Pederaztia en la Iglesia: la punta del iceberg
Después de décadas de silencio, finalmente la Iglesia católica española asume explícitamente su responsabilidad en los abusos sexuales a menores, y lo hace de la mano y bajo la lupa del Estado. En concreto, bajo la vigilancia y mediación de la institución del Defensor del Pueblo. Ya era hora. Más vale tarde que nunca. Hay muchísimo trabajo por hacer. Esto debería ser sólo el comienzo y la Iglesia debería ser la primera interesada en ir hasta el final.
Sin el impulso y el explícito mea culpa institucional del anterior papa, Francisco, que pidió actuaciones claras a la jerarquía, una línea que está siguiendo León XIV, seguramente no se habría dado el paso. El acuerdo presentado este jueves entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y los presidentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, es importante y desde luego es bienvenido. Pero ha costado mucho. Demasiado. Por el camino ha quedado una larga y espesa sombra de silencio, una práctica permanente de años y años consistente en esconder las vergüenzas y, por tanto, un consciente encubrimiento de delitos y un no menos consciente abandono de las víctimas menores de edad, a las que se les ha escamoteado la justicia y se ha condenado a arroces. Por fin, pues, se podrá empezar a poner manos a la obra para revertir tanta impunidad.
En el caso catalán, algunas órdenes religiosas católicas y algunos obispados apenas han empezado tímidamente en los últimos años a reconocer casos, a remolque de denuncias públicas a raíz de trabajos de investigación periodística del ARA y otros medios de comunicación. Sin embargo, la sensación es que hasta ahora sólo hemos visto la punta del iceberg de los abusos de pederastia. Hay mucho trabajo por hacer, muchas reparaciones pendientes, mucho dolor por destapar.
En el conjunto del Estado, según el informe sobre la pederastia en la Iglesiaelaborado por el Defensor del Pueblo en 2023, un 1,13% de la población adulta ha sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso y un 0,6% directamente de sacerdotes y religiosos. De realizarse la extrapolación, serían unas 440.000 personas víctimas en el primer caso y 234.000 en el segundo, sobre un total de unos 39 millones de personas adultas en todo el Estado. Está claro que hay muchísima justicia pendiente.
El acuerdo al que han llegado la Iglesia y el Estado es sólo un punto de partida. Habrá que estar atentos a qué desarrollo tiene: qué resultados tangibles da, cómo se van concretando, cómo se explican. Sería un fracaso que los procesos se ralentizaran y eternizaran. Ya ha pasado demasiado tiempo. En cualquier caso, el hecho de que la institución religiosa se someta en última instancia –en los casos que no haya acuerdo entre las partes– al criterio del Defensor del Pueblo es relevante y da credibilidad al acuerdo. Y a escala catalana, tendría todo el sentido de que también se arbitrara un mecanismo propio entre la Sindicatura de Greuges y las instancias de la Iglesia del país. De hecho, Catalunya es el territorio del Estado donde más casos han salido a la luz y ha empezado a haber algunas reparaciones. Es el momento de dar más pasos adelante.
