Pues sí, todavía hay independencia judicial en Estados Unidos
La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que declara ilegales buena parte de los aranceles de Donald Trump es una buena noticia. No tanto por su afectación económica, que ya veremos cómo queda porque de una forma u otra continuarán los aranceles, sino porque pone en evidencia que la justicia en Estados Unidos no está del todo sometida a lo que quiere el presidente. En su anterior mandato, Trump se aseguró de poner a jueces afines al Supremo, que es uno de los más conservadores de su historia porque de los nueve jueces que integran este tribunal sólo tres han sido nombrados por los demócratas y los otros seis por los republicanos. Y parecía que esto había dado resultado, porque hasta ahora el alto tribunal había dado bastante cuerda a las decisiones controvertidas del presidente, desde garantizarle la inmunidad ante el procesamiento penal en sus actos públicos –lo que evitó que pudiera ser juzgado por instigar el asalto al Capitolio– hasta dar luz verde provisional a muchas de sus iniciativas.
Sin embargo, la sentencia de ayer lo que hace es marcar los límites de la separación de poderes. Viene a decir que buena parte de los aranceles que ha impuesto Trump a diestro y siniestro como eje principal de su política económica y también diplomática son ilegales porque se aprobaron de acuerdo con la ley de poderes económicos de emergencias internacionales (IEEPA), de 1977, que no se puede utilizar para aplicar este tipo de impuestos. La política comercial y arancelaria, señala la sentencia, es una decisión del Congreso, y el presidente necesita su autorización para poder modificarla. Es decir, el Supremo dice al presidente que no es omnipotente y que no puede hacer lo que quiera sin control, sino que debe utilizar los mecanismos legales existentes.
Es, pues, una sentencia importante, ya que afecta a los principios básicos de la democracia y de la separación de poderes. Podría parecer obvio, pero después de ese largo año de presidencia de Trump esto parecía cosa del pasado. Estábamos tan habituados a que Trump casi siempre se saliera con la suya y consiguiera desmontar y desacreditar a cualquier persona o entidad que se le opone que parecía imposible un correctivo de ese nivel. Naturalmente, él ya ha reaccionado con virulencia, diciendo que es una sentencia vergonzosa y antipatriótica. Y ha asegurado que, aunque pueda ser algo más lento, ahora volverá a poner los aranceles a partir de otras leyes –la respuesta en previsión de esta sentencia ya estaba preparada– o con acuerdos en el Congreso, que por ahora está en sus manos y donde no hay oposición interna alguna a su liderazgo. Sin embargo, el golpe es fuerte porque ahora puede haber un alud de reclamaciones, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, que pueden costar millones de dólares a la administración Trump.
La incertidumbre económica, el desconcierto sobre lo que pueda ocurrir en el futuro y el miedo a que la respuesta rabiosa del presidente estadounidense se salga de madre serán sin duda uno de los temas de los próximos días. Ahora, sin embargo, vale la pena quedarse con que incluso los conservadores empiezan a parar los pies al abuso de poder de Trump. Es difícil saber si esto puede suponer un precedente para otros casos, pero es una pequeña luz de esperanza por no dar del todo por perdida la democracia estadounidense.