Expresidentes a juicio: una década convulsa y de tensión institucional en Sudamérica
Hasta 14 ex jefes de estado de seis países de la región han sido investigados, arrestados o condenados
Sao PaoloJair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado por el Supremo brasileño, se ha unido esta última semana a la larga lista de expresidentes sudamericanos declarados culpables por los tribunales. Entre los sentenciados se encuentran figuras de la importancia de su antagonista, Luiz Inácio Lula da Silva (encarcelado entre abril de 2018 y noviembre de 2019 por corrupción y blanqueo de capital), rehabilitado por el Supremo y ahora al poder cumpliendo su tercer mandato; o la peronista Cristina Fernández de Kirchner (inhabilitada a perpetuidad y condenada a seis años por corrupción y cumpliendo prisión domiciliaria en Buenos Aires).
También están los exdirigentes peruanos Alejandro Toledo (recluido por dos penas de cohecho y blanqueo de capitales que suman 33 años) y Ollanta Humala (cumpliendo 15 años de cárcel por blanqueo de capitales). La lista incluye al derechista Álvaro Uribe (condenado en primera instancia en Colombia a 12 años de reclusión domiciliaria por corrupción y en libertad provisional) y la evangélica radical Jeanine Áñez (encarcelada en Bolivia por intento de golpe de estado, corrupción y violación de los derechos humanos).
Entre los investigados se encuentra el expresidente boliviano Evo Morales (con una orden de arresto por abuso sexual a menor y tráfico de personas, en libertad en su país) y tres exdirigentes peruanos: Pedro Castillo (encarcelado, está siendo juzgado acusado de haber impulsado un autogolpe de estado y por haber recibido sobornos) y Alan García (investigado por corrupción y sobornos que se suicidó antes de ser detenido en el 2019). En Chile, el fallecido Sebastián Piñera fue investigado por delitos tributarios y cohecho y blanqueo de dinero y las causas fueron archivadas; mientras que en Paraguay, dos mandatarios del Partido Colorado, Horacio Cartes (el verdadero hombre fuerte del país y sancionado por Estados Unidos por corrupción y vínculos terroristas) y Mario Abdo Benítez (a quien la Fiscalía acusa de tener cuentas en paraísos fiscales) estuvieron en el punto de mira judicial.
Bolsonaro, el golpista apadrinado por Trump
La condena a Bolsonaro, sin precedentes en la historia judicial brasileña, ha generado un estruendo internacional por la interferencia de Washington. Es un caso singular en la Sudamérica contemporánea, porque rompe el hilo conductor de la mayoría de procesos abiertos contra otros ex jefes de estado de la región, centrados sobre todo en supuestos escándalos de corrupción.
"Lo que ocurre ahora en Brasil es una excepción. Han sentenciado Bolsonaro y el núcleo más fiel de colaboradores y militares, por el intento de volver a viejas estructuras previas al restablecimiento de la democracia en el país", explica al ARA el barcelonés Albert Buyé, consultor de riesgo político establecido en São.
"A Bolsonaro hay que verle como el ariete de Trump, que está reeditando la doctrina Nixon en el continente. O sea, avanza en el establecimiento de regímenes autoritarios que defienden los intereses de su administración. Y, para conseguirlo, no ha dudado en querer derribar a una democracia avanzada".
Pese a la singularidad de cada exdirigente, las acusaciones de corrupción y abuso de poder revelan patrones comunes. En ambientes políticos polarizados, como en Argentina y Brasil, donde la extrema derecha hace implosionar las estructuras del estado cuando está en el poder, se genera el interrogante en la población de si se trata de procesos democráticos de separación de poderes o, en cambio, existe una judicialización de la política y se busca la revancha respecto al programa.
"Ha habido una persecución judicial a los exmandatarios en Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador, en este caso con el vicepresidente Jorge Glas, que responde a un patrón político para proscribir con argumentos pseudojurídicos líderes populares con posibilidad de volver al poder por la vía electoral", argumento. Cristina Fernández, Evo Morales y Lula da Silva.
"Este mismo criterio –añade el analista político argentino– se aplicó en Perú, donde las únicas instituciones realmente fuertes y gobernantes son el Banco Central y las fuerzas armadas, contra Pedro Castillo, que, pese a los errores y su inexperiencia, representaba una alternativa popular ante un poder oligárquico arraigado desde hace años".
"Es innegable que ha habido casos comprobados de corrupción, como los de Alejandro Toledo y Ollanta Humala en Perú, condenados por haber aceptado sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en grandes proyectos de infraestructura", asegura Buyé, que remarca que "más allá de más" por todas partes las presiones no veladas y explícitas de potencias exteriores, que actúan como un elemento distorsionador de la consolidación de las democracias en Latinoamérica".