El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar contra Irán que ha trastornado a los mercados energéticos mundiales. Para muchos, el conflicto puede parecer lejano, pero los precios de cualquier gasolinera son suficientes para entender que no lo es. En doce días, el precio del gasóleo profesional subió un 26%, pasando de 1,45 euros el litro a 1,82. No es una proyección ni un escenario teórico. Es lo que pagan hoy miles de empresas catalanas cada vez que llenan un depósito.
El motivo es el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que transita alrededor del 20% de la oferta mundial de petróleo. Esta situación ha provocado que el barril de Brent, que cotizaba a 73 dólares antes del conflicto, haya superado los 100 dólares, el umbral que la mayoría de analistas considera crítico para la economía europea.
Más allá de los precios, el conflicto añade una nueva capa de incertidumbre a un entorno empresarial que llegaba ya tensionado. Los exportadores catalanes en Oriente Medio, un mercado de 2.500 millones de euros anuales, afrontan una mayor incertidumbre en los pedidos y la logística. Y en un momento en el que muchas empresas acumulan incertidumbre comercial y financiera, todo ello se traslada a la confianza ya las decisiones de inversión.
El dato que hace que la situación sea especialmente preocupante no es sólo el nivel de precios, sino también la velocidad alcanzada. En 2022, con la invasión de Ucrania, hubo más tiempo y un petróleo más caro para alcanzar niveles similares al surtidor. Ahora ha pasado en menos de dos semanas y, pese a que el barril de petróleo sigue por debajo del pico del 2022, los precios en las gasolineras ya se acercan a los mismos niveles.
El encarecimiento del gasóleo es el efecto que todo el mundo ve, pero la transmisión del choque va mucho más allá.
El primer sector afectado es el transporte profesional. Cataluña es el primero hub logístico del sur de Europa, con cerca de 170.000 puestos de trabajo directos. La subida afecta a todo el sector y se traslada al incremento de costes de muchos productos, pero el mayor problema lo tienen las empresas que operan bajo concesiones públicas, como el transporte escolar, los autobuses interurbanos o la movilidad municipal, con precios fijados en contratos que ya no reflejan la realidad. La ley contempla mecanismos para reequilibrarlos ante circunstancias sobrevenidas, pero estos mecanismos no se activan con la rapidez que exige un choque como éste, y las empresas absorben mientras tanto la totalidad del golpe.
El segundo impacto llegará a la cesta de la compra por varias vías simultáneas. La subida del gasóleo agrario en plena campaña de curtido encarece directamente los costes de producción en el campo. La urea, uno de los fertilizantes más utilizados y muy vinculada al precio del gas, también se ha encarecido en torno a un 20% a raíz del conflicto. Y el sector pesquero, donde el gasóleo es uno de los principales costes operativos, afronta unos márgenes que no permiten absorber incrementos de esa magnitud. Todo ello configura una presión sobre los costes alimenticios que, si la situación no se reconduce, acabará llegando a los precios.
El tercer canal de transmisión es menos visible pero igualmente aventajado. El gas natural en el mercado europeo también ha subido cerca de un 70% desde el inicio del conflicto, lo que afecta directamente a las empresas con un alto componente energético en su estructura de costes. Desde la industria química hasta sectores que no salen a sus titulares, como las lavanderías industriales, que dan servicio a hospitales y residencias y que no pueden revisar los precios que cobran, son, en su mayoría, pymes.
Qué hacer y qué mirar
Por el momento, las previsiones macroeconómicas no se han revisado a la baja, a la espera de ver cuánto dura el conflicto. Pero la experiencia de 2022 enseña que cuando las medidas llegan tarde, el coste para las empresas ya se ha producido. Merece la pena recordar que la bonificación del 2022 se activó cuando el gasóleo estaba a 1,84 euros el litro. Hoy ya está cerca de ese nivel (1,82).
Que el Gobierno haya convocado el viernes una reunión extraordinaria del Consejo de Diálogo Social con los agentes económicos y sociales indica que la potencial gravedad de la situación se reconoce institucionalmente. Por la parte empresarial, especialmente Pimec, se han reclamado bonificaciones al gasóleo profesional, supervisión de los márgenes mayoristas, mecanismos de contención si el choque energético se extiende también a la electricidad y revisión inmediata de los contratos públicos con un componente energético significativo, entre otros.
La gravedad final de este episodio dependerá de hasta dónde sube el petróleo y de cuánto tiempo se queda. Si el conflicto se reconduce en pocas semanas y el estrecho se reabre, el impacto será un choque intenso pero transitorio. Si se prolonga, los precios de la energía se irán trasladando al conjunto de la economía y pueden revertir la moderación de la inflación que tanto había costado conseguir. En cualquier caso, preservar la viabilidad de las empresas es una condición para mantener el empleo y la actividad. La diferencia entre un susto y un problema estructural se decidirá en las próximas semanas, así como en la velocidad de reacción de las administraciones.
