Lista negra de empresas "corruptoras" y mayor control en los partidos: el plan anticorrupción de Sánchez

BarcelonaPedro Sánchez había prometido una batería de medidas para hacer frente a los casos de corrupción, sobre todo a raíz del estallido del caso Cerdán. En la comparecencia de este miércoles, el presidente español ha anunciado un plan estatal para luchar contra la corrupción que incluye quince medidas y que, a su juicio, ha sido diseñado con la OCDE -con quien ha acordado realizar un informe de seguimiento cada año- y tiene el aval de Sumar. Sin embargo, Sánchez no ha fijado un calendario para sacar adelante estas medidas.

Agencia de Integridad Pública

Sánchez ha anunciado la creación de una Agencia de Integridad Pública que debe ser "independiente" y que debería asumir las funciones de "prevención, supervisión y persecución" de cualquier práctica corrupta. Según el documento, de 34 páginas, que ha hecho público el gobierno español, esta agencia debería hacer un "mapeo de organismos y funciones" autonómica y unificar las competencias en esta nueva agencia para luchar contra la corrupción. Esta agencia tendría la potestad de investigar, supervisar el cumplimiento de normativas y proteger a los informantes de corrupción.

la administración –un proceso que coordinará la nueva Agencia de Integridad Pública–, además de introducir aplicaciones de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público que permitiría realizar "auditorías a gran escala mediante el análisis estadístico de datos abiertos" El objetivo es el de identificar también pedirá desplegar "planes de integridad" de determinados contratos públicos, es decir, que se les apliquen un sistema de monitorización y también intervenga un tercer actor que sea independiente -que podría ser la propia Agencia de Integridad Pública u otras entidades- La ley de la administración también

Más control en los partidos

Una parte importante del plan anticorrupción de Sánchez implica fiscalizar más a los partidos políticos. transparencia en las donaciones a los partidos: se reducirá el umbral para publicarlas a 2.500 euros –ahora era de 25.000 euros– y el plazo para publicarlas será de un mes desde la recepción. de interés, que ya se está tramitando en el Congreso, y que incluye, entre otros, crear un registro de grupos de interés y la voluntad de añadir la obligación de publicitar los encuentros con lobbistas por parte de los miembros del gobierno español Además, se endurecerán las sanciones por "infracciones contables" y también se retirarán las subvenciones públicas a los partidos que mantengan. condenadas por corrupción.

Lista negra de empresas "corruptoras"

Aparte de controlar más las cuentas de los partidos políticos, el gobierno español también quiere endurecer el control y las sanciones a las empresas que participen en prácticas corruptas. De entrada, exigirá a las empresas que tengan sistemas de compliance anticorrupción, sobre todo las que quieran contratos con las administraciones. Pero, además, las compañías que hayan sido "condenadas por corrupción, fraude, cohecho o blanqueo", entrarán en una lista negra que les prohibirá que puedan seguir manteniendo contratos con la administración. Según el detalle del plan, el gobierno español propone reformar el Código Penal para "automatizar" que una empresa condenada por los delitos de cohecho, tráfico de influencias o malversación tampoco pueda recibir subvenciones y ayudas públicas ni obtener incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

El gobierno español también se compromete a "endurecer" las penas por delitos contra la administración pública y duplicar los plazos de prescripción, además de "aumentar las multas a las empresas corruptoras". En este sentido, propone calcular estas sanciones no sobre los beneficios obtenidos sino sobre los ingresos anuales. Además, también proponen cambios en el Código Penal para endurecer estas sanciones: desde penalizar "la obstrucción" a la justicia, hasta vincular el acceso a beneficios penitenciarios a devolver las cantidades obtenidas con prácticas corruptas.

Reformas judiciales y la figura del "decomiso administrativo"

El plan de Sánchez incluye cambios en el ámbito judicial. Propone crear "secciones especializadas" en delitos contra la administración pública dentro de los tribunales de instancia, con jueces especializados, además de dar "carácter preferente" a las causas en las que estén implicados cargos públicos. El gobierno español también quiere "reforzar" a la Fiscalía Anticorrupción y dotarla de más medios. En este sentido, reitera el compromiso por aprobar la ley de enjuiciamiento criminal para reformar el modelo de instrucción penal y que la competencia la tenga el ministerio fiscal. Una reforma que ha levantado las críticas de la derecha.

En esta normativa, el ejecutivo español también quiere incluir protección a los denunciantes de corrupción, es decir, cualquier persona que denuncie a la fiscalía, la policía oa un juez "actos de corrupción". Que estas personas tengan "garantías llenas de confidencialidad, protección y soporte legal". Asimismo, también se exigirá a las empresas incorporar canales internos de denuncia y que las administraciones públicas los sitúen también "en un sistema general de integridad institucional".

El ejecutivo español prevé dotar de más medios a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para localizar los bienes que se han obtenido ilícitamente. El plan incluye también crear la figura del "decomiso administrativo o preventivo". El objetivo es que permita "confiscar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa". De esta forma se evitaría que los responsables escondan o dispongan de dinero robado antes de que llegue la justicia.

La cultura de la "integridad"

Aparte de la batería de medidas de control y sanción contra las prácticas corruptas, Pedro Sánchez también considera importante "generar una cultura de la integridad" en todo el Estado. Así, ha anunciado que sacará adelante "estudios demoscópicos anuales" sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, además de campañas de "concienciación ciudadana" y reforzará la "formación de los trabajadores públicos en integridad y prevención".