Los centros que emplean a 10.000 personas con discapacidad, al límite
El sector denuncia retrasos y recortes en las subvenciones, pero el Govern insiste en que ya se están pagando
BarcelonaPara ilustrar los obstáculos financieros, Artur Feijóo despliega una hoja con un gráfico. Muestra el calendario de cobro de las subvenciones que recibe TEB –el grupo cooperativo que dirige– para pagar los salarios de las cerca de 650 personas con discapacidad ocupadas en sus centros especiales de trabajo y el personal de apoyo que les acompañan. El 100% de las ayudas correspondientes a 2024, dice, apenas lo han acabado de cobrar este mes de noviembre, mientras que de 2025 sólo han ingresado un 15%, por ahora. "Estamos al límite", admite Feijóo. El retraso a la hora de recibir ese dinero por parte de la Generalitat les ha obligado a endeudarse para pagar sueldos y tener que asumir los intereses –entre 60.000 y 70.000 euros– de estos préstamos. Si este año logran cerrar con la cuenta de resultados a cero, será porque los socios de la cooperativa han realizado aportaciones para evitar pérdidas. "Llevamos muchos años instalados en la incertidumbre", lamenta Feijóo.
El caso de TEB no está aislado. Este mes de diciembre, Dincat –la federación representante de las personas con discapacidad intelectual en Catalunya– ha puesto en marcha una campaña para denunciar el "maltrato institucional del Gobierno", tras varios agravios que han impactado directamente contra la tesorería de los centros especiales de trabajo de iniciativa social (CETIS), que emplean a más de 10.000 personas en nuestro país. Por un lado, la organización reclama que la Generalitat llegó a acumular una deuda de 153 millones de euros con las entidades del sector, que han tenido que avanzar el capital para pagar salarios y, como TEB, han tenido que endeudarse para hacerle frente. Desde que hicieron público este clamor les han pagado parte del pasivo, 46 millones correspondientes a los primeros cinco meses del año. Sin embargo, en este tiempo los centros también han asumido un coste de 3 millones de euros en intereses para pagar las nóminas al día.
A esta deuda se suman los cambios en los criterios para conceder las subvenciones que cubren parte de los salarios del personal de apoyo de los centros especiales de trabajo: son psicólogos, educadores sociales o pedagogos que se encargan de atender a estos trabajadores con discapacidad para que su trabajo sea "seguro, digno y adaptado". Según Dincat, estas ayudas se han reducido en 5,3 millones de euros porque, a partir de este año, se calculan en función del número de empleados exactos que tenía el centro en el momento de solicitar la subvención, sin tener en cuenta los contratos que habían finalizado antes ni los formalizados más tarde. Tampoco se computa el tiempo en el que los trabajadores han estado de baja. La federación rechaza este criterio porque considera que ignora que se trata de un colectivo que sigue necesitando apoyo cuando no puede trabajar, como ocurre a menudo en las bajas por motivos de salud mental. "Es un tema de gestión con un impacto económico grande", avisa Víctor Galmés, director de Dincat.
Dincat ha pedido a la Generalitat que aplique cambios para que la situación no se enquiste. Por el momento, la federación se reunió con el departamento de Empresa y Trabajo antes de las fiestas de Navidad y se encontrarán de nuevo en enero con la voluntad de solucionar estos problemas. Mientras, la federación ha transmitido sus quejas a los distintos grupos parlamentarios para que presionen al ejecutivo catalán. "Nuestros centros no quieren dejar de prestar apoyos, ni tener que elegir quién puede seguir trabajando o no. Lo seguirán haciendo, pero este 2025 muchos cerrarán en negativo", asegura Galmés.
Por parte del Govern, insisten en que ya han destinado un importe total de 133 millones de euros a los diversos programas que garantizan los mantenimientos de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad en los centros especiales de trabajo (CET). Dicen que este importe se incrementará cuando se otorgue la parte correspondiente en el último trimestre, que se convocó de forma anticipada y se publicó el 18 de diciembre. "No hay ninguna deuda con los CET y las convocatorias de subvención siguen su curso administrativo de resolución, y se están pagando una vez resuelto el proceso", apuntan fuentes del departamento de Empresa i Treball. El conseller del ramo, Miquel Sàmper, admitió en el pleno del Parlament del pasado 18 de diciembre que hubo un retraso en los pagos, pero remarcó que el presupuesto de estos centros se ha ido incrementando año tras año.
Repensar el modelo
Sin embargo, las afirmaciones de la Generalitat contrastan con la preocupación que todavía se vive en TEB durante las fiestas de Navidad. El centro es uno de los mayores de Cataluña y ha ido diversificando sus actividades desde su nacimiento en 1965, tanto para adaptarse al rumbo cambiante de la economía como para ofrecer mayor variedad de trabajos a los trabajadores. Tienen una fábrica de temperas, una línea de productos alimenticios como setas frescas, y ofrecen servicios de embalaje y manipulación para terceros en sectores como la editorial o la cosmética. Sin embargo, el director de la cooperativa, Artur Feijóo, recuerda que pese a reinvertir sus beneficios en mejorar procesos, no pueden ser tan competitivos como una empresa ordinaria, como llaman el resto de entornos de trabajo. "Nosotros nunca hemos podido repercutir el incremento de costes", añade, en referencia a la última crisis inflacionaria. Hay que tener en cuenta que los centros especiales de trabajo pagan en torno al salario mínimo interprofesional (SMI) a sus trabajadores con discapacidad y, por tanto, los gastos en personal han aumentado al ritmo de las subidas de los últimos años.
Más allá de la urgencia de los pagos atrasados, Galmés anima a actualizar un modelo catalán que fue pionero en sus orígenes –fueron familias de personas con discapacidad que se unieron para generar empleo para el colectivo– y se ha quedado "estancado". En este sentido, apunta al surgimiento de otros proyectos que, a diferencia de los integrados dentro de Dincat, sí tienen un ánimo lucrativo y obligan a repensar el sistema de reparto de las subvenciones, que a su juicio debería ser concertado y plurianual para reducir la inestabilidad.