Hasta 14.000 euros por denunciar violaciones de la seguridad nacional

PekínEl Gobierno chino profundiza en la cultura del Gran Hermano y ha decidido motivar a la población con recompensas para que denuncien cualquier acto sospechoso de ser considerado una violación de las leyes de seguridad. Los confidentes pueden recibir una retribución de entre 1.400 y 14.000 euros. En los casos en los que la información sea menos relevante se compensará a los ciudadanos con certificados que avalen su colaboración y mejoren su crédito social.

Así, China ha instaurado un sistema de puntos en el que premia y penaliza a sus ciudadanos en función de lo que considera un buen comportamiento social. Un buen crédito social, por ejemplo, da ventajas a la hora de comprar pisos, acceder a financiación o a buenas escuelas para los hijos, mientras que la gente que tiene una baja puntuación puede tener problemas para encontrar trabajo o incluso ser vetado a la hora de comprar billetes de avión o de los trenes de alta velocidad.

Pekín refuerza así la ley de seguridad nacional ante la organización del importante Congreso del Partido Comunista previsto para el otoño y recurre a recetas conocidas: estimular la cultura de la delación, arraigada en el pasado maoísta, en la que cualquiera podía ser un buen vigilante y un delator de su vecino o del compañero de trabajo.

Las recompensas por delación ya existían, pero el ministerio de Seguridad del Estado ha anunciado esta semana la entrada en vigor de una regulación nueva que clarifica los criterios para poder cobrarla. El portavoz del ministerio declaró que la medida alentaría a los ciudadanos a denunciar "en un momento clave previo al congreso" y cuando se han intensificado las amenazas provenientes de agentes extranjeros.

La información será investigada y verificada. Si la delación advierte de un objetivo claro o pistas sobre acciones peligrosas para la seguridad se catalogará en cuatro niveles de importancia y se le aplicará la recompensa correspondiente. A los treinta días de finalizar el proceso de comprobación, el confidente recibirá el dinero a través de las sucursales municipales del mencionado ministerio.

Identidad real o anónima

Las denuncias se pueden presentar presencialmente, con la identidad real, o ser anónimas, y por eso se han habilitado líneas de teléfono, una página web, buzones de correo electrónico y postal. El ministerio también ha asegurado que se protegerá la seguridad de los denunciantes ante posibles venganzas y se advierte a las empresas de que habrá sanciones si se detectan problemas en su puesto de trabajo o con los compañeros.

A pesar de la voluntad reconocida por el portavoz de seguridad de “movilizar plenamente el entusiasmo del público en general” para apoyar al trabajo del gobierno y luchar contra las amenazas, internas y externas, también se ha avisado que se penalizarán las denuncias falsas o “maliciosas”.

El problema es que la ley de seguridad nacional es tan ambigua en el redactado que deja un margen muy amplio para interpretar lo que puede ser una amenaza a la integridad o la soberanía del país. Reunirse con periodistas extranjeros, críticas en las redes sociales, comentarios públicos, protestas sindicales, denuncias de corrupción… Todo puede ser susceptible de ser considerado un agravio contra la seguridad.

La ley tampoco especifica el castigo y se limita a dejar claro que es un delito penal. Además, la justicia china es opaca y los detenidos no conocen los cargos durante el proceso de investigación, que puede durar años. En China más del 99% de los procesos judiciales acaban en condena.

En las redes sociales ya se ha criticado que la medida puede alentar las denuncias por motivos personales a conocidos y que en un momento de crisis el dinero es un buen incentivo para estimular las delaciones.

La obsesión de las autoridades de denunciar posibles espías y alertar a la población sobre los riesgos de tratar con personas extranjeras no es una novedad. Hace unos cuatro años se hizo viral una campaña que alertaba a las mujeres chinas, especialmente funcionarias, sobre el peligro de ligar o mantener relaciones con “amables extranjeros”, que en realidad buscaban sacarles información sobre el trabajo o sus contactos. Ellas, la familia, los amigos o los compañeros de trabajo o universidad podían ser el objetivo de los supuestos espías que se hacían pasar por amantes.

La campaña no solo salía en las redes sociales y televisión, también estaba presente en vallas y paradas de metro o autobús, desde lugares de ocio hasta universidades. Los extranjeros eran catalogados una vez más como un peligro para China, un país donde no se permitieron los matrimonios mixtos hasta finales de los años 70 del siglo XX.