Consum bloquea 65.000 pisos turísticos ilegales en Airbnb

BarcelonaEl ministerio de Consumo ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales publicados en su plataforma de alquileres. Según ha explicado este lunes a través de un comunicado, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha instado a la filial irlandesa de la multinacional a eliminar estas ofertas al considerarlas "ilícitas al contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos".

Concretamente, el ministerio denuncia que Airbnb vulnera la normativa de las distintas comunidades autónomas donde se han detectado los anuncios. Por ejemplo, alerta de que no incluyen el número de licencia o registro, un requisito que imponen varios territorios del Estado y es la infracción más común detectada por Consum. Por otra parte, avisa de que en las ofertas en las que sí aparece el número de licencia, éste no corresponde con el expedido por las autoridades.

El ministerio también denuncia que los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendatarios, es decir, si son profesionales o sociedades o particulares. Además, asegura que en todos los casos se trata de viviendas completas de uso turístico y no de habitaciones individuales.

Durante los últimos meses, Consum ha enviado a la compañía hasta tres resoluciones notificando estos más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, y ya se instaba a la empresa a bloquear esta publicidad. Airbnb recurrió la medida ante la justicia y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronunció sobre la primera resolución, con una sentencia que avala las actuaciones de Consum. Así pues, el tribunal madrileño insta a la plataforma tecnológica a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de forma inmediata.

Cruzada contra las plataformas

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el TSJM no solo afectan a viviendas de la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, explica el ministerio, sino que también incluye a otros en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. Bustinduy ha manifestado públicamente su objetivo de "colaborar con las administraciones públicas competentes para acabar con el desmadre y la ilegalidad generalizada de los alojamientos turísticos", así como favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores. Por eso su ministerio está trabajando en varias actuaciones para continuar con esta batalla contra las plataformas.