El negocio del miedo y el racismo: grandes empresas y tecnológicas se enriquecen con las redadas migratorias de Trump
La externalización del control de fronteras alimenta un negocio de más de 22.000 millones de dólares para el sector privado en medio de una crisis social
LondresLa segunda presidencia de Donald Trump ha transformado la frontera y las ciudades estadounidenses en un inmenso laboratorio de seguridad privada. Bajo el paraguas de la retórica de la "seguridad nacional" y del control de fronteras, la Casa Blanca y el Tesoro estadounidense han desplegado una maquinaria de persecución y detención que no sólo se mueve con órdenes ejecutivas, sino con un flujo constante de miles de millones de dólares que van desde las arcas públicas hasta manos del sector privado.
Según un análisis exhaustivo de datos de la contratación gubernamental, difundido por Forbes y el Financial Times, entre otros medios, un selecto grupo de compañías estadounidenses ha cambiado sustancialmente su modelo de negocio para convertirse en los pilares de la agresiva estrategia antiinmigración del republicano. En total, a lo largo de 2025 han captado más de 22.000 millones de dólares, unos 18.600 millones de euros.
El fenómeno no es casual, sin embargo, sino que es el resultado directo de una política que ha priorizado la externalización de la vigilancia y la logística de las deportaciones a empresas que, en muchos casos, mantienen estrechos vínculos con el aparato político del Partido Republicano.
La aceleración del gasto público tiene un origen claro en el calendario legislativo: la ratificación, en julio de 2025, de la ley de financiación conocida como la Big Beautiful Bill. Esta legislación ha inyectado fondos sin precedentes en el Inmigration and Customs Enforcement (el tristemente famoso ICE) y el Customs and Border Protection (CBP). Desde su aprobación, el gasto del ICE en contratos privados se ha duplicado, pasando de 1.500 millones a 3.700 millones de dólares en sólo dos trimestres.
Por su parte, el CBP ha multiplicado por siete su presupuesto en contratos con el sector privado, que han registrado cerca de 2.000 millones de dólares en nuevas tareas sólo durante el último mes. En este contexto, la colaboración entre el estado y la empresa privada se ha especializado hasta niveles quirúrgicos, y se ha creado una red en la que cada corporación juega un rol determinante en la cadena de expulsión de las personas sin permiso de residencia.
Dentro de este complejo industrial, Fisher Sand & Gravel destaca como el contratista estrella de la construcción del muro fronterizo con México. La empresa, liderada por el donante republicano Tommy Fisher, ha logrado trabajos por valor de 6.000 millones de dólares. Gestiona así la mayor infraestructura física del programa de Trump y se consolida como el brazo constructor de la separación fronteriza entre Estados Unidos y México.
Pero una vez el obstáculo físico es superado, la maquinaria logística de la expulsión requiere capacidades de todo tipo: por ejemplo, movimientos aéreos masivos. Es aquí donde entra en juego la compañía CSI Aviation. Con 1.200 millones de dólares en contratos, la firma ha operado como broker de vuelos chárter, y se ha convertido en una pieza indispensable para el ICE al gestionar el espacio aéreo necesario para las deportaciones masivas desde la vuelta de Trump al poder en enero de 2025.
Tecnologías represivas
La estrategia de la administración republicana no se limita a la fuerza física. La inteligencia artificial y el rastreo digital son igualmente críticos. La consultora global Deloitte ha visto cómo se actualizaban sus contratos por un valor de cien millones de dólares para incluir sistemas de apoyo a la "búsqueda en internet y análisis de datos" destinados específicamente a las operaciones de objetivos del ICE.
Esta capacidad de análisis se combina con el cerebro informático que proporciona Palantir. La tecnológica de Alex Karp, con 81 millones de dólares en contratos durante el pasado año, ha desarrollado el polémico software destinado al seguimiento de la llamada autodeportación, una herramienta diseñada para monitorear y presionar a aquellos inmigrantes que optan por abandonar el país ante la asfixia burocrática y policial. Por último, el traslado terrestre de los detenidos queda en manos de G4S, la firma británica de seguridad que, con 68 millones de dólares en contratos, se encarga de la logística más directa del transporte durante las operaciones de expulsión y remoción. Una compañía que, por otra parte, protagonizó repetidos escándalos por las operaciones de seguridad de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012.
Todo este gasto público se produce en un escenario de profunda fractura social y política. Las recientes muertes de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes federales en Minneapolis han encendido no sólo la capital de Minnesota sino también otras ciudades del país y el Congreso, y han forzado un debate sobre la brutalidad de las tácticas utilizadas. Pese a que la Casa Blanca ha intentado tachar a las víctimas de "terroristas domésticos", las evidencias de vídeo sugieren una realidad muy distinta.
El cierre parcial de gobierno ha provocado la suspensión de la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional si no se detienen estas intervenciones y los demócratas amenazan con mantenerlo hasta que la administración acepte algunas de sus exigencias respecto a los agentes antiinmigración, como que vayan identificados y sigan un código de conducta.
Mientras el país se dirige hacia un posible cierre total del gobierno, el sector privado sigue ejecutando unos contratos que demuestran que, para muchas multinacionales, la gestión de la inmigración se ha convertido en el negocio más lucrativo de la década.