Asalto final y genocidio en Gaza
Tras casi dos años de guerra, el ejército israelí ha iniciado este martes lo que parece el asalto terrestre final para conquistar la ciudad de Gaza, el núcleo urbano más importante de la Franja, con una población estimada de 600.000 personas y que ha aumentado hasta el millón en los últimos meses por la llegada de refugiados que huyen de los ataques. El primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, ha tomado esta decisión pese a saber que la operación militar provocará un número importante de bajas civiles entre los palestinos, que ya no tienen dónde refugiarse. Se calcula que sólo 140.000 personas han obedecido a la orden de evacuación del ejército israelí. De hecho, la pasada madrugada la ciudad fue sometida a un intenso bombardeo previo al despliegue de dos divisiones con carros de combate e infantería. De momento el balance del día es de 85 gazatinos muertos por los bombardeos y otros tres por hambre.
No está nada claro cuál es el objetivo de la ocupación de Gaza más allá de hacer imposible la vida a sus ciudadanos y obligarles a abandonar sus hogares. Porque una vez que el ejército israelí controle el 100% de la ciudad, ¿qué hará más allá de mantener un importante contingente de soldados patrullando entre los escombros? No debe hacerse un gran esfuerzo para ver que lo que está haciendo Israel es practicar una política de limpieza étnica, es decir, de desplazamiento forzoso de población.
El problema es que como esta población no quiere ser desplazada, los métodos que se utilizan son sospechosamente parecidos a los que definen el concepto jurídico de genocidio. Así lo ha establecido un panel de expertos independientes en un informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que se ha presentado este martes en Ginebra. Esta comisión ha considerado probadas cuatro de las cinco acciones que definen el genocidio: asesinar, infligir un daño físico o mental grave, imponer condiciones para llevar a la destrucción de un pueblo e imponer medidas para evitar nacimientos, citando casos como el ataque a una clínica de fertilidad y las restricciones a la llegada de ayuda humanitaria. El informe tiene todavía un peso más relevante porque lo ha presentado la prestigiosa jurista Navi Pillay, que presidió el Tribunal Penal Internacional que juzgó el genocidio cometido en Ruanda en 1994.
Cada vez hay menos argumentos para no considerar lo que está pasando en Gaza como un genocidio, y por tanto hay que esperar a que la comunidad internacional empiece a actuar como corresponde en estos casos. La Comisión Europea dará un paso este miércoles para suspender de forma parcial el acuerdo de cooperación de la UE con Israel. Y la presión internacional debe continuar en todos los órdenes, tal y como se hizo en los años 70 y 80 con la Sudáfrica del apartheid. Es cierto que Israel cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos y eso le otorga carta blanca a los territorios ocupados, pero ha llegado un momento en que todo el mundo debe asumir su porción de responsabilidad moral ante unos hechos que estremecen al mundo y nos retrotraen a tiempos muy oscuros.