Proteger a los pequeños inversores de renovables
Aún no sabemos las causas del apagón masivo del 28 de abril que dejó toda la península Ibérica sin luz, pero sí sabemos que la falta de inversiones y la inestabilidad de la red son dos puntos débiles relacionados y que conviene abordar. Las energías renovables no son las responsables del apagón, pero la falta de planificación y de previsión a la hora de integrarlas en el sistema eléctrico puede tener mucho que ver. Esta falta de previsión y planificación se está notando también ahora con la situación de 8.500 pequeños inversores catalanes en energía solar –62.000 en España–, que han quedado abandonados por la misma administración que les empujó a realizar la inversión y que ahora compensa, por las mismas razones, grandes fondos internacionales pero a ellos les deja a la misma.
En 2010, debido a la crisis económica, el gobierno español, en manos de los socialistas, recortó las retribuciones a las plantas de energía solar. Lo hizo a cambio de alargarlas otros cinco años. Pero en el 2014 el gobierno, entonces en manos del PP, cambió el sistema para su cálculo y, en la práctica, las redujo entre un 30% y un 50%. Muchos pequeños inversores se habían endeudado para sacar adelante los proyectos de energías renovables, en un momento en el que la tecnología no era tan madura ni tan asequible como ahora. Habían sido unos pioneros, pero a raíz de los cambios de regulación empezaron a encontrarse en una situación complicada. Algunos se malvendieron las instalaciones, otros tuvieron que refinanciar la deuda y pagar más intereses, lo que reducía aún más los ingresos que conseguían.
Esta situación no sólo afectó a pequeños inversores. La Moncloa ha decidido pagar 32 millones de dólares de compensación por estos cambios de regulación en el fondo Blasket, especializado en pleitos judiciales, que tenía un proceso de arbitraje abierto en el Banco Mundial. Blasket había comprado los derechos de ese pleito a otra gran empresa, JGC Holdings. Por el contrario, el Tribunal Supremo considera que los pequeños inversores no tienen ningún derecho a compensación alguna. Ellos han tenido que acudir a la justicia española.
Todo ello, aparte de una clara sensación de injusticia que hace que los pequeños inversores reclamen también compensaciones, tiene efectos para toda la sociedad. Si las energías renovables habían sido una oportunidad para descentralizar el sector de la producción eléctrica, al contrario de lo ocurrido con el sistema energético basado en combustibles fósiles, esta oportunidad se está perdiendo. Según la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, si entre 2007 y 2008 las pequeñas instalaciones ofrecían el 62% de la capacidad de generación eléctrica instalada, ahora son sólo el 0,5% de las nuevas. Así pues, parece que se pierde el empuje de pequeños empresarios e inversores que podrían ayudar a acelerar el desarrollo de la producción eléctrica con energías renovables, imprescindibles para intentar frenar el calentamiento global y para garantizar la soberanía energética europea.