Control o privacidad: el "reto" de la verificación de edad en internet

BarcelonaEl juicio histórico a Meta, la matriz de Facebook e Instagram, por los efectos perniciosos de sus redes sociales sobre niños y adolescentes, obliga a reabrir el debate del acceso de la juventud a las redes sociales. El estado español ya estudia una norma para obligar a las plataformas digitales a establecer controles efectivos para alejar a los menores de 16 años; una propuesta que la ministra de juventud e infancia, Sira Rego, espera que se apruebe tras las vacaciones, según declaraba en una reciente entrevista con la agencia Europa Press. España se sumaría a un tren que pilota Australia, que prohibió el acceso a las redes a los menores de 15 años en diciembre. También Francia aspiraba a añadirse a la tendencia; si bien su ley, que debía entrar en vigor el 1 de septiembre, fue tumbada por el Consejo Constitucional, alegando que la prohibición "no proveía las salvaguardas legales necesarias para garantizar el derecho al respeto a la vida privada". El órgano también observaba un conflicto claro con la libertad de expresión de los usuarios afectados.

El caso francés ha demostrado las dificultades que encontrarían las plataformas para aplicar una prohibición de acceso a menores equilibrada en las redes sociales. No en vano, Meta alegaba en un reciente comunicado que los 29 estados que la han llevado ante el tribunal de Oakland quieren atribuirle "un reto que tiene toda la industria", como es el de la verificación de edad. En palabras de José María Fachado, director técnico de la empresa catalana i3e, "hay herramientas de control de edad, pero chocan con los límites legales". "El reto técnico es implementar un control que no sea intrusivo", argumenta el experto, en conversación con el ARA.

Cabe decir que las normativas ya vigentes, como la australiana, dejan en manos de las plataformas las herramientas que usan para reconocer la edad de los usuarios; y solo establecen que "deben funcionar de acuerdo con los requisitos regulatorios en términos de privacidad y derechos digitales". Algunas de las más recurrentes, según Fachado, serían el reconocimiento de edad por IA, o la identificación con documentos oficiales. Son herramientas que presentan, sin embargo, problemas abundantes ante la normativa europea de protección de datos, ya que "se otorgan datos innecesarios de los usuarios a una plataforma privada", en palabras del experto.

La alternativa más favorable, según señala César Córcoles, profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC, serían los certificados digitales emitidos por la administración, como la aplicación de verificación de edad que anunció la UE en abril. "Puedes obligar a usar un certificado que, sin ofrecer ningún dato más, simplemente devuelva a la plataforma una respuesta sobre si el usuario es mayor de edad" en el momento de creación de la cuenta, indica el experto a este diario. Es decir, una herramienta digital pública que cuente con todos los datos del usuario; pero que no los entregue a la plataforma, y simplemente identifique si el usuario cumple o no el requisito mínimo de edad, sin otorgar más información.

Según la estrategia digital de la Comisión Europea, esta solución "preserva la privacidad, es fácil de usar y es plenamente interoperable con las futuras carteras de identidad digital de la Unión Europea". Como recuerda Fachado, una herramienta de raíz pública de estas características sería la única alternativa viable en la UE, dado que "solo las administraciones pueden almacenar datos personales de los usuarios" como los que harían falta para aplicar medidas de control de edad.

Los límites del control

Las herramientas de control de edad, es decir, tienen limitaciones claras; y los expertos consultados señalan que será complicado hacer un seguimiento continuado de la prohibición, incluso con aplicaciones como estos certificados públicos. Australia es, de hecho, el ejemplo más claro: según un estudio de la Comisión eSafety, el regulador independiente australiano de seguridad en la red, la prohibición para los menores ha estado muy lejos de cumplir sus objetivos. De acuerdo con el informe, publicado a finales de julio, más del 80% de los jóvenes de menos de 15 años consultados continuaban utilizando alguna de las plataformas bloqueadas.

Cabe decir que, según el informe del gobierno australiano, buena parte de la quiebra provenía de las mismas plataformas sociales, que no estarían aplicando correctamente los controles de edad. De hecho, más de la mitad de los menores encuestados por el regulador aseguraba que las redes sociales controladas no habían pedido todavía ninguna confirmación de edad tres meses después de la entrada en vigor de la medida. "En ausencia de procesos efectivos de control de edad, muchos niños simplemente han mantenido sus cuentas", lamenta el documento público. Cabe decir que hay procesos que no piden una verificación de edad por parte del usuario, como el análisis de pautas de uso, que estudia las tendencias de consumo de una cuenta y las utiliza para determinar la edad del consumidor. Aun así, no parecen estar sirviendo para prevenir el acceso de los menores a las redes.

A juicio de Córcoles, esta quiebra demuestra los límites técnicos de muchos métodos de verificación de edad, como las verificaciones biométricas o la estimación de edad con una imagen del usuario. Este tipo de herramientas, resuelve el experto, “cometen errores bastante gruesos”, y pueden dejar pasar fácilmente usuarios menores de edad; o impedir el acceso a redes a otros que estén por encima del umbral regulador. En este sentido, considera que “desde el punto de vista técnico, los mecanismos que tenemos suponen cierta pérdida de privacidad, y son poco eficaces”. 

En cuanto a la herramienta de verificación de edad que propone la UE, el profesor de estudios de informática de la UOC señala los problemas de accesibilidad social que podría tener esta medida: obligar a presentar certificados digitales para crear cualquier cuenta en línea podría dejar fuera a la gente mayor, con más problemas de alfabetización digital. También a las personas en situación irregular, o a las personas sin hogar. "Cualquiera que no cuente con este certificado, estaría expulsado de todo el mundo digital", lamenta el docente. En este sentido, de vuelta al juicio a Meta, pone el foco en el control de las mismas redes, y de las dinámicas adictivas y perniciosas que ahora mismo se están juzgando en California: "quizás, en lugar de impedir el acceso a los menores, se debería garantizar que las plataformas dejen de ser tóxicas para todos", concluye.