El peligroso seguidismo del PP con Vox
BarcelonaEl PP llevará a votación este miércoles en el Congreso un texto en el que se pide "priorizar el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, así como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, a las personas que acrediten un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, inspirándose en el principio de prioridad nacional". De esta manera, afirman los populares, trasladan a la cámara baja "el alma" del acuerdo con Vox en Extremadura. Sin duda se trata de un movimiento relevante, ya que Alberto Núñez Feijóo decide asumir un principio que históricamente ha estado vinculado a la extrema derecha, y especialmente al lepenismo francés, a pesar de las reticencias expresadas por figuras relevantes de su partido como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla.
Antes que nada, hay que dejar claro que la aplicación generalizada de este principio es contraria a la Constitución, que en el artículo 14 afirma: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". También es contraria a los Tratados Europeos, que fijan que un ciudadano europeo debe recibir el mismo trato legal en toda la UE. Es por ello que el PP hace suyo el principio, pero rebaja su aplicación al concepto de "arraigo" para esquivar las dudas legales, de manera que abre la puerta a que se pueda pedir un tiempo determinado de empadronamiento para acceder a determinadas ayudas o a un alquiler público.
Estamos, sin embargo, en un terreno muy resbaladizo que representa una gran victoria discursiva de la extrema derecha, quizás la más importante desde que comenzaron los pactos PP-Vox, porque este va claramente en contra del espíritu de la Constitución. Por ejemplo, es comprensible que un ayuntamiento quiera imponer un tiempo mínimo de empadronamiento para acceder a vivienda pública para evitar la picaresca y que la acaben ocupando personas de otro municipio. Pero si se establece un plazo muy largo, entonces es evidente que el objetivo en un contexto de elevada inmigración como el actual ya no es luchar contra la picaresca, sino aplicar el principio de prioridad nacional de manera indirecta. Restringir derechos a los recién llegados, poniéndolos en una situación de desigualdad respecto a los autóctonos aunque sea de manera temporal, es un camino peligroso que nos aboca a una sociedad con diferentes tipos de ciudadanos y, en última instancia, a sociedades segregadas. Porque, no nos engañemos, lo que late detrás de este eslogan es el rechazo a la inmigración y la xenofobia.
Lo más preocupante, sin embargo, es la facilidad con la que un partido teóricamente de gobierno y con principios claros como el PP ha comprado todos los marcos mentales que Vox le ha impuesto, como ahora la crítica al feminismo y al ecologismo, y ahora el principio de prioridad nacional. Estamos llegando a un punto en el que resulta difícil saber con exactitud cuáles son las líneas rojas del PP respecto a Vox, es decir, en qué se diferencian. Y hasta ahora, este seguidismo, o más bien mimetización del PP, a quien ha beneficiado ha sido a la extrema derecha, y no al partido de Núñez Feijóo.