y tomas de decisión de los proyectos que serán subvencionados.
La Moncloa ha creado una comisión que actuará como dirección política por los fondos antipandèmia y que estará dirigida por el presidente del gobierno español. En el organigrama creado, por debajo de esta comisión habrá un comité técnico codirigido por el ministerio de Hacienda y el departamento económico de la Moncloa. También se ha impulsado una conferencia sectorial con los titulares económicos de las comunidades autónomas.
Todo pasa por Madrid
En resumen: prácticamente todo pasará por Madrid. Las comunidades autónomas, acostumbradas a gestionar otros fondos europeos regionales, tendrán que conformarse en ejecutar proyectos. Los gobiernos autonómicos solo podrán gestionar directamente los 10.000 millones de euros del programa React-EU (1.706 para Catalunya), destinados a proyectos de materias que son competencia autonómica, como la Salud y la Educación. Pero incluso estos fondos estarán tutorizados por Madrid porque formarán parte de un plan estatal. La administración central lo supervisará todo y las comunidades autónomas tendrán que rendir cuentas para justificar el uso de las ayudas.
La Generalitat reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez más poder de decisión. "Lo que reivindicamos es la máxima autoría de gestión entendiendo que la realidad en Catalunya no tiene por qué ser la misma que la de Cantabria, Extremadura o de cualquier otra comunidad autónoma", subraya al ARA el secretario general de Vicepresidencia y de Economía del Govern, Albert Castellanos.
Según el número dos de Economía, "a día de hoy no tenemos garantizado que tengamos el máximo de margen de decisión en la transferencia de recursos" del fondo antipandemia europeo. También el conseller de Empresa, Ramon Tremosa, criticaba hace unos días que la Generalitat "ha quedado apartada del proceso de identificación, canalización y decisión de los fondos europeos" pese a ser "la administración más cercana". Según él, esto demuestra "hasta qué punto no tener soberanía económica limita el crecimiento económico".
El Gobierno español justifica esta centralización en la gestión de los fondos asegurando que hay un "seguimiento exhaustivo" porque Bruselas, a su vez, será muy estricta con la supervisión del dinero. Así -asegura el ejecutivo-, si una comunidad autónoma no es capaz de absorber todo el dinero o no ejecuta correctamente las ayudas, la Comisión Europea podría cerrar el grifo de las ayudas en España. "El dinero va sujeto al cumplimiento de las metas, y esto se aplica a todo el mundo", subrayan desde la Moncloa.
El ejecutivo de Pedro Sánchez todavía tiene que concretar muchos aspectos de los programas y del reparto pero ya ha avanzado que una parte importante de las subvenciones irán a parar a proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica (PERTE). La idea es invertir en proyectos que cuenten con financiación pública y privada y con especial énfasis en la transición ecológica y la digitalización. Aquí es donde las grandes empresas jugarán un papel destacado. La Generalitat también teme que las empresas del Ibex acaparen las ayudas, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno calcula que un 50% de las ayudas irán a parar a las comunidades autónomas pero no ha explicado ni ha dado detalles de cómo se hará. Los gobiernos autonómicos presentarán proyectos, como hecho esta semana Catalunya, pero será Madrid -con la intervención de los ministerios implicados- quien tenga la última palabra.
Euskadi se llevará el 10% de las ayudas
El Gobierno vasco aspira a conseguir 5.700 millones de euros de los fondos europeos, alrededor del 10% del dinero que le toca a España en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuando el peso de Euskadi en España es de poco más del 6%. De hecho, el contingente que paga en concepto de materias no transferidas se ha situado de forma inalterable en el 6,24. Como justificación a este desvío favorable, la Administración vasca apunta al peso de la Comunidad Autónoma como a su capacidad de presentar y llevar a cabo proyectos, informa Oskar Bañuelos.
Italia recibirá de la UE más de 200.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones directas para reactivar la economía tras la pandemia. Pero la gestión de estos fondos provocó una crisis de gobierno que desembocó en la dimisión del primer ministro a finales de enero.
El ejecutivo liderado por Giuseppe Conte aprobó a la vuelta de la Navidad un ambicioso plan que tenía que estar gestionado por un comité de 300 expertos coodinats por seis gerentes. La última palabra, sin embargo, recaía en el propio Conte, el ministro de Desarrollo Económico y miembro de Cinco Estrellas y el titular de Economía, representante del PD. La propuesta excluía las demás fuerzas parlamentarias, incluida Italia Viva, el partido de Matteo Renzi, que abandonó la coalición y precipitó la caída del ejecutivo.
El texto que finalmente Roma envió a Bruselas deja abierta la cuestión y apunta que el gobierno presentará más adelante en el Parlamento un "modelo de gobernanza" para los proyectos italianos que aspiran a los fondos.