Turismo y vivienda: ¿cómo lo hacemos?
La demanda de plazas turísticas y la necesidad de vivienda asequible son vasos comunicantes en la mayoría de zonas tensionadas. Barcelona es el epicentro del problema, pero la mancha se extiende cada vez más allá. El atractivo de la capital catalana y del país en su conjunto es evidente: no sólo como destino turístico puro, sino también como lugar donde venir a investigar, a congresos y ferias, a impulsar negocios e invertir, a estudiar, a hacer cultura y deporte... Hay que regular el turismo, pero no se puede renunciar a todo este flujo de visitantes. Si queremos seguir progresando económicamente, a muchos necesitamos. Algo que no puede esconder que la llegada masiva de tanta gente, de corta o larga duración, ha tensionado la oferta de alquiler y compra de vivienda hasta convertirla en la gran cuestión social y política. Unos sueldos precarios fruto de una economía muy dependiente de los servicios y un aumento de la inmigración –que también necesita un lugar donde vivir– para atender a gran parte de los trabajos del sector servicios –el propio turismo, pero también la construcción o el cuidado de las personas– contribuyen a hacer complejo el problema.
Una complejidad que obliga a buscar un amplio abanico de salidas, con la administración empujando. Si el sector público no actúa, por sí sola la dinámica del mercado no hará sino empeorar las cosas. Ahora mismo, el Ayuntamiento de Barcelona, que busca el fin total de los pisos turísticos a finales del 2028, está chocando con la oposición dura de Airbnb, que según la alcaldía no está colaborando para suprimir los pisos ilegales. Airbnb está muy lejos de registrar en el ministerio de Consumo, antes del 1 de julio –tal y como exige la nueva ley estatal–, sus alquileres de corta duración. La pugna entre esta plataforma y el gobierno de la ciudad es sintomática y ya se ha dado en otros grandes metrópolis.
La complejidad pide trabajar en otros terrenos, empezando por impulsar la construcción de vivienda en colaboración entre el sector público y el privado, de forma regulada. La maquinaria se ha puesto en marcha, aunque el efecto será a medio y largo plazo. Más a corto plazo, la política de topes en los alquileres empieza a dar resultados, pero con efectos colaterales: los precios de los nuevos alquileres regulados han descendido al conjunto del país un 4,7% respecto a hace un año –en Barcelona, un 8,9%–, pero ha aumentado un 52% el número de nuevos contratos de temporada, sobre los que ahora el Govern, gracias a un acuerdo con ERC. En cambio, contra lo que algunas voces decían, en términos absolutos en Catalunya hay a día de hoy 3.112 contratos de alquiler más que hace un año, por lo que los topes no han mermado la oferta de pisos por parte de los propietarios.
La puesta en marcha de ayudas a los jóvenes para la adquisición de vivienda de compra es otra medida que hay que aplaudir, así como la cruzada del gobierno español contra las inmobiliarias que abusan de los inquilinos. Hay mucho trabajo por hacer para que el derecho a la vivienda sea una realidad universal. No deberían repetirse tragedias como el suicidio de personas desahuciadas ni seguir frustrando proyectos de vida autónoma de la población joven.