¿Pueden vincularse las subidas salariales a la crisis de la vivienda?

BarcelonaCuando sindicatos y empresas negocian subidas salariales dentro de un convenio colectivo, nunca existe una fórmula única y automática. Este tira y afloja combina diferentes criterios y puede contribuir, por ejemplo, a que la compañía en cuestión haya incrementado sus beneficios, que su sector esté en un momento de crecimiento o que la plantilla haga presión a través de protestas y huelgas.

Aun así, una de las referencias más habituales es el índice de precios al consumo (IPC, el indicador que mide el coste de la vida), que se toma como punto de partida para garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Por ejemplo, con frecuencia en los convenios colectivos se pactan cláusulas de revisión salarial que permiten ajustar los sueldos cada año si la inflación es superior a la prevista.

En plena crisis de acceso a la vivienda, sin embargo, los sindicatos han recuperado con más fuerza una antigua reivindicación: el IPC no tiene en cuenta el precio de la compraventa de pisos, en un momento en que éste sigue disparado y en Cataluña ya supera el máximo histórico de la burbuja inmobiliaria. Por tanto, se preguntan, ¿tiene sentido que los salarios se actualicen teniendo como referencia un indicador que no refleja al 100% la realidad del mercado inmobiliario?

El coordinador del gabinete económico confederal de CCOO, Luis Zarapuz, recuerda que el IPC entiende la vivienda como un bien de inversión y no de consumo, por lo que no incluye los gastos vinculados a comprar un piso ni a financiarlo. "Nuestro indicador de cómo evoluciona el coste de la vida es parcial. No es que lo hagamos mal, pero la fotografía está llamada. La vivienda debería tener mucho más peso si nos fijamos en todo el dinero que sale de los hogares para pagar la hipoteca o el alquiler", asegura.

Los alquileres sí forman parte de la cesta del IPC, pero el sindicalista también expresa algunas dudas sobre cómo se recogen en el cálculo. Zarapuz argumenta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) capta la evolución de los arrendamientos dentro de un mismo contrato, pero no refleja los saltos de precio entre uno antiguo y uno nuevo: "Por eso las subidas que muestra siempre están muy alineadas con el propio IPC", añade. Para desvincular los alquileres de la inflación y como estaba previsto en la ley de vivienda estatal, este enero el gobierno español puso en marcha un nuevo índice de referencia para actualizar anualmente sus precios.

Para Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, la vivienda tampoco tiene un peso suficiente dentro del cálculo del IPC y es un elemento que debería incorporarse en los acuerdos marco de la negociación colectiva. En este sentido, recuerda que el último repunte de la inflación en España fue del 2,7 por ciento en agosto, mientras que el precio de la vivienda creció un 12 por ciento. "Si este incremento y las subidas de los tipos de interés estuvieran reflejados en el IPC, habría sido mucho mayor, y los sindicatos habríamos pedido mucho más en las negociaciones por las subidas salariales", defiende.

Negociaciones a la vista

Luján también reclama que el precio de la vivienda sea un indicador a tener en cuenta para fijar el salario mínimo interprofesional (SMI), que ahora intentarán pactar con el gobierno español para 2026. Además, la crisis inmobiliaria será uno de los elementos que los sindicatos intentarán incorporar en la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva ( colectivos). Para CCOO y UGT será igual de importante que las nuevas subidas salariales reflejen la evolución de los márgenes empresariales para compartir estos beneficios con sus plantillas.

El catedrático de derecho laboral de la Universidad de Barcelona (UB) Jordi Garcia ve complicado utilizar el precio de la vivienda como referencia para el incremento de los sueldos, ya que las subidas varían mucho entre territorios y eso dificultaría cómo llegar a un consenso sobre el cálculo. El académico admite que el IPC no siempre es fiable ni refleja bien la evolución de los precios, pero alerta de que incluir la vivienda en la negociación salarial haría depender a los empresarios de un factor que no pueden controlar. "Es un problema social que debemos resolver, pero las soluciones simples no funcionan", apunta.

Según las fuentes consultadas por el ARA, no hay otros países que vinculen de forma general y automática las subidas salariales al precio de la vivienda. Lo habitual es indexar los salarios en el IPC o pactar subidas en los convenios siguiendo otros criterios. Sin embargo, sí existen algunos ejemplos de mecanismos para que el mundo del trabajo contribuya a mejorar las posibilidades de acceder a una vivienda. Por ejemplo, en Francia, las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a pagar una cuota a través de las nóminas que después se destina a financiar vivienda asequible para empleados.

"El problema inmobiliario se está trasladando al conjunto productivo porque no se está arreglando. Nosotros pedimos la parte que nos toca como trabajadores. Si el salario no nos llega, debemos pedir más subidas salariales", avisa Zarapuz, de CCOO. Luján, de UGT, añade otro recordatorio dirigido a la patronal: "Debemos decir a las empresas que ellas también deben contribuir a solucionar un problema que afecta a sus trabajadores [porque no están dispuestos a trasladarse en zonas donde el precio de la vivienda está tensionado] y los ciudadanos que consumen en sus negocios".