¿Qué debemos hacer con los bosques?

Volvemos a estar incendiados. El verano de fuegos forestales ha comenzado muy pronto, impulsado por unas olas de calor extremas que se han sumado a una masa boscosa frondosa, de un gran potencial ignífugo, debido a la primavera y el invierno lluviosos que nos han precedido. En Almería, los incendios han sido trágicos, con un tristísimo coste en vidas humanas. La alarma social está, pues, del todo justificada.

Lo más preocupante de lo que nos está pasando es que tiene todos los números para convertirse en una nueva normalidad. Por un lado, sabemos que tendremos que convivir con los fuegos, que son un fenómeno intrínseco del Mediterráneo, pero, por otro, su creciente virulencia nos aboca a situaciones críticas, espantosas. Y por mucho que hagamos campañas de concienciación ciudadana y que tengamos unos cuerpos de Bomberos sobradamente preparados –el cuerpo catalán tiene un merecido prestigio ciudadano e internacional–, nunca habrá suficientes recursos. La concienciación y la extinción tienen límites. Allí donde hay que avanzar más, y donde se ha hecho menos, es en la gestión integral de los bosques.

El escenario actual nos sitúa en aquello tan dicho y tan poco hecho: los incendios se apagan en invierno. La gestión forestal es crucial. ¿Por qué no la estamos haciendo? ¿Cómo se debe hacer? ¿Quién la debe hacer? El abandono agrario y el éxodo rural de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy hace que tengamos un 64% de la superficie de Cataluña boscosa. Hace 70 años era el 35%. Hemos pasado de un mosaico de campos, pastos y dehesas a un continuo boscoso denso y joven, que crece sin control.

¿Qué actuaciones técnicas harían falta? Clareos, talas selectivas, desbroces y podas, plantación de especies diferentes, uso de la ganadería para limpiar el sotobosque, apertura de caminos de acceso y creación de franjas de protección alrededor de zonas habitadas... Todo esto demanda inversión. Y la inversión debe ir ligada a una sostenibilidad económica.

Antes, de los bosques se extraía madera, corcho y carbón. Hoy todo eso ya no da. Una gran finca forestal tiene menos valor que un piso en el Eixample de Barcelona. Una hectárea de bosque cuesta 1.200 euros, mientras que arreglarla o hacer algún tipo de gestión supone un gasto de 1.500 a 2.500 euros. Hasta que las explotaciones no sean sostenibles económicamente, o hasta que como mínimo no generen pérdidas, difícilmente se avanzará.

Solo con desgravaciones fiscales o subvenciones –de Europa, de la Generalitat– no saldremos adelante. La burocracia tampoco ayuda. El 76% de los bosques están en manos privadas. Y un 90% de estos bosques pertenecen a solo un 10% de los propietarios. E incluso en estos casos les cuesta sacar rendimiento. Hace falta, sin duda, un plan de país que incluya una estrecha colaboración público-privada. Toca promover sellos de calidad de la madera local (la mayoría se importa), toca hacer grandes inversiones, se debería promover la filantropía ambiental ciudadana y los seguros.

El bosque tiene propietarios, claro, pero a la vez la gente se lo siente suyo. El paisaje es un bien común. Convertir esta dualidad privado-común en políticas concretas que den valor económico al bosque es un reto mayúsculo y complejo. Un reto, sin embargo, imprescindible en el combate contra los incendios.