El ministerio de Trabajo quiere blindar a los empleados que denuncien casos de corrupción

MadridEl ministerio de Trabajo quiere blindar a los empleados que denuncien posibles casos de corrupción en la empresa o institución en la que trabajen. En concreto, la cartera que pilota Yolanda Díaz (Sumar) tiene previsto llevar al consejo de ministros de este martes un anteproyecto de ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores para declarar la nulidad de un despido que se produzca como represalia contra el trabajador que ha denunciado un posible caso de corrupción, según explican fuentes del ministerio.

Esta norma impulsada por Trabajo caminará en paralelo al plan anticorrupción que el gobierno español anunció a raíz del caso Cerdán, y que en febrero de este año dio un primer paso adelante. Entonces, el consejo de ministros dio luz verde en primera vuelta al anteproyecto de ley orgánica de integridad pública que, entre otras cosas, endurece el control sobre las donaciones a los partidos políticos y también la pena de inhabilitación y prohibición de participar en la contratación pública a las empresas que se han visto implicadas en algún caso de corrupción. Al mismo tiempo, prevé modificaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales.

El ministerio también quiere que la futura ley –este martes apenas dará un primer paso con la aprobación en primera vuelta en el consejo de ministros– blinde a los familiares más cercanos de los denunciantes ante posibles represalias. El anteproyecto de ley introduce cambios en varios preceptos del Estatuto de los Trabajadores con la finalidad de asegurar que quien informe sobre prácticas corruptas en su centro de trabajo no sufra represalias, como un despido, pero tampoco amenazas o situaciones de acoso. Fuentes del ministerio de Trabajo han explicado que la finalidad es que la denuncia pública no conlleve consecuencias negativas para el trabajador y que se amplíen de manera expresa las causas de nulidad del despido.