La ley de amnistía y más sanciones de Trump: dos vías para entregar Bolsonaro de la cárcel
El expresidente brasileño activa a la desesperada el apoyo del Congreso y de Washington para frenar la condena de 27 años por intento de golpe de estado
São PauloLa injerencia de Donald Trump, que en agosto impuso aranceles del 50% a las importaciones brasileñas, no ha intimidado ni ha hecho claudicar al Supremo brasileño. En una decisión histórica y sin precedentes en el país, ha sentenciado por cuatro votos al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de reclusión por intento de golpe de estado tras perder las presidenciales de octubre de 2022 ante Lula da Silva.
La condena se extiende a todos los otros siete integrantes del llamado "núcleo crucial" de la trama golpista, cinco de ellos militares, que han recibido penas entre 18 y 26 años de cárcel. La excepción es el teniente coronel Mauro Cid, ayudante de órdenes de Bolsonaro, sentenciado a dos años a régimen abierto por colaborar con las investigaciones.
La decisión no puede ser revertida porque el juicio ha tenido lugar en el Tribunal Supremo, pero las defensas presentarán ahora recursos de alegación para atenuar las penas. Los letrados de Bolsonaro, que en el 2022 habían firmado un manifiesto en el que alertaban del "colpismo" del entonces presidente, internacionalizarán el caso. Bolsonaro, que se encuentra en arresto domiciliario en Brasilia, y otros sentenciados no tendrán el encarcelamiento efectivo hasta que se publique la sentencia y se interpongan los recursos, lo que podrá suceder en el plazo de un mes.
El emplazamiento en el que cumplirá la pena el expresidente lo determinará el magistrado Alejandro de Moraes, que es el relator del juicio, y el que ha liderado todos los procesos contra Bolsonaro. Además, es la persona a la que Trump castigó con la ley Magnitsky, conocida como "la pena de muerte financiera". Éste es un dispositivo para extranjeros creado para dictadores enemigos de Estados Unidos y acusados de violaciones graves de los derechos humanos, que Washington ahora ha tergiversado.
Los letrados de Bolsonaro, de 70 años, pedirán que pueda seguir en prisión domiciliaria por su "salud frágil". Existe la posibilidad de que entre en una celda especial de un centro penitenciario de Brasilia, como desean sus detractores, o en una sede de la Policía Federal, como ya ocurrió con Lula.
La extrema derecha activada en el Congreso
Con las movilizaciones en la calle a la baja, el bolsonarismo centra sus esfuerzos en el Parlament para entregar a su líder de prisión, a través de la aprobación de una ley de amnistía, que beneficiaría a todos los condenados. El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que se perfila como candidato de la extrema derecha a las presidenciales del 2026, lidera los esfuerzos por aglutinar a los ultras y al grupo de partidos bisagra conocidos como Centrão. Este antiguo militar y ex ministro de Bolsonaro ha endurecido su discurso. Asegura que la primera medida que tomará, si es presidente, será amnistiar a los golpistas. "No creo en la justicia. Esa condena es injusta porque no hay pruebas", denuncia.
El mundo jurídico y la izquierda alertan de que el proyecto de amnistía da "carta blanca a la impunidad", porque se explicita que pueden beneficiarse incluso futuros intentos de golpe de estado y amplía la aplicación a los paramilitares, conocidos en Río de Janeiro como "milicia", que fueron el primer reducto electoral de toda la familia Bolsona. Lula da Silva ha llamado a la movilización y dice que, a través de alianzas parlamentarias, "el gobierno va a trabajar contra la amnistía y es importante que la gente lo sepa". De momento, cuenta con el apoyo clave del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, quien, hasta ahora, ha frenado el proyecto.
Si bien la aprobación de la amnistía es ahora mismo poco probable, es un escenario que no puede descartarse según los analistas. Eso sí, crearía una nueva crisis institucional que aumentaría la tensión política, porque desde el Supremo ya se ha filtrado que contiene aspectos "anticonstitucionales" y la tumbarían. Con el visto bueno del propio Supremo, el Congreso ya trabaja en un segundo proyecto que no incluiría ni a Bolsonaro ni al núcleo duro de colaboradores, sino que atenuaría las penas a los sentenciados por la invasión de la sede de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero del 2023.
Washington vuelve a amenazar
El ejecutivo de Lula da Silva y el Supremo se preparan para una nueva ola de represalias de Estados Unidos a través de sanciones comerciales que pueden extenderse al ámbito diplomático. El secretario de Estado, Marco Rubio, que tiene Latinoamérica en el punto de mira, aseguró a X, minutos después de la sentencia, que su país "responderá en consecuencia a esa cacería de brujas".
"Las persecuciones políticas por parte del infractor de derechos humanos sancionado, Alejandro de Moraes, continúan, ya que él y otros miembros del Supremo de Brasil han dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", indicó.
Donald Trump se mostró "muy descontento" por la condena de su aliado. "Es terrible, muy terrible, creo que es muy malo para Brasil –ha avisado–. He seguido el juicio y conozco muy bien a Bolsonaro, que es un líder extranjero; era muy bueno, creía que era un buen presidente para Brasil. Es muy sorprendente que esto haya sucedido. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo y no consiguieron", indicó el presidente.
El bolsonarismo pide una actuación contundente de la administración republicana. Las gestiones las lleva el hijo del expresidente y diputado federal, Eduardo Bolsonaro, afincado en Estados Unidos. Hace lobi con los sectores más extremistas del trumpismo para que amplíen las sanciones y ha amenazado con la aplicación de la ley Magnitsky a todos los magistrados del Supremo que votaron a favor de condenar a Bolsonaro.