El Defensor del Pueblo calcula que ha habido 440.000 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia

MadridUn 1,13% de la población adulta ha sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso y un 0,6% directamente de sacerdotes y religiosos. Es la principal conclusión que ofrece una encuesta incluida en elinforme sobre la pederastia en la Iglesia que ha elaborado el Defensor del Pueblo en el último año y medio para arrojar luz a esta lacra. Si se realiza la extrapolación, serían unas 440.000 personas víctimas en el primer caso y 234.000 en el segundo –sobre un total de unos 39 millones de personas adultas en el Estado–. "España hoy es un país mejor", ha destacado el presidente español, Pedro Sánchez, desde Bruselas. La proyección sitúa a España como el país con más casos en el mundo y el jefe del ejecutivo ha reconocido que habrá que analizarlo y actuar en consecuencia. Entre las recomendaciones, destaca la creación de un fondo estatal para recompensar a las víctimas. En rueda de prensa, Ángel Gabilondo ha considerado "fundamental" e "inevitable" que la Iglesia contribuya económicamente.

Gabilondo ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el informe elaborado a petición de la cámara baja. Según los datos de la encuesta encargada a Gad3, realizada a 8.013 personas, los abusos sexuales infantiles se dan mayoritariamente en mujeres, pero esto se revierte si se acota el contexto al ámbito religioso: ha habido más víctimas varones (53 ,8%) que mujeres (46,2%). Y de los agredidos por sacerdotes o religioso, un 64,6% son hombres. Los casos se dan más en personas de mayor edad, por lo que el fenómeno de los abusos sexuales en contextos de la Iglesia ha ido decreciendo, apunta el informe.

La tarea coordinada por el Defensor del Pueblo no cuantifica el número de personas que han sido víctimas de pederastia en todo el Estado, más allá del porcentaje de la encuesta. Gabilondo ha evitado realizar estimaciones. Lo que se ha hecho son entrevistas a 373 testigos que han permitido detectar a 487 víctimas. De estos 373, 334 han relatado su propia experiencia y 39 han puesto voz al sufrimiento de terceras personas. En esta muestra, también se ha producido una notable diferencia entre sexos: de las 487 víctimas que han querido compartir los hechos, 410 son hombres y 76 mujeres. Casi la mitad de estas víctimas, un 47,8%, sufrieron abusos sexuales entre 1960 y 2000. Su testigo, lamentó Gabilondo, permitió determinar unos "efectos devastadores" para las víctimas. El Defensor del Pueblo ha instado ahora a los poderes legislativo y ejecutivo a tomar medidas para garantizar la reparación de las víctimas, y la Iglesia a poner a disposición todos sus archivos.

"Algunas víctimas han tenido que hacer frente a la negación, a las presiones, e incluso se les culpabilizaba de los abusos sufridos. La Iglesia católica es plural y la comisión asesora ha detectado buenas y malas prácticas. Ha habido cautelas y voluntad de minimizar el fenómeno, pero ahora no es posible hacerlo. La sociedad no lo permitiría", ha afirmado Gabilondo, quien ha explicado que los posicionamientos del mundo eclesiástico desde que se puso luz a esta lacra han sido "más orientados" a la prevención que al esclarecimiento". El testimonio de las víctimas muestra que, en muchos casos, la respuesta de la Iglesia ha sido "insuficiente y dilatoria" y que los mecanismos de atención no han sido "adecuados ni suficientes". Precisamente, la Conferencia Episcopal Española ha convocado para el lunes una asamblea para valorar el informe del Defensor del Pueblo.

Las recomendaciones

Más allá del fondo estatal y la creación de un órgano especial cuya finalidad sea la reparación de las víctimas que no hayan encontrado respuesta en la vía penal –sobre todo por la prescripción de los delitos–, el Defensor del Pueblo plantea otras recomendaciones. Entre ellas, una ley que modifique el régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de los delitos de agresión y abusos sexuales de menores, en la línea de lo que estableció la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia, con el objetivo de que se puedan acordar indemnizaciones para casos anteriores a su entrada en vigor. La reforma de la responsabilidad penal no tendría efectos por la irretroactividad de la norma desfavorable.

También se plantea reformar la ley sobre ayudas públicas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, con el objetivo de asegurar que las cantidades de las indemnizaciones se ajusten a los estándares de la Unión Europea y que las solicitudes se atiendan desde un órgano independiente.

La reacción de las víctimas

Miguel Ángel Hurtado

"Es una decepción, una oportunidad perdida", afirmó Miguel Ángel Hurtado, activista y víctima de abusos sexuales en Montserrat, tras conocer los resultados de la investigación del Defensor del Pueblo. Para Hurtado, se trata de una labor de "calidad pésima" si se compara con otros países como Australia o Irlanda. El motivo, que el trabajo de Gabilondo venía ya limitado de origen. Según el activista, debería haberse creado una "comisión de la verdad con poderes coercitivos de investigación", pero "el legislador español" escogió hacer las cosas "mal" de forma "deliberada y consciente". Así, a su juicio, el equipo que ha liderado el Defensor del Pueblo no tenía poder para obligar a la cúpula eclesiástica a colaborar facilitando toda la documentación necesaria, lo que ha implicado que finalmente el estudio sea incompleto. Según Hurtado, no se ha investigado "el encubrimiento de la jerarquía católica", que fue "sistemático y generalizado", y las recomendaciones que se han hecho en el gobierno español son "insuficientes y descafeinadas". Asimismo, el activista considera un "escándalo" que en sus conclusiones el Defensor del Pueblo no solicite la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a menores, y cree que la factura de la reparación económica que propone Gabilondo deben pagarlos "obispos" y no todos los contribuyentes.

Alejandro Palomas

El escritor catalán ha tildado de "pobre" y "poco ambicioso" el trabajo de Gabilondo, porque no ha contado con la colaboración de la Iglesia. Sin embargo, ha querido poner en valor que la investigación del Defensor del Pueblo hable de "responsabilidad por parte del Estado" en la problemática de la pederastia dentro de la Iglesia católica: "Es, por tanto, colaborador en cierta medida de ese horror". Según Palomas, que el Estado asuma parte de la compensación económica a las víctimas, tal y como indica el informe, es positivo. Por otra parte, el escritor, víctima de abusos en el colegio La Salle de Premià, ha querido remarcar que es básico que los delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles porque las secuelas para los supervivientes pueden llegar a extenderse hasta su muerte. "Ahora veremos realmente la voluntad política, porque el informe ya existe", ha concluido Palomas. Informa Albert Llimós.