Los aeropuertos del Brexit: europeos deportados del Reino Unido

LondresMentir para ahorrarse un buen susto. Es lo que tendrían que haber hecho una treintena de ciudadanos comunitarios que durante la primera quincena del mes de mayo han acabado o bien en un centro de deportación de inmigrantes en el Reino Unido o bien directamente devueltos desde el aeropuerto de Gatwick, en el sur de Londres, a sus lugares de procedencia. "Por razones evidentes, no se puede decir oficialmente. Pero lo mejor que puedes hacer cuando llegas a Gatwick es mentir. No hace falta que nadie explique su vida ni sus intenciones al oficial del control de la frontera. No hay que decir ni que vienes a hacer de au pair ni nada. Cualquier ciudadano de la Unión Europea (UE) puede entrar como turista en el Reino Unido, sin visado, y puede quedarse seis meses".

Es la pragmática reflexión que ha hecho una fuente diplomática comunitaria a este corresponsal ante los hechos mencionados, en los que se han visto involucrados hasta nueve españoles, de acuerdo con la Oficina de Información Diplomática del ministerio de Asuntos exteriores, además de ciudadanos griegos, alemanes, italianos y rumanos. La razón: el Brexit y las nuevas leyes de inmigración que regulan la entrada de extranjeros que aspiren a trabajar en el Reino Unido.

Una mujer de Valencia, de 25 años, aterrizó en Gatwick el 3 de mayo y fue internada en el centro de Yarl’s Wood, a dos horas del aeropuerto, según han relatado diferentes medios de comunicación. Pasó un mínimo de 72 horas y solo fue liberada, sin su pasaporte, cuando en una de las alas del centro se declaró un foco de covid. Apenas hoy habría acabado la cuarentena obligatoria de diez días que las autoridades sanitarias británicas exigen a los contagiados o a sus contactos cercanos.

Que se hayan producido más de la mencionada treintena de casos es muy probable, sin embargo. La asistencia consular solo es posible para los retenidos o detenidos, y no evita que haya habido más sin que se haya tenido conocimiento si se trataban de deportaciones inmediatas.

Yarl’s Wood, una institución gestionada por una empresa privada, es uno de los modernos limbos del Reino Unido. Uno más de la decena de centros de estacionamiento de extranjeros, una especie de salas de espera antes de echarlos. Los internos – puede haber entre 300 y 400– pueden permanecer allí sin ningún tipo de atención legal durante días, semanas, meses o incluso años.

Según Politico, otro español, procedente de las Islas Canarias, también fue retenido después de declarar que viajaba al Reino Unido para una entrevista de trabajo. Son los dos casos que la OID tiene identificados como retenciones. Otro de los capítulos más relevantes es el de a Sotiris Konstantakos, ciudadano griego de 26 años que fue detenido durante siete días, en esta ocasión en enero también en un centro cerca de Londres.

Acabar con la libertad de movimiento

Hace diez días, la Comisión Europea presentó una queja ante las autoridades británicas por el exceso de fuerza que suponen estas detenciones. Desde entonces, "parece que se han contenido un poco" a la hora de seguir con esta política, comenta al ARA otra fuente diplomática europea en Londres.

Pero a las diferentes cancillerías comunitarias no se les escapa que se trata de un toque de atención del ministerio del Interior británico y de una forma de marcar territorio ante la nueva situación definida por el post-Brexit. El toque de atención se produce cuando faltan poco más de cuarenta días para que el 30 de junio expire el plazo para pedir el llamado settled status, la condición de residente legal para todos aquellos que antes de la fecha efectiva del Brexit (01.01.2021) hayan vivido ininterrumpidamente en el Reino Unido por un periodo de cinco años o más.

La publicación, la semana pasada, de las cifras oficiales sobre el número de solicitantes del settled status ha confirmado las razones de la política dura de inmigración de los halcones brexiters.

En este sentido, 4,9 de los 5,4 millones de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido ya lo han recibido. La inmensa mayoría, 4,88 millones, viven en Inglaterra. Antes del referéndum de junio del 2016 se creía que en el Reino Unido había poco más de tres millones de ciudadanos con pasaporte de la Unión Europea. La diferencia entre lo que se creía y los datos oficiales ha hecho que voces del Partido Conservador, como por ejemplo el ex secretario de estado de Seguridad, John Haye, hayan exigido al ministerio del Interior una mejora en la gestión y comprobación de los datos sobre inmigración.