El ministerio de Consumo expedientea a una gran empresa de telecomunicaciones por cláusulas abusivas

BarcelonaEl Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del gobierno español ha abierto un expediente a una gran empresa de telecomunicaciones –no especifica el nombre– por haber llevado a cabo una serie de prácticas que se consideran abusivas.

En un comunicado emitido este viernes, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy tampoco detalla qué tipo de mala praxis se está investigando, y fuentes del ministerio consultadas por el ARA se limitan a apuntar que la información que se puede aportar a estas alturas es limitada, ya que se trata de un expediente que todavía está en curso. Sin señalar acciones concretas, el departamento solo dice que las cláusulas abusivas son "todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato".

En caso de que se confirmaran las malas prácticas, la compañía en cuestión se expondría a multas que podrían llegar a un millón de euros por cada una de las acciones cometidas, o bien una sanción que multiplicaría entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Obligatoriedad de un nuevo prefijo comercial

Coincidiendo con la apertura de este expediente, el ministerio de Consumo ha recordado que, a partir de este sábado 17 de octubre, entrará en funcionamiento una nueva norma para proteger los derechos de la ciudadanía. De ahora en adelante, las empresas que ofrezcan productos o servicios a través de llamadas telefónicas deberán identificar sus números con el prefijo 881, en aplicación de la ley de servicios de atención a la clientela (la ley SAC), en vigor desde finales del año pasado. Además, los teléfonos con este prefijo solo podrán realizar llamadas, pero no recibirlas.

Por otro lado, la ley SAC establece que se declare la nulidad de todos los contratos que se cierren a través de llamadas telefónicas no consentidas, una medida que, a los ojos del gobierno español, quiere evitar que los consumidores se sientan "presionados" por este tipo de mensaje. De esta manera, el ejecutivo también busca desincentivar que las compañías del sector apuesten por este método a la hora de intentar captar nuevos clientes.