El gobierno español aprueba el plan anticorrupción prometido por el caso Cerdán

MadridEl gobierno español da un paso más en la promesa para cortar de pura cepa la corrupción en las instituciones y las empresas. El consejo de ministros de este martes ha dado luz verde en primera vuelta (apenas comienza el trámite) al anteproyecto de ley orgánica de integridad pública, una medida que responde aparte del acuerdo entre los dos socios del gobierno español de coalición, PSOE y Sumar, ante el estallido del caso Santos Cerdán –el ex número tres del PSOE. "El proyecto [de ley] forma parte de la lucha contra la corrupción", ha dicho la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa este martes. Cuando el nombre de Santos Cerdán se puso en la diana, la formación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, exigió a los socialistas "contundencia" para responder a la corrupción.

El caso Cerdán, vinculado también al exministro socialista José Luis Ábalos ya su exasesor Koldo García, supuso una brecha importante en la relación entre el PSOE y Sumar, pero también con el resto de los partidos del bloque de investidura. Asimismo, fue gasolina para la derecha y la extrema derecha para desgastar a Pedro Sánchez.

84 medidas

La reforma aprobada este martes incluye 84 medidas que buscan dar respuesta a "todo el ciclo de la corrupción", según dijo Montero, quien defendió que es una "ley ambiciosa". El gobierno español prevé poder llevar de nuevo la norma en consejo de ministros antes del verano. Después daría el salto al Congreso, donde necesitará el aval de la cámara baja española, al menos de los partidos del bloque de investidura.

Nueva Agencia de Integridad Pública

A falta de conocer la letra pequeña de la reforma, entre las medidas se incluye la creación de una Agencia de Integridad Pública "independiente" y que deberá asumir las funciones de "prevención, supervisión y acoso" de cualquier práctica corrupta. Esta nueva agencia aglutinará el papel de la actual Oficina de Conflictos de Intereses, de la Autoridad de Protección del Informante y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Además, en esta función de prevención de la corrupción jugarán un papel clave las nuevas tecnologías. La ley prevé que se mejore el uso compartido de información a través de la conexión de bases de datos; que se digitalicen los expedientes de gasto de la Intervención General del Estado; que se adapten tecnologías para detectar de forma "automática" posibles conflictos de intereses, y que se utilice la inteligencia artificial para modernizar la Plataforma de Contratación y la Base Nacional de Datos de Subvenciones.

También se introducen cambios en el ámbito penal: se amplía el período de prescripción de los delitos de corrupción, que pasará de 5 a 7 años. "El objetivo es evitar que la prescripción genere impunidad para los corruptos", indican desde el gobierno español.

Control en los partidos

También se refuerza el control en los partidos y la transparencia en cuanto a las donaciones que reciben tanto las formaciones políticas como sus fundaciones. Así, se reducirá el sombrero de publicación de donaciones individualizadas de 25.000 a 2.500 euros. Asimismo, la ley les obligará a realizar auditorías externas e independientes de sus cuentas.

Lista negra de empresas

Se creará una lista "negra" pública y accesible de empresas corruptoras: a las compañías que hayan sido "condenadas por corrupción, fraude, cohecho o blanqueo" se les prohibirá que puedan seguir manteniendo contratos con la administración (se incrementa de 15 a 20 años las penas máximas de inhabilitación por contratar o recibir).