El tribunal del Proceso se hace notar el 20-N condenando al fiscal general

Si el juicio en sí mismo ya era bastante insólito, la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación ya indemnizar a Alberto González Amador –es decir, a su muerte institucional– aún ha sido más sorprendente. El resultado es que ha triunfado la estrategia del asesor y hombre fuerte tras Isabel Díaz Ayuso, el polémico Miguel Ángel Rodríguez, que incluso Aznar cesó por demasiado radical cuando era portavoz de su gobierno. Rodríguez, ayudado por la prensa y la judicatura afín a sus postulados, ha logrado el cese del fiscal y existe la posibilidad tras esta sentencia de que el juicio a la pareja defraudadora de Ayuso acabe en nada si se considera que se vulneraron sus derechos.

Hoy se ha conocido la condena pero todavía no la sentencia. Es decir, no se saben los argumentos de los cinco jueces que han votado a favor de la condena ni los de las dos juezas que han votado en contra. Esto es importante porque en este juicio no parecía que hubiera demasiadas pruebas claras, y buena parte de la acusación se basaba en lo que suponían la UCO de la Guardia Civil y las acusaciones particulares. Sin la justificación de la sentencia se hace difícil especular sobre lo que los jueces consideran probado. Los periodistas a los que supuestamente el fiscal filtró el mail del abogado de Alberto González Amador negaron que la fuente fuera él. Pero la mayoría del tribunal no les ha creído, algo realmente preocupante.

Hagamos un breve repaso. Todo empezó cuando un diario publicó, al parecer a instancias de Rodríguez, que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador sobre su fraude a Hacienda. El fiscal general, que dice no saber nada, pide información, y le remiten unos mails en los que la pareja de Ayuso reconoce el fraude y es él quien pide el pacto. A partir de esa información, la Fiscalía prepara una nota de prensa desmintiendo el supuesto pacto. Antes de eso, sin embargo, otros medios publican el mail del abogado. Y estalla el conflicto. Acusan al fiscal de haber filtrado el mail, y este hecho –que efectivamente es muy grave si se ha producido– acaba justificando, después de meses de polémicas e investigaciones, el procesamiento del fiscal y ahora su condena.

Todo ello, por supuesto, forma parte de la lucha a muerte que existe en Madrid entre la derecha política, mediática y judicial y el gobierno de Pedro Sánchez, al que intentan derribar de todas las maneras posibles, especialmente utilizando a los jueces conservadores más afines a las tesis de los populares y también de Vox. La sala penal del Tribunal Supremo se hizo famosa en el juicio al Proceso –los cinco jueces que han firmado la condena han estado relacionados con ellos, como Manuel Marchena y Carmen Lamela–, por lo que es conocida su tendencia a hacer caso sólo de los testigos de la Guardia Civil ya buscar siempre la versión más conservadora e inmovilista en la interpretación. La politización del Supremo da un paso más, mientras que la confianza de buena parte de la ciudadanía en la imparcialidad de la justicia cae un grado más. No se entiende por qué se ha hecho pública la condena, de forma muy rápida, sin tener redactada la sentencia. Es curioso que coincida con la fecha señalada del 20-N y permita así que continúe el debate sobre todo lo que nunca ha terminado de renovarse.