La Fiscalía de EEUU ocultó sus acuerdos con Epstein a las víctimas

LondresLa Fiscalía de Florida actuó de forma deliberada para favorecer los intereses del pederasta Jeffrey Epstein, según se desprende del análisis realizado por el ARA de una ínfima parte de los 3,5 millones de archivos del caso hechos públicos por el departamento de Justicia de Estados Unidos el 30 de enero.

La serie de correos electrónicos incluidos en el documento EFTA00206173 muestran que el ministerio público, bajo la dirección del entonces fiscal Alexander Acosta y con el visto bueno de Washington, actuó contra el interés de las víctimas para evitar que el magnate pisara una prisión federal. Estos correos clave están fechados entre febrero y junio de 2011 y fueron recuperados en 2013 de la bandeja de entrada de la Fiscalía del distrito sur de Florida por parte del departamento de Justicia.

Las comunicaciones ponen de manifiesto que el organismo no solo fue negligente, sino que también mintió activamente a dos de las víctimas –Courtney Wild y Annie Farmer–, que en el 2008 habían solicitado judicialmente la nulidad del acuerdo de no procesamiento con Jeffrey Ep. Los abogados del magnate lo habían negociado en el 2007, y los fiscales dieron luz verde sin consultar ni informar previamente a Wild ni Farmer. Sin embargo, los correos desenterrados confirman que el departamento de Justicia dedicó años a defender su validez.

El pacto acabó evitando a Epstein un juicio federal por incitar a una menor a la prostitución y por comprar los servicios de una prostituta, delitos que pudieron conllevar penas mucho más severas que los dieciocho meses de cárcel a los que fue condenado en el 2008 en Florida, y de los que solo. Además, Epstein gozó de un régimen de libertad durante todo el período, en el que podía salir de la penitenciaria seis días a la semana para, oficialmente, acudir al trabajo.

Un problema político, no judicial

El núcleo del presunto delito institucional reside en cómo se apartó a las dos víctimas de la ecuación. La ley federal de derechos de las víctimas obligaba a la Fiscalía a informarlas, pero dichos correos demuestran que los fiscales trabajaron estrechamente con la defensa de Epstein para mantener el pacto en la más absoluta opacidad hasta que fue demasiado tarde para, legalmente, impugnarlo.

Los fiscales se referían a las peticiones de transparencia de Courtney Wild como "obstáculos" que había que gestionar políticamente en lugar de resolverlos jurídicamente. La Fiscalía se negaba a "hacerse a un lado" en el litigio civil de las dos víctimas por miedo a admitir que la vulneración de los derechos de Wild y Farmer provocara un "efecto dominó" en otros casos de todo el país.

Los correos muestran que los fiscales admitían que la petición de las víctimas tenía un fundamento legal. Pero prefirieron proteger el acuerdo con el depredador sexual, por lo que salvaguardaban al departamento de Justicia. Sin embargo, en febrero del 2019 el juez federal Kenneth Marra concluyó que el gobierno de Estados Unidos había vulnerado la citada ley de derechos de las víctimas. Poco después, Epstein fue detenido en Nueva York por nuevos cargos federales y se suicidó –según la versión oficial– en prisión de Manhattan en agosto del 2019 antes de ser juzgado, lo que llevó a cerrar el caso civil de las víctimas en Florida y fue declarado sin objeto.

El cruce de estos correos con otro documento hecho público también el 30 de enero, y fundamental para apoyar la versión de ambas mujeres, añade gravedad a la actitud del departamento de Justicia de EEUU. De rebote, hace que se plantee una pregunta inevitable: ¿Por qué un pederasta confeso como Jeffrey Epstein –muy poderoso y amigo de una élite global– fue protegido?

Se trata de un documento interno del FBI de Miami, que cubre el período entre 2006 y 2008 y que muestra la vertiente más operativa de la investigación federal. Los primeros registros constatan que chicas menores de edad mantenían relaciones sexuales con Jeffrey Epstein en su residencia de Palm Beach. También identifica bienes concretos –la mansión, valorada en más de 6,9 ​​millones de dólares, y dos aviones privados, un Boeing 727 y un Gulfstream– como instrumentos utilizados para facilitar delitos de prostitución infantil, abriendo la puerta a una causa federal de gran alcance.

Sin embargo, todo ello cambia de forma abrupta en septiembre del 2008, cuando se frena cualquier procesamiento federal mientras Epstein cumpliera el acuerdo firmado con Florida. En paralelo, el FBI pide cerrar el procedimiento de incautación de bienes, a pesar de haber quedado acreditado su uso en actividades criminales. La decisión supuso, de facto, desactivar una investigación que había identificado toda la infraestructura del multimillonario como parte necesaria para cometer los delitos.

¿Colaborador de las autoridades federales?

Los papeles del FBI ahora desclasificados apuntan a que Epstein "proporcionó información al FBI según se había acordado", un extremo que ha alimentado durante años la sospecha de que actuaba como informador de las autoridades federales. Esta posible cooperación ayudaría a explicar por qué el gobierno de Estados Unidos optó por retirarse del caso y por un acuerdo estatal mucho más benigno, a pesar de la gravedad de los hechos documentados por sus propios investigadores.

Un informe de la Oficina de Responsabilidad Profesional del departamento de Justicia, publicado en el 2020, justificaba la actitud de la Fiscalía de Florida ante las víctimas como una "estrategia de litigación" para evitar que la defensa de Epstein les acusara de buscar un beneficio económico. Pese a admitir un "mal juicio", la oficina concluyó que los fiscales actuaron de buena fe y descartó cualquier "mala conducta profesional". Se presentó el acuerdo con Epstein como mal menor para asegurar una condena, aunque fuera mínima. En cualquier caso, el fiscal Acosta renunció al cargo en el 2019.

Sin embargo, los citados correos internos del 2013 —conocidos por la oficina pero hechos públicos hace sólo diez días— muestran que los fiscales eran conscientes de que ocultaban deliberadamente el acuerdo para impedir que las víctimas lo bloquearan. Los datos más generales de la conjura se conocían por informaciones del Miami Herald, a partir del relato de los dos abogados de las víctimas –Paul Cassell y Brad Edwards– y por el veredicto del juez Kenneth Marra, que intuía las irregularidades. Pero no ha sido hasta ahora que el alcance de la connivencia ha podido demostrarse con la serie de pruebas mencionadas. Sin embargo, el Departamento de Justicia prefirió preservar la institucionalidad del sistema antes que la justicia. ¿Por qué?

Este lunes, la socia, expareja y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, debe prestar testigo bajo juramento ante el comité del Congreso que investiga la gestión de los archivos de Epstein por parte del gobierno federal. Lo hará telemáticamente.