Hacemos pisos, hacemos pisos!
La sociedad catalana libra una batalla de resultado incierto contra la falta de vivienda. El acceso a un hogar digno es uno de los puntos de dolor social más agudo. Tener vivienda en propiedad o no tenerla es, hoy día, el elemento que más marca la diferencia de estatus social. Y de tranquilidad vital.
Ante esto, las políticas públicas no acaban de encontrar el punto de equilibrio entre facilitar la actuación del sector privado –es necesario ampliar la oferta de vivienda nueva y social– y regular los precios de alquiler para no dejar sin acceso a la vivienda al grueso de la población, especialmente a los jóvenes, pero no solo. Por un lado, se buscan sinergias con los constructores y, por otro, se ponen topes a los alquileres, que, aun así, continúan subiendo, pero menos. Hay que probar todas las vías. Estamos ante una emergencia residencial.
Si durante la Guerra Civil se hicieron famosos los carteles de la Generalitat que decían "¡Hagamos tanques!", ahora toca instar a todos a hacer pisos: "¡Hagamos pisos!" Justo este viernes se ha sabido que ayuntamientos y promotores han presentado 310 solares a la segunda convocatoria del Gobierno de reserva pública de terreno para construir viviendas de alquiler asequible. Según la Generalitat, estos solares tienen capacidad para 11.000 pisos. Pertenecen a 126 municipios y el 40% de los terrenos se encuentran en el área metropolitana de Barcelona. En la primera convocatoria se presentaron 670 solares, con capacidad para hacer 22.000 pisos. El objetivo –la promesa– gubernamental es llegar a las 50.000 viviendas en 2030. No queda claro que el ritmo sea el adecuado. En los casos en que todo vaya sobre ruedas, entre que se dispone de un solar y que el edificio se hace realidad pasan unos tres años.
El Gobierno sostenía el pasado octubre que ya había 31.000 de los 50.000 pisos "en marcha", pero según la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña, la licitación efectiva va mucho más lenta. En paralelo, a pesar de las subidas del Euríbor –el índice de referencia de los préstamos interbancarios que marca el precio de las hipotecas–, el mercado de compraventa muestra un gran dinamismo. Entre enero y junio se formalizaron en Cataluña 57.349 operaciones: es el primer semestre con más actividad desde 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero el crecimiento poblacional continúa siendo más fuerte que el crecimiento de la oferta de vivienda, y al mismo tiempo son muchas las familias que no pueden pensar en comprar nada. Y aún hay un factor relevante más: la mayoría de las compras son de pisos de segunda mano, un segmento que concentra el 80% de las operaciones.
Los expertos piden que se hagan apuestas a largo plazo que, por un lado, garanticen el acceso a la vivienda a todo el mundo–con alquiler social u otras fórmulas– y que, por otro, den seguridad a los pequeños propietarios a la hora de poner sus pisos en alquiler e incentiven la obra del sector inmobiliario, incluidos los promotores sociales sin ánimo de lucro. Todo esto en un entorno fuertemente interferido por el turismo y la compra especulativa. Precisamente esta semana el Consejo de Garantías Estatutarias ha enmendado la ley del Gobierno que quería frenar la compra especulativa porque entiende que perjudica la propiedad. Es un toque de atención que expresa la complejidad mayúscula de la crisis de la vivienda. Hay que seguir actuando en todos los frentes.