Las picarescas de la ley del teletrabajo

El 23 de septiembre de 2020, en pleno auge del teletrabajo provocado por el covid, entraba en vigor el decreto ley del trabajo a distancia que habían pactado en tiempo récord el gobierno español y los agentes sociales (sindicatos y patronal). A pesar de que ha pasado un año, Inspección de Trabajo no tiene cifras de los expedientes que se han abierto por posibles incumplimientos de la normativa ni, lógicamente, tampoco de las multas. “No tenemos datos elaborados todavía”, explican portavoces del ministerio de Trabajo, que destacan que la ley “figura en vanguardia del marco europeo”.

Los que sí que han hecho balance de este primer año son los sindicatos, que ya han detectado alguna picaresca de las empresas para esquivar la normativa. “Muchas compañías que han hecho teletrabajo durante la pandemia han vuelto después de las vacaciones a la presencialidad y lo que están implantando es un día de trabajo a distancia a la semana para no tener que aplicar la ley”, denuncia la secretaria de acción sindical de Comisiones Obreras, Cristina Torre. Hay que recordar que la normativa solo se aplica si el trabajo desde casa representa como mínimo un 30% de la jornada semanal, lo que equivale a un día y medio. Si se supera este porcentaje, la empresa está obligada a firmar un acuerdo individual por escrito con el trabajador que tiene que incluir, entre otros, el pago de los gastos que supone hacer la jornada laboral desde el domicilio.

Los datos dan la razón a los sindicatos. Antes de la llegada del covid, la cifra de asalariados que hacían teletrabajo era más bien simbólica en Catalunya (8,6%). Solo el 4% lo habían hecho ocasionalmente mientras que un 4,6% trabajaban más de la mitad de días a distancia. El covid, sin embargo, desmenuzó las previsiones más optimistas y durante el confinamiento domiciliario (el segundo trimestre de 2020) se llegó a un pico récord del 21,2%. Desde entonces, y con la normativa ya vigente, este porcentaje ha ido bajando progresivamente y, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de este año, la cifra ya se ha situado en el 17,3%: un 11% hacen más de la mitad de días a la semana teletrabajo y el resto, tal y como denuncian los sindicatos, solo ocasionalmente (algún día a la semana). Todo apunta a que los datos del tercer trimestre todavía bajarán más. “Las cifras demuestran que la apuesta de las empresas por el teletrabajo ha sido pasajera y fugaz”, lamenta la UGT en un informe en que hace el balance de un año de teletrabajo.

Los sindicatos alertan de cuatro picarescas más que ya se están detectando. La primera: a pesar de que la ley deja claro que el empleado que teletrabaja tiene los mismos derechos que el que no lo hace, CCOO teme que los asalariados de pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales no tienen representación sindical, acaben renunciando a parte de sus derechos para continuar trabajando desde casa, como por ejemplo a ser promocionados.

La segunda, que ni la empresa ni el mismo trabajador cumplan el horario laboral y la desconexión digital. “Continúa habiendo mucha desconfianza por parte de las compañías con el trabajo a distancia y esto hace que no respeten los descansos del empleado y que este, para demostrar que está operativo, dé respuesta a cualquier petición sea la hora que sea”, explica Torre.

La tercera, que las empresas opten solo por contratar teletrabajadores. “Esto puede comportar que desmantelen sus espacios físicos y la deslocalización del empleado”, puntualiza la portavoz de CCOO.

La cuarta, que el teletrabajo se convierta en una medida para conciliar, a pesar de que la normativa lo descarta explícitamente. “Esto puede significar un regreso de la mujer a su domicilio y que pierda oportunidades para promocionarse ante el peso que todavía tiene la presencialidad en las empresas”, alerta Torre. En este sentido también añade que se tendrá que ver en un futuro que esto no provoque un aumento de la brecha salarial.

En vigor en las grandes empresas

En este primer año han sido básicamente grandes empresas las que han empezado a aplicar la normativa. Por ejemplo, la ley está vigente ya en convenios colectivos como el de la industria química o en multinacionales como Telefónica, Adif, Repsol, Renault, el BBVA o AXA. En cuanto al cobro de gastos, uno de los puntos más conflictivos, lo han resuelto con un pago de entre 35 y 55 euros adicionales al mes en función de la compañía.