Bruselas se abre a la creación de campos para deportar a migrantes fuera de la UE
La propuesta de la Comisión Europea da vía libre para que los Estados miembros puedan crear centros de deportación de inmigrantes en terceros países
BruselasNueva medida para endurecer la política migratoria de la Unión Europea inspirada en las recetas que propugna la extrema derecha. Bruselas ha propuesto este martes una reforma legislativa que abre la puerta a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a inmigrantes irregulares —menos a los menores de edad— a centros que se encuentren en países terceros y con los que tengan un acuerdo de repatriación con los gobiernos estatales o con el conjunto de la UE. Según el comunicado de la Comisión Europea, el objetivo de la reforma es "hacer más ágiles, simples y eficaces" las deportaciones de inmigrantes que viven en la UE sin permiso.
Esta propuesta, que ahora tendrá que negociar y validar el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, llega meses después de que una mayoría de líderes europeos se mostrara favorable a la creación de campos de inmigrantes fuera del bloque comunitario y que la propia Ursula von der Leyen avanzara a finales del año pasado que plantearía "soluciones innovadoras", el eufemismo que utilizó para referirse a estos centros. Así pues, tal y como había prometido, Bruselas ha abogado finalmente por permitir que el resto de Estados miembros puedan reproducir en toda la UE el plan de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha financiado centros para deportar a inmigrantes irregulares a Albania. Por el momento, Roma ha habido de detener la iniciativa a instancias de la justicia europea.
Más allá de los campos en países terceros, Bruselas también plantea que todos los retornos de la UE se gestionen de "manera uniforme ya través de un procedimiento simplificado" y que los inmigrantes irregulares tengan que colaborar obligatoriamente con las autoridades. Si no lo hacen, se les puede castigar con "la retirada de permisos de viaje", como el pasaporte, y "la reducción o denegación de los subsidios" que puedan recibir. En cambio, en caso de que colaboren, "recibirán incentivos" y "apoyo" para un potencial retorno. Además, el ejecutivo comunitario quiere ampliar de dieciocho meses a dos años el tiempo que pueden estar detenidos los inmigrantes que presuntamente viven en la UE sin permiso.
Un plan que hace aguas
La Comisión Europea asegura que todas las medidas que los Estados miembros lleven a cabo bajo el paraguas legal de la nueva directiva de retornos de la UE va a cumplir con el derecho internacional y los derechos humanos. Sin embargo, existen dudas sobre la legalidad de enviar inmigrantes a centros fuera del bloque comunitario, sobre todo si no se tiene la garantía de que se trata de un país seguro y que no vulnera los derechos de las personas que han sido desplazadas de forma forzosa.
De hecho, es el principal escollo con el que ha topado el plan de Meloni. La justicia europea sólo considera países de origen seguros a los balcánicos y Cabo Verde, y la inmensa mayoría de los migrantes que llegan a Italia y al conjunto de la UE no son de estas nacionalidades. Por tanto, el tribunal de Luxemburgo considera que no se puede iniciar un proceso de retorno si su país de origen no es calificado de "seguro" por la propia normativa europea.
Por eso, se prevé que la Comisión Europea se replantee la etiqueta de lo que considera un "país seguro" y ampliar la lista de estados de fuera de la UE que se pueden incluir. Bruselas pretende esquivar los impedimentos legales y facilitar que al menos estos migrantes puedan deportarse en campos fuera de la UE, aunque no se logre devolverlos a su país de origen.
En este sentido, más allá de los impedimentos legales, la UE choca con grandes dificultades a la hora de devolver a los inmigrantes irregulares a su país de origen. Hace años que el bloque comunitario sólo consigue deportar a un 20% de los inmigrantes a los que se les ha denegado la solicitud porque a menudo no se consigue localizarlos o porque los países de origen no quieren aceptarlos. Por este motivo, Bruselas pretende firmar acuerdos con países de origen y potenciar que los estados miembros lleguen a pactos bilaterales con estos estados.
De hecho, durante los últimos años Bruselas ha sellado varios acuerdos con países terceros como Túnez y Mauritania para que, a cambio de inversiones multimillonarias, frenen las rutas migratorias que se dirigen hacia la UE. Uno de los principales problemas de estos pactos es que estos terceros países pasan a tener un gran poder de extorsión sobre Bruselas y los estados miembros, y en varios casos acaban instrumentalizando la inmigración con fines políticos. Es el caso de Marruecos con España: logró hacer cambiar el posicionamiento de la Moncloa sobre el Sáhara Occidental.