La justicia europea sentencia que indemnizar o hacer indefinidos a los interinos de larga duración no es suficiente

BruselasLa justicia europea vuelve a sentenciar contra España por el abuso de los interinos de larga duración en las administraciones públicas de todo el Estado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este martes que las medidas previstas por la legislación española para sancionar y compensar la "utilización abusiva" en el sector público de este tipo de trabajadores son insuficientes. En concreto, la corte de Luxemburgo concluye que las medidas como la transformación de estos contratos temporales a una relación laboral indefinida pero no fija, el pago de indemnizaciones al trabajador en el momento de la extinción de la relación laboral o, entre otras, la convocatoria de procesos selectivos que tienen en cuenta la experiencia anterior del trabajador en cuestión no ponen remedio a que la normativa española vulnere el derecho de la UE.

De esta manera, el tribunal de máxima instancia de la justicia europea ha dirimido que estas medidas "no parece que permitan sancionar debidamente la utilización abusiva" de las diversas administraciones de todo el Estado de los interinos de larga duración y concluye que "tampoco eliminan las consecuencias de incumplir el derecho de la Unión Europea" por parte de España en materia laboral. "La medida comporta mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por tanto, la situación de precariedad del trabajador afectado", argumenta el TJUE, que también recuerda que "la estabilidad en el trabajo es concebida como un componente primordial de protección de los trabajadores".

La corte de Luxemburgo avisa que su labor no es sentenciar sobre todos los casos de interinos de larga duración que llegan a la justicia española y, en todo caso, matiza que su intención es "aportar precisiones" al Tribunal Supremo, quien tiene la última palabra. En este sentido, el TJUE apunta que las indemnizaciones previstas no "eliminan" las consecuencias del incumplimiento del derecho de la UE en todas las situaciones de interinos de larga duración, y indica que deberían ir acompañadas de otras medidas realmente "disuasorias, efectivas y proporcionadas".

Por último, el tribunal de máxima instancia de la justicia europea asegura que la convocatoria de procesos selectivos "tampoco constituye una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos" contra los interinos de larga duración. La corte de Luxemburgo constata que, a pesar de que se valora "la experiencia previa del trabajador afectado y el tiempo de servicio", la "valoración no se limita a los candidatos que han sido víctimas de estos abusos" y recuerda que las oposiciones están abiertas a todo el mundo que se quiera presentar. Así, el TJUE concluye que es "posible que el trabajador no participe en el proceso selectivo o no lo supere" y, por tanto, no vea compensado el abuso laboral del cual ha sido víctima.

Tanto la justicia española como la europea ya han dirimido sobre diversos casos de interinos de larga duración en las administraciones de toda España. Esta vez es una cuidadora de niños en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid que había encadenado seis contratos de duración determinada en la administración, ya que siempre eran para cubrir vacantes o sustituciones temporales. La trabajadora llevó este caso a la justicia y el Tribunal Supremo dirimió que se la contratara de manera indefinida y, cuando se le acabara el contrato, se la indemnizara debidamente.

La trabajadora, sin embargo, solicitó que su relación laboral fuera declarada fija ante el Tribunal Supremo, que lo pidió al TJUE. Y, finalmente, el tribunal de máxima instancia de la justicia europea ha dirimido que no es una medida compensatoria suficiente y, por lo tanto, establece jurisprudencia en este sentido. Con todo, ahora es el turno del gobierno español, que deberá decidir si volver a reformar la normativa, y del Tribunal Supremo, que tiene abiertas diversas causas judiciales sobre la situación abusiva que padecen gran parte de los interinos de larga duración de las administraciones, que suponen casi una tercera parte de los trabajadores públicos de todo el Estado.