Los diez cadáveres en una camioneta gris que explican la violencia en México
El episodio recuerda el poder y la impunidad con los que opera el crimen organizado en el país
Ciudad de MéxicoEl crimen organizado tiene tanto poder en México que se puede permitir ejecutar a diez personas, ponerlas dentro de una camioneta y plantarla ante el Palacio de Gobierno. El episodio hace referencia a la última ejecución macabra que han vivido en el estado de Zacatecas, en el centro de México, y que tuvo lugar el pasado jueves de madrugada. La camioneta, de la marca Mazda y de color gris plata, fue dejada delante del edificio por un hombre que, inmediatamente, huyó corriendo. Minutos después las autoridades encontraban los diez cadáveres, cuerpos golpeados y lesionados. Según el gobernador de este estado, convertido en el nuevo foco de la violencia criminal del país latinoamericano, los responsables del episodio ya fueron detenidos, pero los interrogantes, la impotencia y la inseguridad se acumulan.
“Hemos pasado de la epidemia de violencia a la violencia endémica”, asegura al ARA el analista de seguridad pública Alejandro Hope. Nueve pueblos de Zacatecas, que están a medio camino entre los puertos del Pacífico y la frontera de los Estados Unidos, se han quedado este año sin policías locales, que han decidido renunciar a sus plazas debido a la violencia sin freno que se vive en el estado. En varias localidades, y en una táctica de terror similar a la de la camioneta, se han exhibido colgados de puentes cadáveres torturados. El narco actúa desacomplejadamente. Cada vez más. La cifra de asesinatos sube: si en 2020 se registraron 1.200, en 2021 fueron 1.700.
Para frenar la crisis de violencia –endémica o no–, el gobierno lanzó una estrategia, denominada Plan Zacatecas 2. Consiste en aumentar la presencia de elementos del ejército y de la Guardia Nacional en la región, en parte por el goteo de bajas de las autoridades locales. El mismo día que se encontró la camioneta, y en una comparecencia de urgencia, el gobernador estatal, David Monreal, salía a defender el plan a través de un vídeo publicado en las redes y grabado desde el lugar de los hechos: “El 25 de noviembre estuvo aquí el presidente [de la república] con el Plan Zacatecas 2, que ha estado dando resultados [...]. En diciembre ya empezaron a disminuir todos los índices delictivos”.
Según el gobierno, los homicidios están vinculados a los grupos de delincuencia organizada que se disputan el territorio. “No hay ni un problema de consumo ni de producción de droga que viene de Asia. El territorio se lo disputan por el tráfico y el almacenamiento”, explica el consultor en seguridad Juan Miguel Alcántara. Y es que Zacatecas supone un punto clave para el tráfico de drogas de estos grupos, puesto que está conectado con los principales estados fronterizos y, además, tiene acceso al mar. En el mismo vídeo, Monreal pedía a los ciudadanos, y a Dios, “seguir luchando” ante los crímenes. “No tenemos que desistir, hay que pedir a nuestra gente que estemos atentos, que nos cuidemos”, decía el gobernador.
Los abrazos de AMLO
Pero la respuesta del gobierno a las múltiples ejecuciones que se han vivido en Zacatecas en los últimos meses ilustra, precisamente, el problema de la estrategia de paz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que tomó posesión, en diciembre de 2018, AMLO, acrónimo con el que se lo conoce, puso fin a la llamada guerra contra el narcotráfico. Con este nombre se conocía la estrategia de combate que operaba desde 2006 y que consistió en militarizar la seguridad pública. En su lugar instaló la célebre frase abrazos, no balazos, es decir, apostar por la inteligencia por encima de las armas, desplegar un cuerpo de seguridad pública inspirado en la Guardia Civil pero que, de facto, tiene naturaleza castrense —la Guardia Nacional— y dar becas a jóvenes para que tengan alternativas de vida que no sean la delincuencia.
Justo pasado el ecuador de su mandato, abrazos, no balazos se ha saldado con una media de casi 100 homicidios dolosos diarios y se ha batido el récord de 2019, con 34.690 en un año, según datos oficiales. Dicho de otro modo: 105.000 asesinatos desde que AMLO llegó al cargo, ahora hace tres años.
El analista Alejandro Hope cuestiona estas cifras y cree que la estrategia del gobierno evidencia su ignorancia del problema. “Piensan en la lógica de cárteles como estructuras jerárquicas perfectamente identificables, pero sobre el territorio hay un sistema más bien de redes o ecosistemas”, explica. Para él, la lectura de enfrentamientos entre organizaciones criminales es una manera simple de explicar el problema. Según han publicado medios nacionales, hay dieciséis organizaciones criminales operando en el país. El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación son los más numerosos, de acuerdo con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (la DEA, por las siglas en inglés), y, en conjunto, proveen la mayoría de drogas ilícitas a los americanos.
"Sabemos que no se investiga"
Pero las actividades de estas organizaciones no se limitan solo a la producción y al tráfico de drogas. “Hay una diversificación de las fuentes de ingresos”, asegura Hope. Entre ellas, la extorsión a productores de aguacate o el robo de combustible de la petrolera estatal, Pemex. Otro fenómeno que se ha observado ha sido la dispersión geográfica, básicamente, por el auge de las drogas sintéticas, que pueden producirse en cualquier lugar del país sin depender de los cultivos. Entre abril de 2020 y abril de 2021, el gobierno de los Estados Unidos estima que se batió el récord de 100.431 muertos por sobredosis, la inmensa mayoría por consumo de opioides.
“Sabemos que no se investiga; sabemos que no se sanciona; sabemos que no hay estrategia de reducción de la violencia, que esta está alimentada por las armas que vienen de los EE.UU. y conectada con los mercados ilícitos, entre ellos, el de las drogas”, dice Hope. “Sabemos menos de lo que necesitaríamos para contener el fenómeno”, añade. Un informe de la organización civil Impunidad Cero estimaba que el 89,6% de los homicidios dolosos quedan impunes, de acuerdo con los datos de 2019.
La segunda mitad del mandato de AMLO puede marcar la diferencia en el combate contra la delincuencia organizada. En octubre pasado los gobiernos de los Estados Unidos y México acordaron un nuevo marco de colaboración binacional para combatir el narcotráfico. El plan de trabajo empezará a concretarse este mes de enero. Mientras tanto, los cadáveres en la vía pública son un recordatorio del poder de las organizaciones delictivas.