Arizona ejecutará presos con Zyklon B, el gas utilizado por los nazis

WashingtonCuando el gobernador de Carolina del Sur estampó en mayo su firma en el documento, a los condenados a muerte se les ofreció por ley una nueva modalidad con la que ser ejecutados: el pelotón de fusilamiento. El republicano Henry McMaster validó así la decisión de la mayoría conservadora en el legislativo estatal de recuperar esta vieja fórmula de ejecución. Si no es del agrado del preso, este puede decidir despedirse del mundo sentado en una silla eléctrica que ofrece sus prestaciones desde hace 109 años. Siempre y cuando no esté disponible una inyección letal. La ley de este estado, eso sí, no permite ejecutar con un método cuyos últimos detalles se están afinando en Arizona: la asfixia mediante el uso de un gas letal utilizado por los nazis en Auschwitz.

Según documentos obtenidos por el diario The Guardian, el departamento de prisiones de Arizona ha invertido en los ingredientes necesarios para la obtención de Zyklon B, el nombre comercial de un gas a base de cianuro creado en Alemania y utilizado por los nazis en varios campos de concentración. Con esta sustancia se exterminó a más de un millón de personas. En Arizona se utilizaría en una cámara de gas construida en 1949 en la prisión de Florence.

Recientemente se han efectuado pruebas para comprobar el estado de la cámara. Por ejemplo, se ha posicionado una vela junto a las ventanas y en la puerta para comprobar que la llama permanece estable y sin parpadear. Es decir, para certificar que el espacio es hermético y no hay riesgo de fuga del gas. También se han utilizado granadas de gas para corroborar que el humo permanece dentro de la cámara. Además, guardas de la prisión han actuado como presos durante los simulacros del proceso. El último condenado en morir gaseado en Arizona fue Walter LaGrand, de origen alemán, en 1999. Tardó 18 minutos en fallecer entre “una agonizante asfixia y náuseas”, según el relato de un periodista local.

El principal método de ejecución en Estados Unidos es la inyección letal. Sin embargo, los estados que mantienen vigente la pena de muerte tienen problemas para obtener los fármacos necesarios. Cuestión de imagen. Las compañías farmacéuticas no quieren ver su nombre asociado al del corredor de la muerte y han dado pasos para impedir que sus productos se utilicen para la pena capital. En algunos casos los escrúpulos son relativamente recientes. Por ejemplo, el gigante Pfizer no se sumó a la lista de compañías estadounidenses y europeas que vetan su uso para tal fin hasta 2016. En un comunicado, la farmacéutica explicó entonces que “Pfizer crea sus productos para mejorar y salvar las vidas de los pacientes”, no para ser usados en inyecciones letales.

El último preso de Carolina del Sur en morir por inyección data de 2011. Se llamaba Jeffrey Motts. Desde entonces, el estado se vio forzado a una moratoria por la falta de fármacos. Para el senador estatal republicano Greg Hembree, uno de los coautores del texto legal que autoriza los pelotones de fusilamiento, la nueva ley es una forma de poner final a la espera de las familias de las víctimas. Para Hembree, este es un método de ejecución más humano que el de la silla eléctrica, aunque su preferido es la inyección letal. “Lo que no quieres es torturar a nadie de forma innecesaria”, defendió recientemente. En Arizona, la ejecución de Joseph Wood en 2014 -que sufrió una agonía de casi dos horas tras serle administradas varias inyecciones supuestamente letales- abrió una moratoria todavía vigente.

Un desproporcionado número de negros en el corredor de la muerte

A los detractores de la pena de muerte en Carolina del Sur hay un detalle que no les pasa por alto. Casi la mitad de los condenados a muerte son negros, a pesar de que suponen solo el 27% de la población del estado. De hecho, en términos porcentuales, el número de presos afroamericanos en el corredor de la muerte es desproporcionado. Siendo un 13% de la población, suponen a casi el 42% de las personas que esperan el cumplimiento de su sentencia.

En la actualidad, la pena capital es legal en 27 estados, aunque en tres de ellos, Pensilvania, Oregón y California, los gobernadores demócratas mantienen una moratoria. A nivel federal, y tras 17 años de paréntesis, la administración Trump reactivó las ejecuciones en los últimos meses de su presidencia. El verano pasado, tres presos fueron ejecutados en cuatro días. Con trece en total, Donald Trump se convirtió en el presidente con más presos ejecutados en más de un siglo. 

Joe Biden ha mostrado su apoyo a la eliminación de la pena de muerte, pero no parece ser una de las prioridades legislativas de su administración. Lo más probable es que, al menos mientras ocupe la Casa Blanca, no haya más ejecuciones de presos condenados por delitos federales. En total hoy son 46 de los alrededor de 2.500 condenados a muerte en Estados Unidos.