El 80% de las personas activas con una discapacidad intelectual no tienen trabajo
El colectivo reclama una regulación laboral que resuelva problemas como los sueldos bajos o la jubilación anticipada
BarcelonaGenís tiene 27 años, hace cinco que trabaja en la cooperativa de gestión de residuos Femarec y, si todo va bien, pronto podrá presentarse a las oposiciones que está preparando. Su vida laboral, sin embargo, representa a un 20% minoritario y rompe con una estadística contundente: solo una de cada cinco personas activas con discapacidad intelectual tienen trabajo en España. Esta es la realidad para la mayoría del colectivo que denuncia la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (Dincat), esta vez a través de un informe con propuestas para que el modelo de inserción laboral sea más inclusivo.
“La tasa de ocupación es muy baja y hay muchas personas que no pueden acceder a su derecho al trabajo”, apunta Carles Campuzano, director de la organización. Para una persona con discapacidad intelectual que quiere trabajar, las opciones son limitadas: los centros especiales de trabajo o la incorporación a empresas “ordinarias”, como se refieren a ellas las entidades. Ricardo ha vivido las dos experiencias. Tiene un 56% de discapacidad por trastorno mental severo y, antes de trabajar en Femarec con Genís, estaba en la plantilla de una empresa en la que sufrió “incomprensión y discriminación”. “Se reían de mí. Era impensable que dedicaran cinco minutos a enseñarme nada”, recuerda.
En España las compañías de más de 50 trabajadores están obligadas a contratar como mínimo a un 2% de personas con discapacidad. Se conoce como la cuota de reserva, pero el sector denuncia que la mayoría no la cumple. Dincat pide que este porcentaje se amplíe al 4% (con un 1% reservado a personas con discapacidad intelectual), pero sobre todo que se destinen más recursos para que las entidades apoyen a estos empleados cuando entran en una empresa. “A menudo son personas a las que les cuesta más asimilar cambios y avanzar en el aprendizaje. Es necesario que haya alguien para comprobar una vez al mes o a la semana que todo va bien”, dice Amèlia Clara, presidenta de Femarec.
Este es uno de los cerca de 110 centros de trabajo especiales de iniciativa social que hay en Catalunya y da trabajo a 140 personas con dificultades especiales (con discapacidad intelectual o trastorno mental igual o superior al 33% y con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%). En su nave de 5.000 metros cuadrados en el Bon Pastor, en Barcelona, una larga cinta mecánica avanza ante los rápidos pares de ojos y manos que eligen entre toneladas de residuos. En otra sala se reparan cafeteras de Nespresso para ferias y empresas y se cambian piezas para reaprovechar tiradores de cerveza de Damm. “Este año hemos generado pérdidas, pero no hemos hecho ningún ERTE”, explica Clara.
Los centros como Femarec denuncian que resisten en un difícil equilibrio. No tienen ánimo de lucro, pero necesitan ser lo suficientemente rentables como para mantener los puestos de trabajo y, cuando pueden, crear otros nuevos. Actualmente el Estado les exime de pagar las cuotas a la Seguridad Social y reciben una subvención que cubre el 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) de los trabajadores. Para asegurar su sostenibilidad, sin embargo, piden que se les asegure al menos el 75%. “Hace falta que este apoyo se dé también a la empresa ordinaria”, indica Campuzano. Además, reivindica poder hacer compatible el trabajo remunerado con subsidios como el ingreso mínimo vital para garantizar que estas personas puedan tener un proyecto vital e independizarse. Dincat también denuncia una brecha salarial: las personas con dificultades especiales cobran de media un 83% menos que alguien sin discapacidad en la misma categoría profesional.
Cobrar una pensión digna
Tres décadas después de su nacimiento, en Femarec se encuentran ahora con problemas que no tenían en los años 90. Las personas con discapacidad intelectual tienen un envejecimiento prematuro y en la cooperativa han tenido que crear trabajos específicos —y menos productivos— para los empleados que ya no pueden aguantar las tareas más físicas. Es el caso de Marina, que está a punto de cumplir 60 años y, después de dos décadas en la cooperativa, ha pasado a trabajar en un taller donde hacen canastrillas para bebés. “Ahora tengo que hacer un trabajo sentada. Pienso en la jubilación, pero mientras pueda quiero seguir trabajando. Me da una motivación”, dice. Aún así, esta situación también dificulta que Femarec contrate a nuevos trabajadores jóvenes. “Ahora son los que lo están pagando”, avisa su presidenta.
El envejecimiento prematuro propicia otro agravio que sufre el colectivo: los problemas para cobrar una pensión de jubilación digna. “Se tendría que facilitar que sus carreras laborales se acaben antes”, dice Campuzano. Estas personas trabajan menos años de media y a menudo no pueden llegar al mínimo de tiempo cotizado para cobrar la prestación. Dincat propone que las personas con dificultades especiales puedan beneficiarse de una jubilación anticipada a los 45 años habiendo cotizado al menos diez años.
La primavera de 2019 las entidades de Dincat se pusieron chalecos amarillos para protestar en la calle contra muchos de los puntos que vuelve a denunciar el informe. Después de una pandemia que ha sido dura en el sector, el clamor no se apaga. “Fuera de los centros somos invisibles, inexistentes. Yo no quiero perder lo que tengo, el cambio de mentalidad lo tiene que hacer la sociedad”, concluye Ricardo.
