Siete hombres la violaron, ninguno fue detenido: el caso de Cornell vuelve a poner el foco en las universidades
La indignación por la violación en grupo coincide con la decisión de la administración Trump de restringir las protecciones ante las agresiones sexuales en los campus
WashingtonEn los últimos días las redes sociales en los Estados Unidos se han llenado con la frase "Yo también soy Jane Doe", un lema que también se ha repetido en las pancartas de las docenas de manifestaciones que ha habido por todo el país esta semana. La razón: en octubre de 2024, Jane Doe fue violada por siete compañeros de la Universidad de Cornell durante siete horas. Lo denunció, pero ninguno de los chicos fue detenido. Dos de los agresores fueron expulsados, y los otros cinco solo recibieron sanciones menores, como hacer una redacción sobre lo que había pasado.
Al principio Cornell consiguió esquivar la polémica. Pero la demanda de la joven contra la universidad y las autoridades locales de Ithaca (Nueva York) ha reabierto el caso, que rápidamente ha desatado la indignación social. En la demanda presentada por el abogado de Doe, Thomas Giuffra, se incluyen capturas de un chat grupal donde había una cincuentena de hombres y donde uno de los agresores ofreció el cuerpo de la joven, que estaba drogada. "Coño gratis en la habitación de arriba", dice el mensaje. Ninguno de los miembros llamó a la policía ni intervino, pero cinco chicos subieron al dormitorio.
El caso ha vuelto a poner el foco sobre las agresiones sexuales en los campus y en cómo muy a menudo las universidades intentan barrer el escándalo bajo la alfombra a costa de la víctima. "Las universidades tienen muchos incentivos para evitar que estos casos queden registrados oficialmente. Quieren mantenerlos tan silenciados como sea posible y proteger su reputación", explica al ARA la socióloga de la Universidad Northwestern Laura Beth Nielsen, que se ha dedicado a investigar las agresiones sexuales en las fraternidades universitarias del país.
En los Estados Unidos, los campus universitarios tienen su propia policía, y también hay una oficina específica para gestionar este tipo de casos sin tener que recurrir al sistema penal. En este contexto, explica Nielsen, la sanción más grave que puede imponer una universidad es la expulsión. Como la expulsión es lo peor que le puede pasar a un estudiante y puede marcarlo de cara al futuro, hay una tendencia a querer proteger a estos "jóvenes prometedores". "Es evidente que existe la sensación de que los chicos jóvenes tienen vía libre para cometer este supuesto error, aunque esto pueda arruinar la vida de una joven", expone Nielsen.
Este septiembre, una estudiante de la Universidad Estatal de Luisiana, Kendall Francis, denunció en TikTok que en octubre de 2025 la había violado un jugador de fútbol americano del equipo de la universidad en una residencia del campus. A pesar de que el centro concluyó que el chico era responsable de agresión sexual, e inicialmente lo suspendió durante dos semestres, finalmente la sanción se redujo a cuatro semestres de libertad condicional disciplinaria. Todo ello, para que el jugador de élite pudiera continuar compitiendo en el campus.
Más allá de la tendencia a la impunidad de los chicos, "el gran problema es que nadie piensa en el número de mujeres que acaban abandonando los estudios después de haber sufrido una agresión sexual", denuncia Nielsen, que señala que esta cifra "es muy alta". En concreto, un 34,1% de las supervivientes de agresiones sexuales abandonan la universidad, según un estudio de 2020. El Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual señala que una de cada cinco mujeres sufre una agresión sexual durante la etapa universitaria.
Trump recorta la protección a las víctimas
La gestión interna que realizan los campus universitarios de estos casos está regulada por el Title IX, una directriz que depende del departamento de Educación. Durante la anterior administración de Joe Biden se ampliaron los supuestos bajo los cuales las universidades debían emprender medidas en caso de agresión sexual. "El problema es que esta ampliación que hizo Biden nunca entró del todo en vigor porque decenas de estados republicanos y conservadores la recurrieron", explica al ARA Elizabeth Tang, asesora jurídica sénior del National Women's Law Center.
El bloqueo que aplicaron los jueces afectó, entre otros centros, a la Universidad de Cornell, y cuando Doe fue violada allí seguía imperando el Title IXde la primera administración Trump. Un texto con una definición mucho más reducida de cuándo debía intervenir la universidad.
La semana pasada, en plena ebullición del caso Cornell, la administración Trump oficializó que revocaba el Title IX de Biden para volver a la versión de 2020. "La normativa de Trump hacía más difícil que las supervivientes de acoso sexual recibieran ayuda. Antes, las universidades debían intervenir cuando el acoso era lo suficientemente grave o persistente para limitar o impedir el acceso de un estudiante a la educación. Trump cambió este criterio y estableció que debía ser grave y persistente. Biden lo volvió a cambiar para recuperar el criterio anterior", explica Tang.
Uno de los aspectos que más preocupa a Tang es el hecho de que, con la normativa Trump, si el estudiante denunciado abandona el centro en medio de una investigación –porque se gradúa, se traslada a otro centro o por cualquier otro motivo–, la institución puede optar por archivar la denuncia. "Esto crea una brecha que permite a un presunto agresor eludir cualquier responsabilidad simplemente cambiando de universidad", advierte Tang.
En el caso de Doe, la cuestión no es solo qué hicieron sus agresores, sino también qué dejaron de hacer las instituciones que debían protegerla. Mientras la universidad decidía cómo sancionar a los chicos, la víctima tuvo que afrontar las consecuencias de la violación. "La normativa de Trump da a muchas instituciones la seguridad de que, si no hacen nada, si esconden las agresiones sexuales bajo la alfombra o protegen a los agresores, no les pasará nada", advierte Tang.