Función pública

Los funcionarios del Estado trabajarán 35 horas semanales a partir del mes que viene

La medida beneficiará a 220.000 empleados públicos

ARA
27/03/2026

BarcelonaEl ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha avanzado que la primera quincena de abril se pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas en la administración general del Estado (AGE), una medida que ha contado con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF. Así lo ha anunciado este viernes durante unas jornadas deEldiario.es, en las que ha recordado que hay comunidades autónomas donde ya se está aplicando la jornada de 35 horas entre el funcionariado, pero que en la AGE y organismos públicos se dictará una resolución para implantar esta jornada la primera quincena de abril, previsiblemente después de Semana Santa.

De hecho, este viernes la secretaría de Función Pública se ha reunido con la mesa de negociación de la AGE para suscribir el acuerdo, que desde UGT y CCOO ya han avanzado que avalarán. Desde el CSIF habían supeditado su apoyo a que el gobierno cumpla el compromiso de implantar la jornada de 35 horas en todo el personal de la AGE. Finalmente, según han anunciado en un comunicado, el sindicato encabezado por Miguel Borra ha firmado este viernes el acuerdo para aplicar de manera definitiva la jornada de 35 horas semanales en la AGE.

Cargando
No hay anuncios

Desde Función Pública estiman que esta medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y recalcan que su implantación se hará garantizando en todo momento la prestación adecuada de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía y la continuidad de las funciones públicas. En este sentido, se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias de planificación, organización y dimensionamiento de las plantillas que permitan compatibilizar la implantación de las 35 horas con el mantenimiento y la mejora de la calidad de los servicios públicos.

109 horas menos al año

Según han indicado desde las organizaciones sindicales, el acuerdo para implantar la jornada de 35 horas no excluirá ningún ámbito de la administración general del Estado, una de las demandas principales de los sindicatos, que habían denunciado que la propuesta inicial de Función Pública no incluía al personal de instituciones penitenciarias, sanitario y de educación. De esta manera, el texto acordado fija un cómputo anual de 1.533 horas, lo que supone una reducción de 109 horas respecto a la actual, al recortarse la jornada en dos horas y media, han destacado desde UGT Serveis Públics en un comunicado.

Cargando
No hay anuncios

Después de rubricar UGT, CCOO y CSIF el acuerdo, el ministerio de Función Pública publicará una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de 15 días y su aplicación se negociará en cada ámbito que tenga mesas de negociación específicas, como es el caso de instituciones penitenciarias. "Tenemos que convocar los ámbitos de negociación y negociar los calendarios laborales. Hay que tener y hacer una implantación progresiva de lo que serán las 35 horas en la administración", ha expuesto, por su parte, la secretaria general de CCOO del sector de la AGE, Montserrat Gómez.

Además, desde la UGT Serveis Públics han subrayado la importancia de que la implantación de la jornada de 35 horas vaya acompañada de una oferta de empleo público (OEP) que permita reforzar las plantillas y garantizar que la mejora de las condiciones laborales sea plenamente compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. En este sentido, el secretario del sector de administración del Estado de UGT Serveis Públics, Carlos Álvarez, ha afirmado que UGT Serveis Públics se mostrará muy exigente en cuanto a la negociación de la nueva OEP y que vigilará las medidas que han de adoptar los diferentes organismos para implementar la jornada sin que haga mermar la calidad del servicio.

Cargando
No hay anuncios

Desde CCOO han señalado que este viernes se ha firmado un acuerdo para regular las líneas generales para desarrollar un real decreto de provisión de puestos y acceso para personas con discapacidad, que afectará a todos los que se presenten para formar parte de la administración general del Estado.