Un chapuza policial que ahora es una crisis política
La decisión de la Comisaria General de Información de los Mossos d'Esquadra de enviar a dos agentes de paisano a una asamblea de docentes para, según el cuerpo, hacer una evaluación de riesgos ante un conflicto laboral "siempre atendiendo a la legislación vigente" ha generado una tormenta política que le puede complicar la vida al Govern. El hecho de que los docentes descubrieran la identidad de las agentes, que se hicieron pasar por profesoras de un centro, es un desastre que amenaza con hacer aún más ancha la fractura actual entre los maestros y la conselleria, justo a las puertas de una nueva ronda de negociaciones que debía comenzar el lunes.
Pero aún más graves pueden ser las consecuencias políticas de la crisis. El hecho de enviar policía de incógnito a un centro escolar para espiar a los maestros, a pesar de que el departamento de Interior quiera encuadrarlo en la normalidad de la recopilación de información ante protestas y movilizaciones y de que sea incluso legal, es una mancha en la imagen del cuerpo. Cerrar filas como han hecho el president, Salvador Illa, y la consellera, Nuria Parlon, es una respuesta insuficiente. Hay que dar explicaciones y abrir un debate sobre los límites de este tipo de actuaciones policiales.
Aunque este caso no es comparable al de las infiltraciones policiales que sufrió la izquierda independentista, y que se hacían con autorización judicial, los maestros tienen razón de sentirse indignados y creer que sus derechos se han visto conculcados por la acción de la policía. En un conflicto laboral, las partes tienen derecho a discutir sus respectivas estrategias sin que la otra parte tenga conocimiento. Y esto ahora, por un exceso de celo de los Mossos, se ha puesto en peligro.
A Salvador Illa, inmerso en la negociación de los presupuestos con ERC, se le abre ahora un nuevo frente de difícil gestión, ya que los republicanos, junto con Comuns y la CUP, han reclamado el cese del director de la Policía, Josep Lluís Trapero, como responsable político del despropósito. Es evidente que, si el Gobierno pretende mantener a Trapero en su cargo, tendrá que hacer cesiones en otros ámbitos para recuperar la confianza tanto de sus socios de legislatura como del colectivo de los maestros.
En resumen, esta actuación policial cuestionable puede salir especialmente cara a un Gobierno que hasta ahora ha ido navegando por las sucesivas crisis que ha afrontado con una cierta tranquilidad. Pero después de la polémica por el plan piloto sobre la presencia policial en los institutos, el conflicto laboral con los docentes parece ahora mismo enquistado y nada hace prever una resolución rápida. Y si hasta ahora el ejecutivo podía mantenerse firme en la oferta aceptada por la UGT y CCOO, ahora los Mossos han otorgado a la USTEC una poderosa palanca de presión en la futura negociación. Y para un gobierno de izquierdas, tener a los maestros en pie de guerra siempre es mala pieza al ajedrez.