Despedir a trabajadores de baja y controles médicos por parte de la empresa: la receta de Foment del Treball contra el absentismo
La patronal también reclama que las compañías dejen de cotizar a la Seguridad Social de los empleados que no puedan trabajar
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BarcelonaEl absentismo laboral se ha convertido en el principal caballo de batalla del empresariado catalán y Foment del Treball, la patronal que agrupa a las grandes compañías catalanas, propone medidas contundentes para combatirlo. Entre estas destaca, por una parte, la implantación de reconocimientos médicos obligatorios y que las empresas puedan acceder a cierta información médica de sus empleados en caso de baja, y, por la otra, la posibilidad de despedir a trabajadores que acumulen bajas reiteradas o de larga duración, una medida que se eliminó con la reforma laboral de 2020.
"El absentismo es un problema global que empieza a ser inasumible", ha dicho este martes el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, en el acto de presentación del Libro blanco sobre el absentismo, con el cual la entidad empresarial pone sobre la mesa diferentes medidas para revertir la situación. Sánchez Llibre ha reclamado una vez más que esta cuestión "ocupe un lugar prioritario" en la agenda política.
En concreto, uno de los principales cambios que pide la patronal para combatir el absentismo es el mencionado retorno de los despidos objetivos. Foment asegura que pueden ser una "herramienta útil" para las empresas "en caso de que el trabajador se ausente de su puesto de trabajo, con independencia de las causas, en un número determinado de ocasiones", excluyendo los supuestos de discapacidad. Es decir, esto permitiría a una empresa echar a un empleado por el hecho de acumular diversas bajas por razones de salud u otros motivos justificados. Cabe recordar que la opción de extinguir objetivamente la relación laboral por causas vinculadas a la ausencia justificada del trabajador fue abolida por la reforma laboral de 2020.
Otra de las herramientas que propone la patronal es que las mutuas sanitarias privadas pasen a tener un papel más protagonista en los casos de contingencias comunes. Si bien actualmente ya ejercen un rol principal en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la entidad cree que podrían ayudar asumiendo procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes.
Además, también apuntan que hacen falta mejoras en la atención primaria para reducir, entre otras, las listas de espera para pruebas diagnósticas y médicas. El Libro blanco también dice que se debe "asegurar que los médicos tienen suficientes competencias técnicas para los análisis correspondientes de las capacidades laborales de los trabajadores de baja".
Entre las propuestas que recoge la publicación —coordinada por el catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad social de la Universidad de Barcelona Jordi García Viña— también destaca la voluntad de eliminar la necesidad de consentimiento del trabajador para realizar reconocimientos médicos, "ya sea en los momentos iniciales de la relación o durante esta, así como regular la posibilidad de realizar reconocimientos médicos obligatorios cuando pueda haber motivos médicos para hacerlos". También se proponen cambios en lo que respecta al control de las incapacidades temporales por parte de la empresa: "el empresario debe tener un cierto conocimiento del estado de salud del trabajador cuando está de baja".
Este hecho chocaría actualmente con la ley de protección de datos, que pone importantes trabas al acceso a la información médica de los ciudadanos por parte de empresas, administraciones y terceras personas, incluidos familiares directos.
Reparto de costes
Tal como detalla el informe y ha explicado la directora de Relaciones Laborales y de Asuntos Sociales de la patronal, Yésika Aguilar, los costes de las incapacidades laborales son "muy altos". En concreto, según los datos de Foment, para las empresas esta situación representó 16.115,84 millones de euros; y el coste total fue de 33.280,39 millones. Durante el 2019, momento que Sánchez Llibre ha fijado como escenario objetivo de retorno, las bajas significaron un coste de 8.228,06 millones para las empresas y de 16.646,82 en total.
Por este motivo, la patronal considera que hay que cambiar el sistema actual de pagos directos por parte de la empresa, que ahora va del cuarto al decimoquinto día de baja, y el del pago delegado, que comienza una vez superado el decimoquinto día. "Se propone que el empresario deje de asumir este coste y que esta prestación se haga en pago directo, ya sea por las entidades gestoras o por las mutuas colaboradoras", se asegura en el informe. Además, tal como ha explicado Sánchez Llibre, también se considera que hay que "eliminar la obligación de cotizar por parte de las empresas durante el periodo de baja".
En cuanto a la negociación colectiva, Foment constata una "relación especial" entre los "altos índices de absentismo" y los "complementos de incapacidad temporal negociados en los convenios colectivos". Por este motivo, la patronal considera que se debe "establecer un mecanismo de eliminación de los complementos". Otras propuestas de la patronal para revertir la situación actual son "recuperar valores relativos al esfuerzo, el compromiso en el trabajo y la responsabilidad en la ejecución de la prestación de servicios" o "establecer programas de recuperación y retorno progresivo al trabajo".