Argelia condena a muerte a un activista que España le entregó

BarcelonaCuando el 24 de marzo subió a Mohamed Ben Halima en un avión en Valencia para obligarlo a volver a Argelia, la policía española ya sabía que la vida del activista corría peligro. El hombre, de 32 años, un exoficial que había expuesto la corrupción dentro del ejército y había participado en el movimiento prodemocracia Hirak, se había refugiado en España, pero el ministerio del Interior se afanó a devolverlo por la fuerza a su país. El miércoles por la noche se supo que Ben Halima ha sido condenado a la pena de muerte por un tribunal militar argelino, según han denunciado su familia y el Centro del Cairo por los Derechos Humanos.

Ben Halima había sido condenado por un tribunal civil a 10 años de prisión, pero la sentencia fue revocada por un tribunal militar que lo ha condenado a muerte, la pena impuesta a todos los acusados por traición juzgados en ausencia. En el país hay una moratoria sobre las ejecuciones desde 1993, de forma que los condenados a la pena capital acaban cumpliendo cadena perpetua. "Tienen un régimen penitenciario específico que supone una tortura de por vida", aclara al ARA en una conversación telefónica desde Argel un miembro de la Liga Argelina de Derechos Humanos que pide no ser identificado por su seguridad.

Las autoridades españolas no pueden alegar que desconocían el riesgo de deportar a Ben Halima. Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y sus abogados habían advertido del peligro evidente de que fuera torturado y sometido a un juicio sin garantías si lo devolvían a Argelia. Como exoficial, Ben Halima había hecho salir a la luz pública la corrupción entre los altos mandos de las todopoderosas fuerzas armadas argelinas, en el marco del proceso de protestas populares del movimiento Hirak, que estalló en febrero de 2019 contra el plan del octogenario presidente Abdelaziz Bouteflika de presentarse a un quinto mandato. En el contexto de la fuerte represión contra la disidencia que ha marcado la vida política en el país los últimos años, Ben Halima supo que su nombre estaba en una lista de militares que tenían que ser detenidos por haber apoyado el movimiento popular.

Detenido en Zaragoza

El activista, que hacía públicas sus denuncias en YouTube, huyó a España y pidió asilo el 18 de febrero de 2020, pero las autoridades españolas le negaron la protección. Lo volvió a pedir el 18 de marzo de 2021 y recibió otra negativa. Finalmente, este 14 de marzo la policía española lo detuvo en Zaragoza y le abrió un procedimiento administrativo de expulsión por vulneración de la ley de extranjería. "A los abogados nos avisaron una hora y media antes de que se elevara el vuelo de extradición: incluso si el juez nos hubiera dado la razón, habría sido imposible pararlo", explica Alejandro Gámez, abogado de Ben Halima, que forma parte del colectivo Red Jurídica. "Todo el procedimiento estuvo lleno de irregularidades: ingresó en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) cuando todavía no se había resuelto su solicitud de asilo y le tomaron el móvil para que no pudiera contactar con nadie. Se abrió un procedimiento administrativo de carácter urgente por infracción de la ley de extranjería, alegando que suponía un peligro para la seguridad nacional, pero no se presentó ni una sola prueba", dice el letrado. "Estamos investigando si contrataron un vuelo chárter porque no había ningún vuelo comercial programado a Argelia desde los aeropuertos cercanos en Valencia aquellos días", añade.

Después de ser deportado a Argelia, el 27 de marzo Ben Halima apareció en un vídeo de la dirección general de seguridad argelina donde se inculpaba de trabajar para un movimiento islamista, un documento que tiene todos los elementos de una confesión forzada. Él mismo había advertido en un vídeo publicado desde el CIE de Valencia que, si era extraditado, lo obligarían a hacer este tipo de confesión a fuerza de "graves torturas a manos de los servicios de inteligencia".

Para el equipo de abogados que llevó la defensa de Ben Halima no queda ninguna duda de que todo el procedimiento -que coincidió con el cambio de postura del presidente español Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental a favor de Marruecos que lo enemistó con Argelia- tuvo una motivación política: "No sabemos lo que pasa en los pasillos, pero queda claro que el ministerio del Interior español tenía mucha prisa en deportarlo, sabiendo que ya había sido condenado en Argelia y que no aportaron ni una sola prueba de que supusiera un peligro para la seguridad nacional en España". Las autoridades españolas han motivado la expulsión por la estrecha relación de Ben Halima con Mohamed Abdellah, otro exmilitar revelador de secretos que también había buscado asilo en España en abril de 2019, fue devuelto a Argelia en agosto de 2021 y ahora está detenido en la prisión militar de Blida, donde ha sido sometido a torturas y a un régimen de aislamiento, según ha denunciado un testigo que pudo verlo.