Suben a más de 120 los fallecidos por la macrooperación policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico
Además de las 64 víctimas oficiales, esta madrugada los vecinos de una de las dos favelas asaltadas han apilado en una plaza más de 70 cuerpos
BarcelonaLa operación conjunta de las fuerzas civiles y militares del estado de Río de Janeiro ocurrido este martes en la capital carioca ha causado, al menos, 121 muertos –cuatro de ellos policías–, según datos oficiales. Sin embargo, la cadena O Globo habla ya de 134. El número de víctimas mortales al menos se ha doblado en relación con las cifras oficiales facilitadas ayer por las autoridades, después de que más de setenta cuerpos sin vida hayan sido alineados este miércoles en una plaza del barrio de favelas de Penha, una de las dos áreas de más de 20. miembros de las fuerzas del orden.
Pese a la brutalidad de la intervención, considerada la más letal de la historia de la ciudad por el enorme coste en vidas humanas, el gobernador del estado Cláudio Castro ha calificado de "éxito" la megaoperación en Penha y en Alemão, el otro complejo de favelas donde las fuerzas de seguridad también entraron en sangre. Según Castro, los enfrentamientos ocurrieron en zonas boscosas, lo que –argumentó– demostraría que no había civiles entre las víctimas.
Lo que el gobernador no ha aclarado es por qué la cifra de muertes anunciada inicialmente, 64, no ha sido modificada, al menos de momento, ni tampoco ha comentado los más de 70 cuerpos que los vecinos han apilado en Penha. Castro ha defendido su gestión del recuento de víctimas y ha afirmado que sólo se consideran víctimas oficiales a los cuerpos que llegan al Instituto de Medicina Legal. Se evita, así, "una guerra de cifras", ha dicho. De hecho, el balance exacto de víctimas tardará en saberse, lo que explica la diferencia entre los datos oficiales (121) y los que difunden los medios de comunicación.
En paralelo, el dirigente, miembro del Partido Social Cristiano, ha acusado al gobierno federal, en manos de Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, de falta de apoyo en la lucha contra el crimen organizado, y ha advertido de que no permitirá que la situación se convierta en una "batalla política". Castro aseguró que otros gobernadores le habían felicitado por la operación y defendió que podría marcar "el inicio de un gran proceso en Brasil", unas palabras que hacen pensar en una lucha como la de Bukele en El Salvador, que no respeta los derechos humanos. También reiteró que la seguridad pública es, a su entender, "el principal problema del país", y que Río de Janeiro "no rehuirá su responsabilidad" en esta batalla.
La acción policial buscaba frenar la expansión del grupo narcotraficante Comando Vermelho (CV), que opera desde Alemão y Penha. Ambos complejos forman un continuo urbano de este tipo de construcciones entre los distritos de Bonsucesso y Penha Circular. En total, tienen una población combinada de unos 250.000 habitantes aproximadamente y están ubicadas en el noreste de la ciudad.
No todos los analistas aplauden la estrategia. En algunos sectores, la operación ha despertado críticas por el elevado número de víctimas y la forma en la que han operado. Activistas y políticos de la oposición han calificado la intervención de "masacre promovida por el estado" y advierten que las causas en la raíz del problema –pobreza, carencia de infraestructura, ausencia de presencia estatal prolongada– no se atienden sólo con intervenciones policiales y fuerza bruta.
La magnitud de la operación resalta también la enorme problemática del narcotráfico y de los grupos paramilitares en Brasil. Según informes oficiales, el estado de Río de Janeiro ha registrado uno de los ratios más elevados de muertes por intervención policial, lo que alimenta el debate sobre la legitimidad, la estrategia y la eficacia de los métodos empleados.
¿Determinación o brutalidad?
El episodio, en cualquier caso, podría señalar un punto de inflexión. El gobierno estatal quiere presentarle como una demostración de fuerza y determinación en la lucha contra los narcos. Pero queda la siguiente pregunta: ¿esta operación policial podrá servir realmente para estabilizar la seguridad y recuperar la autoridad entre las enormes comunidades de favelas? ¿O quedará como otro hito de violencia acotado que no resuelve las vulnerabilidades estructurales que alimentan el ciclo de extorsión, tráfico y respuesta represiva?
La ciudad de Río de Janeiro, con cerca de 6,8 millones de habitantes, sigue siendo uno de los puntos más afectados por la violencia callejera en Brasil. Cerca del 23% de la población reside en favelas, donde la presencia de facciones armadas y las intervenciones policiales son constantes. Solo en el 2023 se registraron más de un millar de homicidios, con unas 300 víctimas mortales atribuidas a operaciones policiales dentro de los límites municipales. La mayoría de los enfrentamientos se concentran al norte y al oeste, en los citados complejos de Alemano y Peña, donde la lucha entre bandas y policías condiciona la vida cotidiana.
En el ámbito del estado, en 2024 se contabilizaron cerca de 700 muertes por intervenciones policiales, una tasa de unos 4,1 por cada 100.000 habitantes, y unas 3.388 muertes violentas en total, con una tasa de 21,1 homicidios por 10. Las muertes por disparos durante operaciones o enfrentamientos armados fueron aproximadamente 758, poniendo de relieve la magnitud de la violencia institucional y las consecuencias de una política de seguridad fuertemente basada en la represión.